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El pleno de la Asamblea no autorizó ayer el inicio de un juicio penal en contra del presidente de la República, Rafael Correa, acusado de proferir injurias calumniosas.

Apenas 44 asambleístas votaron a favor y se requería un mínimo de 83 para llevar adelante el proceso solicitado por el doctor Honorato Jara, secretario relator de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.

El requerimiento de Jara se originó en la denuncia presentada por Édgar Coral en contra del Jefe de Estado, al que lo acusa de haberlo calificado de “traficante de tierras” durante el enlace ciudadano 206 del sábado 29 de enero de 2011.

El asambleísta Tito Nilton Mendoza (Prian) manifestó que en respeto al principio jurídico de que “todos somos iguales ante la ley” se debe continuar con el trámite.

Virgilio Hernández (PAIS) indicó que durante 25 años la gente del barrio Pisulí, ubicado al noroccidente de Quito, ha sido víctima de estafa y extorsión por dirigentes como Édgar Coral y mocionó para impedir la autorización del proceso.

Paco Moncayo (municipalista) y Andrés Páez (ID) dieron lectura a una serie de calificativos expresados por el Mandatario.

Los legisladores expresaron que el gobernante debe cambiar su forma de tratar a los ecuatorianos.

Páez sostuvo que existen varias personas como Coral que han sido afectadas por lo que Correa ha dicho. “Acaso esas personas no tienen honra, no tienen familia o solo el Presidente la tiene”, cuestionó.

Cynthia Viteri (Madera de Guerrero), se sumó a esa postura y aprovechó para criticar la sentencia en contra de diario El Universo.

Concluida la intervención de la parlamentaria, le tocó el turno a César Rodríguez (PAIS), quien fue aplaudido por sectores de la oposición como el Prian y el PSP.

Con gritos, Fausto Cobo y otros legisladores, incluso, lo proclamaron Presidente de la Asamblea.

Con mesura Rodríguez pidió el archivo de la solicitud, pero sus aún compañeros de PAIS no hicieron más que observar la escena.

Estructuración de mayoría

La oposición piensa definir hasta el jueves las candidaturas para las nuevas autoridades de la Asamblea. Pero las opciones ya están planteadas.

Alfredo Ortiz (municipalista) indicó que la primera opción es Rodríguez, con quien tendrían asegurados 64 votos.
Dijo que en el caso de que este no acepte, apoyarán a Nivea Vélez, con quien suman 62.

Ortiz reconoció haber conversado de manera informal con Rodríguez, pero el legislador prefiere dejar que las cosas sigan su curso.

Ayer el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se reunió con los jefes de bancada para analizar la nueva estructura legislativa.

Los nuevos clientes pospago del servicio de telefonía móvil de la empresa Claro ya no podrán acceder al Internet ilimitado.

Para ellos existe un tope de 1.000 megas en cualquiera de los planes que contraten.

La medida rige desde el 14 de julio y se aplica también a las personas que siendo clientes de la telefonía móvil no tenían ingreso a la web y ahora desean integrarla en sus equipos.

Entre los abonados de la compañía antes llamada Porta había confusión, porque se pensaba que perderían la posibilidad de navegar y permanecer en las redes sociales.

Las ejecutivas de las ventanillas de servicio al cliente son las encargadas de despejar estas y otras inquietudes a las decenas de clientes que se aglomeran en las oficinas.

“A quienes consuman sus mil megas, no es que se les suspende el servicio de Internet móvil, se les va a debitar 0,10 centavos de su saldo por cada nuevo mega que utilicen”, dijo ayer una asesora de la oficina de Claro, ubicada en el Mall del Sol.

Explicó que quienes abran constantemente varias páginas, descarguen canciones o bajen videos son los más propensos a que se les gaste sus megas.

“Estamos haciendo lo mismo que se hizo con los paquetes de mensajes ilimitados que anteriormente existían”, remarcó.

El ingeniero en sistemas Manuel Tama considera que a muchos abonados de Claro no les alcanzará los mil megas que da la empresa.

Explicó que los más perjudicados serán quienes están acostumbrados a revisar múltiples portales, a trabajar con archivos adjuntos o revisar documentos enviados desde o hacia el exterior.

