Archive for enero 11th, 2011
Curso NIIF 100% Casos Prácticos
FECHAS Y LUGARES A DICTARSE
Guayaquil: 22 y 29 Enero 2011 en el salón de eventos del Parque Empresarial Colón (Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldos aguilera entrando por Maquinarias L.Henriquez)
HORARIO: 09h00-18h00 16 Horas
INCLUYE: Material de trabajo (ejercicios prácticos), coffee break, almuerzo, y certificado de asistencia.REQUERIMIENTO: Traer calculadora
COSTO: US$ 180,oo
Inscripciones al telf. 2238189
Cel. 094377621 / 095781279
Mail: info@fcconsultoria-asesoria.com
juanita.lopez@fcconsultoria-asesoria.com
freddy.correa@fcconsultoria-asesoria.com
Impuesto a las medicinas
A la par del reconocimiento del Gobierno de que los hospitales públicos están abarrotados, ayer la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, justificó el plan de gravar a las medicinas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). También ratificó que se busca retomar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para licores y cigarrillos, y que se analiza poner IVA a ciertas llamadas por teléfono celular.
La funcionaria cree que solo los segmentos altos terminarán comprando o pagando las medicinas a las cuales el Gobierno quiere colocar el impuesto, porque –según ella– los sectores de menores recursos están acudiendo masivamente a hospitales públicos, y la clase media accede al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
De otro lado, se aclaró que la declaratoria de emergencia de salud servirá para visualizar ciertos recursos de otros sectores de los cuales se podrían prescindir para redireccionarlos a esa área.
El Gobierno necesita $ 400 millones, de los cuales el 30% se canalizarán a través de la reoptimización del gasto. Explicó que todos los sectores del Gobierno, excepto educación y salud, podrán entrar en este proceso.
El colapso en los hospitales públicos y el incremento del número de pacientes obligó al gobierno a decretar ayer la emergencia por 60 días en el sistema nacional de salud.
Con la emergencia, el régimen destinará $ 406 millones para mejorar la infraestructura y dotación de equipo médico. El monto incluye la contratación de nuevos médicos y provisión de medicamentos.
Ayer, el ministro de Salud, David Chiriboga, explicó que la atención se incrementó en el 140% pasando de 14 millones de pacientes atendidos en el 2006, a 35 millones en el 2010. El decreto priorizará el mejoramiento de infraestructura y equipamiento médico a ocho hospitales públicos ubicados en zonas densamente pobladas y ubicados en las provincias de mayor pobreza.
Las preguntas de la consulta popular anunciada por el jefe de Estado, Rafael Correa, aún no están definidas, pese a que este anunció el sábado pasado que enviaría ayer su propuesta a la Corte Constitucional (CC).
Una fuente presidencial dijo que un texto borrador incluía cerca de 90 interrogantes, porque las organizaciones sociales y sectores internos del régimen aprovecharon el anuncio para que sus propuestas de cambio sean incluidas en esa consulta, “por lo que aún están afinando detalles para reducir las preguntas a diez o quince”.
Anoche, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, dijo que el proyecto de consulta estará listo en esta semana para presentarlo a la Corte Constitucional pero la última decisión, reiteró, la tiene el Presidente.
Los mecanismos planteados por el Ejecutivo para ir a una consulta y reestructurar el sistema de justicia transgrede el espíritu de la Constitución Política y contradice el discurso oficial de que la participación ciudadana y no la participación política será la clave para la conformación de las instituciones del Estado.
Un tema que se toparía en la consulta es la creación de una comisión técnico-ejecutiva que asuma las funciones del Consejo de la Judicatura, facultada a reestructurar las cortes, crear más tribunales y reemplazar a los jueces que se encuentren en funciones prorrogadas.
Además la eliminación de las Comisiones Ciudadanas de Selección, encargadas junto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de los concursos de designación de las nuevas autoridades.
Cuando la Asamblea Constituyente aprobó la Carta Magna una de las innovaciones fue la creación de ese ‘Quinto Poder’, para aumentar la participación ciudadana en la designación de los órganos de control.