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Una fundación ingresó al mercado de valores

20 mayo, 2011 @ 9:19
posted by Freddy

La Fundación para el Desarrollo Integral (Espoir), organización no gubernamental dedicada al microcrédito, logró colocar $ 3,2 millones en la Bolsa de Valores de Quito tras realizar una emisión de $ 8 millones, el 5 de mayo pasado.

Se trata de una operación singular debido a que Espoir es la primera ONG que interviene en el Mercado de Valores del país. Espoir otorga microcréditos especialmente para madres de escasos recursos.

Francisco Moreno, director ejecutivo de Espoir, explicó que una parte de la emisión ha sido adquirida por el sector privado y otra por el Biess.

De acuerdo con Mónica Villagómez, presidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de Quito, el de Espoir es un ejemplo a seguir para otras instituciones de similar naturaleza y objeto, pues pueden encontrar en el mercado de valores, dinero para ampliar su operación.

“Es la forma correcta para que la economía popular y solidaria venga a Bolsa”, dijo.

El capital recaudado en el mercado de valores será para la entrega de microcrédito. Espoir espera que su cartera crezca en $12 millones en 2011, de los cuales $ 7 millones vienen de la titularización.

 

Cuatrocientas renuncias anticipadas, 147 letras de cambio y 27 contratos sucesivos es lo que encontró el Ministerio de Relaciones Laborales en un control a tres empresas del Grupo Eljuri, dentro de la campaña Trabajo Digno.

El martes pasado, Patricio Xavier Montero, inspector laboral, acudió a la sucursal de almacenes Juan Eljuri en la calle Gil Ramírez con la inspectora María Augusta Romero para verificar si los ejecutivos cumplían con los derechos laborales de sus trabajadores.

Pero su labor, según Montero, fue interrumpida por uno de los directivos de la empresa, que lo agredió físicamente y ordenó que guardaespaldas lo retirarán del lugar.

Por esta situación –máximo hoy– el Ministerio presentará una denuncia por agresión ante la fiscalía del Azuay.

“Ahora nos damos cuenta por qué tanto obstáculo y por qué tantas barreras para que nuestros inspectores cumplan con su trabajo”, señaló el ministro Richard Espinosa.

A pesar de ello, el Ministerio efectuó una inspección realizada por 17 personas, acompañadas por personal policial.

Espinosa explicó que esa dimisión sin fecha quita estabilidad laboral y no se cancelaría indemnización en caso de salida del empleado por despido intempestivo.

El control cubrió las empresas Motos&Motos, La Taberna y almacenes Juan Eljuri, donde laboran 400 personas. El grupo empresarial originario de Cuenca no se pronunció ayer sobre este caso.

 

El certificado de Abono Tributario reconocerá el 80% del valor pagado en aranceles de los productos que se exportan a Estados Unidos y que están sin la cobertura del sistema de preferencias arancelarias (Atpdea, por sus siglas en inglés). Así lo decidió el Consejo de Comercio Exterior (Comex), entidad que tiene lista la resolución para enviarla al Registro Oficial, para la implementación de la medida a finales de este mes.

Sin embargo, el 20 de abril en una rueda de prensa en la que representantes del Ministerio de la Producción presentaron los mecanismos de compensación a este sector, se planteó que para acceder al programa del abono los exportadores debían cumplir con 4 indicadores, que tenían una valoración de hasta el 25% cada uno.

Hasta el 6 de junio, Cervecería Nacional (CN) deberá cancelar $ 270 millones a un grupo de extrabajadores, afirmó ayer el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. Ese monto corresponde a utilidades no pagadas por $ 90,92 millones y $ 180 millones por multas.

El plazo que fijó el Juzgado 12º de lo Civil del Guayas para que la cervecera pague $ 90,92 millones venció el 5 de mayo.

Espinosa agregó que cumplirán lo que determine la Corte Constitucional, que analiza si se admite o no una acción extraordinaria de protección presentada por la Cervecería para evitar pagar ese monto.

Gonzalo Balladares, procurador de los trabajadores, afirmó que CN se mantiene en la posición de no cancelar los valores porque considera que es una sentencia inconstitucional.

 

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, entregó ayer una propuesta de reforma tributaria y un estudio sobre los impactos económicos y legales de dicha reforma al presidente de la República, Rafael Correa.

Hacia las 16:00, Carrasco arribó al Palacio de Carondelet en donde se tenía prevista una reunión con Correa y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.

Carrasco prefirió no adelantar el contenido de la reforma sino hasta que lo conozca el presidente Correa.

Sin embargo, explicó que es una propuesta para el financiamiento del sector de la salud, que actualmente requiere unos $ 400 millones.

El funcionario señaló de manera general que lo que se gravará serán cigarrillos, bebidas alcohólicas y las llamadas telefónicas. En enero pasado ya se planteó una reforma parecida, pero que incluía gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las medicinas. Este último punto, dijo ayer Carrasco, está descartado. En la propuesta de enero también se había planteado impuestos a las botellas plásticas y los vehículos que contaminen el ambiente.

Para el funcionario, el nuevo proyecto debe ser enviado hasta la Asamblea con el carácter de urgente, aunque “esa es decisión del Presidente”, acotó.