“Los que ven videos en Youtube o quienes bajan canciones a sus equipos verán que sus megas se terminarán en cuestión de pocos días”, expresó.

Mientras que las otras empresas, Telefónica y Alegro, mantienen en sus planes, desde el más barato hasta el más caro, el servicio de Internet ilimitado en los equipos móviles.

La primera lo proporciona en su pospago de 33,60 dólares, que incluye 250 minutos de tiempo aire.

En tanto que la empresa estatal lo comercializa desde 28 dólares en los que se considera 91 minutos para llamadas telefónicas.

Durante un recorrido de este diario por los centros de atención al cliente, en el del centro comercial Policentro se observó una inusual presencia de personas consultando los planes, los equipos que ofrecen y, principalmente, el servicio de Internet móvil.

El surgimiento de nuevos proyectos habitacionales y comerciales, el desarrollo de accesos viales y la oferta de servicios complementarios han contribuido para que cinco sectores de Guayaquil manejen los valores más altos por metro cuadrado (m²) de construcción.

En la lista aparece el área de Ciudad del Río, que se desarrolla al norte del Malecón; la zona bancaria de la ciudadela Kennedy norte y su área próxima al Mall del Sol; una parte de Urdesa norte; la vía a la costa y la vía Terminal Terrestre.

Los corredores de bienes raíces y especialistas inmobiliarios refieren que actualmente esos sectores manejen precios que van desde los $ 200 hasta más de $ 1.500 el m².

A la cabeza de las mayores cotizaciones están las edificaciones que comprenden el proyecto Ciudad del Río, donde el m² puede llegar a $ 1.500. Y aunque este conjunto no se encuentra habilitado, los corredores de bienes lo identifican como una de las áreas de mayor plusvalía de la ciudad.

Darwin Jaramillo fue nombrado liquidador de la empresa de aviación Ícaro S.A. Así consta en uno de los artículos de la resolución de la Superintendencia de Compañías del 21 de julio pasado y notificada un día después a la Dirección General de Aviación Civil.

En el documento, suscrito por Camilo Valdivieso, intendente de Compañías de Quito, se negó la disolución voluntaria y anticipada pedida por la aerolínea y se da paso a una disolución de oficio.

Tras una inspección se estableció que Ícaro mantiene nueve inobservancias, entre ellas que las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del 2010 representan el 71,30% del capital social y reservas de la compañía por lo que se determinó su disolución de oficio.

“El proceso de la liquidación, no es que mañana cierra, tiene que entrar el liquidador a ver cuáles son los activos, los pasivos”, dijo Carlos Jácome, presidente del Consejo Nacional de Aviación Civil, entidad que analizará hoy este caso.

De las 170 frecuencias que tenía Ícaro se le retiraron 123, esa firma pidió que se le suspendieran 5 a Guayaquil. Actualmente la empresa opera a Coca y Manta con una sola aeronave.

“Está en revisión, les podría decir que en los próximos días se le suspenden las 7 frecuencias que tiene a Baltra, tiene en código compartido con Lan, se les da opciones a la compañía Lan para que pueda ser en código compartido o sin código compartido”, agregó el funcionario.

Guido Saltos, presidente de Ícaro, señaló que desde el viernes le quisieron retirar todas las posibilidades de que salga del aeropuerto de Quito. Además, indicó que se han comenzado a retirar credenciales a los empleados.

“Estos de Quiport también me persiguen porque ya retiraron en gran parte las credenciales de algunos empleados y por coordinación con los de la Aviación Civil ya me quisieron retirar todas las posibilidades de que yo salga desde el aeropuerto de Quito desde el día viernes”, aseveró Saltos.

Jácome sostuvo que en ningún momento se paró un avión, “fue en el proceso de comunicar que ya está este documento y que debemos tomar acciones inmediatas”.

Descenso de pasajeros
Traslado: La aerolínea Ícaro ha enfrentado un descenso en el número de pasajeros. En 2008 transportó 486.000 pasajeros; en 2009, 388.000 y el año pasado 276.226, según la Aviación Civil.

