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Estatal presenta plan para combustibles

9 agosto, 2011 @ 8:44
posted by Freddy

Ante los cuestionamientos del presidente Rafael Correa acerca de la calidad del diésel y la gasolina que Petroecuador produce para el consumo interno, la empresa estatal presentó ayer un plan de mejoramiento de combustibles para el sector automotriz.

El gerente Marco Calvopiña explicó que la idea es reemplazar, hasta enero de 2012, el diésel tipo 2 (utilizado actualmente) por el Premium, una variedad con menor contenido de azufre y que solo se distribuye en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y hasta octubre de 2012, la meta es sustituir a ese por uno de Ultra Bajo de Azufre.

En el caso de la gasolina (extra y súper), la petrolera busca producir un combustible de mayor octanaje (90 a 95), sin descartar la posibilidad de abastecer al mercado interno de una sola variedad, más eficiente y menos contaminante.

Para conseguirlo, Calvopiña indicó que será necesario construir plantas de Reformación Catalítica y Craqueo Catalítico e infraestructura hidrocarburífera en las refinerías Esmeraldas y Amazonas, con una inversión estimada, hasta 2015, de 600 y 800 millones de dólares, respectivamente.

El estudio de factibilidad estará a cargo de la consultora Jacobs (85 mil dólares), la cual determinará los mecanismos para aplicar el plan. Ese informe permitirá abrir una licitación con financiamiento, en el primer trimestre de 2012, para la readecuación de las dos procesadoras.

Con el mejoramiento de los combustibles, Calvopiña estima que el precio de producción del diésel y la gasolina se incrementará en 10 ó 15 centavos por galón, pero aclaró que solo el Gobierno podrá resolver si ese costo será subsidiado o asumido por el consumidor final.

Según explicó el subsecretario de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio de la Cancillería, Leonardo Carrión, se busca evitar la tramitación de permisos de residencia a personas con antecedentes penales, que se dé un mal uso del visados otorgados a empresas e impedir abusos en la entrega de documentos a padres de hijos no biológicos.

Carrión puso como ejemplo que algunos extranjeros presentaban limpios sus registros de antecedentes penales del país de origen, aunque tenían demandas de ese tipo en otras naciones, por lo que, apuntó, ahora se exigirá el registro de antecedentes judiciales de los países en los que han vivido en los últimos cinco años.

«Una persona nacida en Croacia, vivida en Argentina, viene a pedir la visa en Ecuador, en vez de pedirle el certificado de antecedentes penales argentino, le pedimos el croata… ¿De qué nos sirve el documento croata?», se cuestionó.

La modificación en la legislación persigue demostrar que las personas que quieren residir indefinidamente en Ecuador «no son buscados por la justicia» en cualquier país, argumentó.

Carrión explicó que otros dos cambios introducidos son, por un lado, que hasta ahora los apoderados de las empresas debían suscribir el capital que se iba a aportar para la compañía y en la actualidad el dinero «debe de ser pagado»; y por otro un adulto deberá reconocer a un hijo no biológico para evitar fraudes con los visados.

La Constitución ecuatoriana permite que personas que no son los progenitores biológicos se hagan cargo de los niños, lo que era aprovechado, según el funcionario, para obtener el visado de «amparo» a través de un niño, pero luego no tenían «ninguna responsabilidad con este».

Según la nueva normativa, la persona que solicite este tipo de visa deberá reconocer a su hijo no biológico en los Tribunales de la Niñez y de la Familia y comprometerse a «cumplir con las normas del país de pagos de pensiones alimenticias, educación, etcétera», añadió Carrión.

Dentro de este contexto, a principios de año también se realizaron cambios en las peticiones de refugio, porque, según explicó, un 80 por ciento de las entre 3.000 y 4.000 solicitudes mensuales que se hacían «no cumplía las normas mínimas» para conseguir el estatus.

Carrión detalló que Ecuador recibe ahora, mensualmente, unas 1.500 peticiones de refugio, mientras que en el país hay 54.000 personas con este estatus y aún quedan «pendientes de estudio» más de 20.000 peticiones realizadas el año pasado

Hasta las 16:00 de hoy tienen plazo los directores provinciales de la Judicatura del país para entregar, a la Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), vía mail o fax, los nombres de los candidatos para designar a los conjueces de la Corte Provincial en su respectiva jurisdicción, acompañados de una hoja de vida de la persona postulada.

Del listado el pleno del CJT elegirá a los conjueces de las cortes provinciales, previo informe de la Dirección Nacional de Personal.

La disposición, tomada por el pleno de la Judicatura en sesión del 6 de agosto, fue impartida ayer mediante el oficio circular No. 0008-DG-CJT a los directores provinciales de la Judicatura y está suscrita por Mauricio Jaramillo, director general del CJT.

La medida busca evitar la interrupción en el trámite de procesos judiciales en los juzgados, en los que el pasado jueves fueron cesados jueces y conjueces temporales.

