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Desde las 16:00 de ayer entró en vigencia el Certificado de Abono Tributario que el Ministerio de la Producción extenderá a los exportadores, como compensación a la no renovación de las preferencias arancelarias andinas (Atpdea) entregadas por Estados Unidos.

A través de esos certificados, el Gobierno reconocerá hasta el 80% del valor pagado en aranceles. Se estima que alrededor de unas 1.300 empresas que estaban amparadas con el Atpdea podrán aplicar a este abono.

Para acceder a ese beneficio, los interesados deberán llenar un formulario en la página web del Ministerio de la Producción o del Servicio de Rentas Internas y adjuntar algunos requisitos, entre los que constan la declaración aduanera local, el documento de pago de aranceles en Estados Unidos, las facturas, una póliza de seguro de la exportación y otros documentos de transporte que acrediten su fecha efectiva.

Una vez que cumplan los requisitos, el trámite de devolución demorará 72 horas, según el viceministro de la Producción, Mauricio Peña.

Se estima que la devolución de los aranceles representaría alrededor de unos $ 194 millones, desde mayo hasta diciembre próximo.

Las autoridades del Ministerio recordaron que el exportador solo recuperará el 80% de los siete meses que está vigente el proceso de devolución, es decir, de las ventas realizadas entre el 9 de mayo y diciembre próximo. Antes de esa fecha no existe reconocimiento.

Arturo Velasteguí, técnico de Expoflores, consideró que dentro del sector florícola habría complicaciones para obtener todos los documentos que se requieren para acceder al abono tributario.

En los últimos seis años, los préstamos menores a $ 20 mil, catalogados como microcréditos, registran una expansión, pero los especialistas advierten cierto riesgo de sobreendeudamiento en quienes acceden a ese tipo de obligaciones.

Así, en el 2005, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador registró préstamos pequeños por $ 353,99 millones, mientras que para fines de este año se estima que alcanzarán los $ 1.019,83 millones, un despunte del 188% en ese lapso.

Pedro Arriola, miembro del directorio de la asociación y gerente de ProCredit en Ecuador, anticipó, en el primer trimestre que existe el riesgo de sobreendeudamiento no solo en el microcrédito, sino también en el crédito de consumo ya que ambos están muy conectados.

En una publicación difundida en marzo por la Asociación, Arriola indicó que muchas veces ambos tipos de crédito van a financiar necesidades empresariales o personales de las mismas familias.

Por lo tanto, reiteró, no se lo puede ver solo como un riesgo del segmento de microcrédito, sino el contagio entre varios segmentos como microcrédito, consumo y hasta vivienda”.

Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, estimó, sin embargo, que pese a que puede existir un riesgo de sobreendeudamiento, este no es aún muy relevante si se toma en cuenta que parte de niveles de crédito bajo. Además, dijo, existe una tradición de buenos pagadores.

Por lo pronto, Pozo no mira ese riesgo por el lado de los microcréditos, pero sí por el endeudamiento del crédito de consumo.

El Banco Central del Ecuador tiene una clasificación de este tipo de préstamos: microcrédito de acumulación ampliada, de acumulación simple y minorista, siendo este último el de mayor riesgo porque al destinarse a pequeños negocios tiene cierta dificultad de cobrar.

A ese segmento poblacional, las entidades bancarias deben realizar visitas frecuentes con el afán de impedir que caigan en mora, según la Asociación de Bancos.

De acuerdo a datos de la Asociación de Bancos, del monto total de microcréditos, el 70% se destina al sector comercial y el 30% restante a pequeñas actividades productivas como pesca, elaboración de botones, instalación de panaderías o tiendas de barrio.

Pero, ¿qué impulsó el incremento del microcrédito? La mayor liquidez en la economía a raíz de la repatriación del dinero por parte de los bancos, así como los altos precios del petróleo, coincidieron analistas.

Wilson Araque, especialista en el tema, explicó que el aumento del microcrédito puede tener dos lecturas: un apoyo a la población tradicionalmente excluida de préstamos, y un proceso de sobreendeudamiento como ocurre en Tungurahua.

En esa zona, el sobreendeudamiento se produce porque hay una multiplicada presencia de cooperativas, bancos, financistas y ONG.

Ese comportamiento, dijo Araque, no es positivo a largo plazo porque significa que muchos recibirán dinero que no necesitan. Eso no ocurre, sin embargo, en las provincias de la Costa y Oriente en donde no llega mucho la oferta de microcrédito.

Mientras, Marco Gordillo, gerente del Banco Finca, entidad que abarca el 3% del mercado del microcrédito, detalló que el sobreendeudamiento se produce cuándo una persona recibe más dinero del que realmente necesita. El problema, en ese caso, es que el cobro se torna más difícil.

Por el lado de la banca pública, el Ministerio Coordinador de la Política Económica indicó que en el primer trimestre del año ese tipo de crédito bajó porque el Banco Nacional de Fomento contrajo la oferta al redireccionar su política a los créditos de desarrollo humano.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) posee la tutela de las 67 marcas y lemas comerciales que usa la aerolínea Ícaro.

El ente recaudador inició un juicio coactivo en contra de la compañía por un monto de más de $ 16 millones, generado por concepto de Actas de Determinación por Impuesto a la Renta (IR) de los años 2004 y 2005 y por IVA mensual de diciembre del 2005.

En marzo del 2011, el SRI solicitó al IEPI el embargo de 66 signos distintivos que se encuentran a nombre de Ícaro S.A., dentro del juicio coactivo que se sigue.

Posteriormente, en julio, ordenó el embargo de una marca más, cuya información se obtuvo de una búsqueda actualizada de datos de las bases del IEPI, según Andrés Ycaza, titular de esa entidad.

Explicó que cuando hay algún proceso las marcas -al igual que el resto de los activos- de una empresa pueden ser embargados. “En este caso fue embargado por el SRI por una deuda que tenía”, agregó.

De lo adeudado se han recuperado $ 900 mil, obtenidos con embargos de créditos y de quienes debían a Ícaro.

Dentro de ese proceso se realizó una primera subasta pública por un avalúo de $ 660.500, que no tuvo interesados, por lo que en los próximos días se realizará una segunda

El representante legal de Bananera Noboa, Fernando Alarcón, acudió ayer a la Corte Nacional de Justicia para exigir se dé trámite a la demanda planteada contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) y demostrar, según dijo, que la glosa de $ 85 millones contra la empresa por el periodo fiscal 2005 es ilegítima.

Alarcón explicó que el martes pasado el caso de Bananera fue presentado a la Sala de lo Contencioso Tributario. Pero el proceso no ha pasado a la siguiente fase, porque la secretaria de la sala sufrió un quebranto en su salud.

“Estamos pidiendo que se nombre otra persona en su reemplazo porque el proceso no puede quedar abandonado. El doctor José Swin (presidente de la Sala) nos ha dicho que la secretaria estará despachando el proceso mañana (hoy), cuando retome sus actividades.

Caso contrario, tendrá (él) que esperar cinco días (laborables) para buscar un sustituto porque la ley le permite nombrar un reemplazo cuando un servidor judicial se ausenta por cinco días”, dijo el defensor de la Bananera, quien considera que esta respuesta del juez es por demás extraña y un intento por obstruir la justicia.

En mayo del año pasado el SRI notificó a la empresa, propiedad del empresario Álvaro Noboa, que debe al fisco $ 85 millones. El juicio surge tras un acto en el cual el SRI detectó que se había cometido una evasión de impuestos en el 2005, con base en el cambio de precios referencial de las exportaciones de la fruta.