Los clientes más fiables del sistema financiero ecuatoriano no son las grandes empresas sino trabajadores informales, especialmente en el campo y pequeñas ciudades, que a veces a duras penas son capaces de escribir su nombre, pero que hacen lo imposible para devolver los préstamos.

Uno de ellos es Sonia Tibanquiza, de 33 años, madre de 3 hijos, quien vende fruta en el mercado mayorista de Riobamba, una ciudad rodeada de volcanes en el corazón de los Andes.

Tibanquiza recibió un préstamo de 1.500 dólares de la Cooperativa de Crédito Riobamba que le permite adquirir la fruta al contado, en lugar de «comprar fiado» con recargo.

«Dan los intereses bien bajos y uno se puede cubrir», explica la mujer. El préstamo es al 14 %, una tasa muy alta en los países desarrollados pero menor que la media del mercado en Ecuador, que está entre el 20 y el 25 %.

En comparación, los «chulqueros», prestamistas informales que se pasean por el mercado con una riñonera repleta de billetes, prestan al 10 %, pero no al año, sino al día.

«La gente que mejor paga es precisamente el segmento informal», explica Sonia López, gerenta encargada de la Cooperativa.

«Esta gente se siente muy complacida por abrirle las puertas porque ellos nunca han tenido acceso al sistema financiero formal y buscan retribuir de alguna forma esa confianza que les estamos dando nosotros», añade.

Eso hace que la Cooperativa, con una cartera de créditos de 92 millones de dólares, tenga una morosidad inferior al 1,9 %, frente a más del 3,5 % de la banca privada en Ecuador.

Respalda esa cartera con recursos propios y con un préstamo de 3,5 millones de euros (unos 5 millones de dólares) del Instituto de Crédito Oficial (ICE) de España, en condiciones muy ventajosas.

Sin embargo, el nombre de España no aparece por ningún lado para evitar que el prestatario crea que los fondos son «regalados», explica ngel González, adjunto al coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Ecuador.

La meta es no ofrecer dádivas, sino dar a los microempresarios las herramientas para mejorar su nivel de vida.

«La persona se hace dueña de su propio desarrollo, no espera bonos o subsidios del Estado, se hace una idea de empresa y con su propio trabajo saca adelante a su familia», dice González.

El agricultor Pedro Tenelema, de 54 años, puede dar fe de que su vida ha cambiado gracias el acceso al crédito.

«Mis hijitos, por ejemplo, no tenían ningún trabajo, entonces andaban por aquí, por allí, migrándose, buscando un trabajito, pero no se avanzaba para sostener a la familia», afirma.

Hoy trabajan todos juntos en varios invernaderos de su propiedad, donde cultivan tomates, regados por las aguas abundantes que bajan del nevado Cubillín, en la comunidad Tunshi San Miguel.

Tenelema nunca ha dejado de pagar una mensualidad de los préstamos. «No tenemos vergüenza de ir a la Cooperativa Riobamba, porque nos facilita, somos cumplidos, y de alguna u otra forma tenemos que completar la letra para no quedar en mal», dice.

Para los artesanos Judith Cajamarca y Enrique Chovarrea, que tienen 7 hijos, el crédito de 2.000 dólares que han recibido les permite no tener que esperar a vender una alfombra para comprar la lana para confeccionar una nueva.

«La ayuda es que sigo trabajando tranquilamente con ese material para seguir vendiendo y seguir pagando el crédito», dijo Chovarrea, de 56 años, en su pequeño taller en el centro de Guano.

La mayoría de los microempresarios carece de avales, lo que les impediría acceder a un préstamo normal, pero la Cooperativa analiza principalmente «la voluntad de pagar», así como la situación del mercado, según López.

La entidad cuenta con unos 60 oficiales de crédito que visitan el negocio de los microempresarios y son una fuente de información sobre precios y cultivos para los propios agricultores.

En Ecuador, la cartera de microcréditos ha crecido enormemente en los últimos cuatro años y ahora suma 1.800 millones de dólares, por la entrada en el sector de los bancos privados.

Eso supone competencia para las cooperativas, pero para los vendedores ambulantes, los pequeños agricultores y los artesanos significa más crédito para salir de la pobreza por sus propios medios.