Según el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, la remoción de los 161 funcionarios judiciales, entre ellos 44 jueces y 4 conjueces, causa alguna dificultad “pero tampoco es dramático. Es decir yo creo que en tres o cuatro días todo vuelve a la normalidad y se superará el inconveniente”, dijo.

De su lado, el vocal del CJT, Fernando Yávar, acotó que el número de jueces temporales y de conjueces permite llenar las vacantes actuales, pero si fuera necesario, el Consejo Transitorio analiza “elevar el número de conjueces en las salas provinciales”.

Rodríguez garantizó transparencia en la designación de los magistrados. “Vamos a elegir a aquellos pocos jueces que hacen falta para no interrumpir la atención y todos los demás que sean reemplazados ya serán en función de un concurso”.

Notificaciones llegan a ex jueces en Corte del Guayas

Mientras tanto, a paso lento y con resignación, los jueces provisionales que fueron cesados, la semana anterior, por el CJT empezaron ayer a abandonar sus despachos en la Corte Provincial del Guayas, luego de que fueran notificados de la medida en las primeras horas.

Un total de 19 jueces y 4 servidores judiciales en el Guayas recibió hasta ayer las notificaciones con las que automáticamente cesaban en sus funciones. Uno de ellos fue el ex juez décimo Primero de lo Civil, Wilson Luque, quien inmediatamente retiró sus pertenencias de la oficina en la que laboró desde 2009, cuando ingresó a la Corte Provincial gracias a la designación de magistrados que realizó el anterior titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos.

No obstante, Luque aseguró que su designación no tuvo que ver “con algún favor que me debía la Judicatura, sino porque yo accedí a través de un concurso que se organizó en 2008”. Por esta razón, el ex magistrado civil indicó que analiza publicar una rectificación en los medios de comunicación para desmentir que él haya “entrado por la ventana”.

Una posición similar tiene Voltaire Velásquez que hasta ayer estaba al frente del Juzgado Séptimo de lo Civil del Guayas, a pocos metros de la oficina de Luque.

Velásquez afirmó que recibió la notificación de su cesación a las 08:30, por parte del CJT, por lo que “ya solo estoy esperando a mi reemplazo para abandonar la oficina”.

El ex magistrado indicó que la medida no le causa malestar “porque nadie tiene asegurado un cargo en las cortes. Nos tocó y nos tendremos que ir”, afirmó. Sin embargo, denunció que la medida afecta la imagen de los servidores públicos cuando se afirma que las designaciones hechas por Cevallos, en el 2009, son fraudulentas. “En mi caso fui seleccionado en un concurso en el 2008 para el Juzgado Séptimo de lo Civil, pero en el 2009 me terminaron designando -en el grupo que definió el ex Consejo de la Judicatura- y me pasaron al Juzgado Quinto”, explicó.

Mientras unos recogían sus cosas, otros jueces cesados no acudieron a sus oficinas. En cambio, Ángel Jiménez, hasta la semana anterior juez Séptimo de lo Civil del Guayas, no asistió hasta su despacho porque acudió a las instalaciones de las delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura para que le den una extensión sobre la medida adoptada en la capital de la República.

Al primer piso de la Corte Provincial también llegaron las remociones. Ukles Cornejo, jefe de sorteos y casilleros, también culminó sus funciones y dijo que solo esperaba su reemplazo. El ex judicial indicó que se siente tranquilo por sus labores desempeñadas y aseguró que se presentará a los concursos de méritos y oposición que sean convocados por el CJT durante los 18 meses en los que tiene la misión de reformar a la Función Judicial.

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) apelará el fallo de los jueces de la Primera Sala Temporal del Tribunal Fiscal, que dispuso el archivo de dos de los cinco procesos iniciados en contra de la Corporación Quezada, acusada de evasión de impuestos en 2009.

El director general de Aduanas, Santiago León, indicó que la entidad también presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura cuestionando la actuación de los conjueces Miguel Paredes Ortiz, Zoraida León Junco, y Franklin Santos Plaza, quienes resolvieron a favor de la compañía Quezada.

“Lo actuado por los jueces va en contra de todo derecho y de la justicia; aquí hubo una evasión de impuestos y debe ser sancionado”, comentó León, quien dijo estar “indignado” por el fallo judicial.

El funcionario explicó que en 2009 la Aduana del Ecuador, ahora llamada Senae, presentó una denuncia en contra de las compañías Quezada, mostrando pruebas claras de una subvaloración en la compra de mercancía.

Según León, las evidencias presentadas por la Aduana fueron contundentes, ya que realizó un rastreo de las importaciones de Quezada, con lo cual demostró que existía “una clara evasión de impuestos”. El fraude al fisco ascendería al millón y medio de dólares, por lo cual se iniciaron cinco procesos contra el propietario de la compañía, Welmer Quezada, y otros implicados.