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La Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) calcula que, de aprobarse las reformas tributarias, que propone un impuesto «verde» para los vehículos, el valor de los automotores se encarecería hasta en un 65% del costo inicial del fabricante.

«Esto se debe a que el sector automotriz ya cuenta con aranceles que elevan el costo del carro hasta en un 50% y con la llegada de los denominados impuestos verdes el valor aumentaría en un 15% e incluso más, porque se desconoce cuál será el valor exacto que se implementará», explica Manuel Mortinho, gerente de la AEA.

Mortinho se sustenta en un estudio del gremio. Ahí se estima que, actualmente, un automóvil valorado en $ 8.000 (precio de fábrica) llega a tener un costo final de $ 17.378, debido al conjunto de aranceles que deben pagar como los impuestos por flete y seguro, por el valor del vehículo, por el valor al Impuesto al Desarrollo de la Infancia, a los Consumos Especiales (ICE), a la Salida de Divisas (ISD), más los gastos de nacionalización e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para un vehículo valorado en unos $ 8.000, solo por el costo por flete y seguro sube a 9.246 dólares. Si el precio asciende a $ 15.000, el comprador paga $ 16.281 y «todos estos valores subirán más por el tributo ecológico propuesto por el Servicio de Rentas Internas y que está en análisis del Ejecutivo.

Cristian Fernández dice que ve más lejos la posibilidad de comprarse un carro como tenía planeado este fin de año. «Espero que se analice el incremento de tributos».

En Ecuador, el año anterior se compraron unas 130 mil unidades de vehículos. Con estos nuevos aranceles, si son aprobados, la industria prevé una desaceleración de sus ventas, más aún si los precios de los autos ya se han encarecido.

Según Nathalie Cely, ministra coordinadora de la Producción, los automóviles ensamblados en el país se han encarecido entre 4 y 11%. Sin embargo, aclaró que se debía a la apreciación de las monedas de los países de donde se importan las partes de esos autos.

Pese a ello, la secretaria de Estado observa que en el caso de los vehículos fabricados en el país «se esperaría un nuevo ajuste de valores cuando este tributo pase a formar parte de la estructura de costos de producción». La Asociación prevé una nueva inflación en el caso de los importados. Para él, la elevación sería de 15 puntos en promedio en relación al costo anterior.

De ahí que el gremio espera que el proyecto sea socializado con todos los sectores que intervienen, aunque señala que en todas las conversaciones que han mantenido con el Gobierno, el sector ya ha manifestado que no está de acuerdo con su implementación.

Fuente El Expreso

El arroz, alimento principal en la gastronomía guayaquileña, subió 10 centavos. En buena parte de las tiendas se lo expende desde esta semana en 0,40 dólares por cada libra.

Los productores afirman que la inflación de este producto es auspiciada por los intermediarios. «El arrocero vende 205 libras de la gramínea con cáscara a 31 dólares», dijo Julio Carchi, presidente del Centro Agrícola de Daule.

El saco del arroz en las haciendas cuesta 29 dólares. «Pese a que los insumos agrícolas han subido y enfrentamos plagas, no hemos subido el costo del cereal», agregó.

Aunque el rendimiento ha caído en un 20% por esos factores, el dirigente gremial afirma que la producción está asegurada. El sector dice que busca una audiencia directa con el presidente Rafael Correa justo para informarle los problemas de los agricultores, pues no han logrado reunirse con el ministro de Agricultura y Ganadería. Al mandatario, además, quieren plantear su intención de que se cree el Programa del Arroz.

Pero al precio de la gramínea se ha unido el de los huevos. Cada cubeta, de 30 unidades, cuesta $ 3,45. Los productores dicen que es porque el precio del maíz se ha encarecido en el último año. «Compré comida para 15 días y noté que, en forma general, todo ha subido», dice la ama de casa Elizabeth Viteri.

La canasta familiar básica en Guayaquil, en septiembre, costó $ 558,46, es decir, que las familias tienen una restricción de 65 dólares frente a su ingreso, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Fuente El  Expreso

Las grandes cadenas como Corporación La Favorita (Supermaxi y Megamaxi) y El Rosado (Mi Comisariato e Hypermarket) están entregando nuevas tarjetas de afiliación a sus clientes, de forma gratuita, luego de que la Asamblea Nacional aprobara, el pasado jueves, la Ley de Regulación y Control del Mercado.

El cuerpo legal, que debe recibir el veto o sanción del presidente de la República Rafael Correa, considera como abuso de poder de mercado, entre 21 puntos, el que una empresa u operador económico ofrezca descuentos a sus clientes mediante la venta de sus tarjetas.

En el caso de Mi Comisariato, el supermercado continúa canjeando el documento plástico a sus clientes desde el fin de semana pasado.

La Favorita está entregando, provisionalmente, en formato de cartón, su tarjeta. A las personas que se les caduca el documento hasta el 31 de este mes, se les extenderá la vigencia por unos días más, hasta lograr que los sistemas nuevos que se están instalando en Supermaxi y Megamaxi estén adecuados al nuevo esquema, explica un ejecutivo de la firma.

La tarjeta mantendrá todos los beneficios, sin que esto signifique el incremento del precio de sus productos por motivo de la eliminación del costo de la tarjeta, aclara.

La Favorita hace cuentas de quiénes absorberán el costo del plástico: «los 10 mil accionistas, 7 mil trabajadores y el fisco son quienes asumirán el costo de la afiliación, confiando en que el incremento de las ventas, producto del mayor número de afiliados, compense los ingresos a mediano plazo».

Fybeca, cadena farmacéutica, ya no emite la tarjeta. Quienes quieran acceder a los descuentos podrán hacerlo, por ejemplo, si son tarjetahabientes de Diners, Visa o MasterCard, de Banco Pichincha. Fue la información que recibió Antonia Castro, una abuela que acudió a comprar las medicinas de su nieto en una de las farmacias de esa empresa.

Por su parte en Pharmacy’s la tarjeta nueva y la renovación es otorgada a 2,50 dólares; antes se la ofrecía a 5 dólares. Pero sus empleados están a la espera de una decisión administrativa, sobre si siguen o no vendiendo la tarjeta. «Esa es la explicación de los empleados de esa farmacia cuando sus clientes preguntan por el documento», dijo Jacinto Rodríguez, un tarjetahabiente que acudió ayer a adquirir medicina.

Las firmas están pendientes de conocer qué pasará con la denominada Ley de Antimonopolio que está en manos del Ejecutivo.

Mientras el presidente Rafael Correa decide vetarla total o parcialmente, o sancionarla, algunos agentes económicos están a la espera de conocer las observaciones del presidente, antes de que sea publicada en el Registro Oficial, para decidir los ajustes que harán a sus políticas comerciales.

En su artículo 7, la ley define que «poder de mercado es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o colectiva (…)».

En la ley, en su artículo 8, también se considera como conducta abusiva la venta condicionada y atada. También «la incitación, persuasión o coacción a terceros a no aceptar, limitar o impedir la compra, venta, movilización o entrega de bienes o la prestación de servicios a otros».

Los empleados en relación de dependencia se beneficiaban de estos documentos, pues sus empleadores están obligados, según el Código de Trabajo, a proveerles de alimentos vitales, a precio de costo, en toda compañía cuyo número de trabajadores sea mayor a 10. De ahí que las sociedades solían entregar el plástico de forma gratuita a sus colaboradores.

Fuente El  Expreso