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Los teléfonos de la marca comercial BlackBerry enfrentaron ayer su segundo inconveniente en el país. El primero fue en febrero pasado cuando un cargamento de teléfonos robados intentó ser activado en Ecuador. Usuarios no pudieron acceder a internet y perdieron el servicio de mensajería y correo electrónico.

El problema, que también lo enfrentan Europa, Medio Oriente, África, otros países de América del Sur e India, empezó el lunes pasado y en Ecuador la noche del martes, cuando algunos abonados intentaron acceder a la red y recibieron el anuncio de que no podían navegar en ese momento.

Como rebote del problema, otros usuarios de Smartphones o teléfonos inteligentes tampoco pudieron ingresar a las redes; ese inconveniente lo tuvieron los Nokia C7 (solo la noche del martes) y los N8 (ayer), según usuarios y una de las operadoras.

Las fallas que se están experimentando se relacionan con el envío y recepción de mensajes instantáneos, transferencia de archivos, envío de correos electrónicos, entre otros.

Las operadoras con mayor presencia en el mercado local, Conecel (Claro) y Telefónica (Movistar), dijeron que el problema radica en la empresa canadiense Research In Motion (RIM), dueña de BlackBerry.

La situación se originó en Canadá “en los servidores Black-Berry de la empresa RIM, por lo que no está en manos de Telefónica Movistar dar una solución, sin embargo, la compañía está realizando el seguimiento continuo de la superación de este inconveniente de servicio ajeno a su control a fin de mantener informados a sus clientes”, reportó la telefónica.

Mientras, Claro informó que “existe una afectación parcial (en RIM) que está provocando demoras en el envío de mensajes, navegación y correo en Ecuador y otros países de Latinoamérica y Canadá”.

No obstante, indicó Claro, los servicios de voz, SMS y datos móviles de Claro no ligados al servicio BlackBerry funcionan con normalidad.

Movistar sostuvo que no puede estimar un tiempo de solución al problema porque no está en sus manos arreglarlo, “debido a que es una falla en una red ajena a su operación”.

Research In Motion informó ayer que trabaja sin descanso para resolver los problemas en su red, pero no dijo cuándo se restaurarían totalmente las operaciones.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), entidad que vigila la calidad del servicio, no emitió hasta la tarde de ayer ningún comunicado respecto del problema.

Sin embargo, Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones, manifestó que en la tarde de ayer abordaría el tema con el superintendente, durante la sesión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Guerrero aseguró que pese a que el problema no es responsabilidad directa de las operadoras móviles locales, afecta a los usuarios y, debido a ello, la entidad de control (la Superintendencia) deberá decidir si existe o no alguna figura de compensación a favor de los abonados.

Los contratos de prestación del servicio móvil establecen sanciones por mala calidad y pudiese ocurrir una multa económica que podría ser fuerte, advirtió Guerrero, quien explicó que de existir esa sanción se ampararía en la regulación existente y en el contrato de concesión suscrito.

Agrega que el operador asume todos los riesgos concernientes al negocio, así como las responsabilidades.

No obstante, quedará en manos de la Superintendencia la decisión final de sancionar o no a las tres operadoras móviles.

Teléfono
Usuarios: BlackBerry tiene 70 millones en el mundo.

Competencia: Los principales son los iPhone de Apple y los dispositivos con el sistema operativo Android de Google.

Fuente: El  Universo

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, señaló ayer que se destinará más $ 140 millones para la compra de renuncias de empleados del sector público. Agregó que hasta el momento han salido unos 50 trabajadores del Banco Central del Ecuador

Fuente El  Universo

Entre el 2 de mayo y el 10 de octubre pasados, el Ministerio de Relaciones Laborales impuso 2.031 sanciones a empresas por incumplimientos de derechos de los trabajadores dentro de la campaña Trabajo Digno. Las multas cobradas suman $ 2’645.543.

Fuente El Universo

La ejecución presupuestaria de la inversión pública llegó a 36% en el primer semestre del 2011, al haberse devengado $ 1.971 millones de los $ 5.406,3 millones previstos en este año, según el informe presentado ayer por la viceministra de Finanzas, María Dolores Almeida, ante la Comisión de lo Económico de la Asamblea.

La cifra está por debajo de las expectativas proporcionales, porque para el primer semestre lo ideal es alcanzar el 50% de ejecución.

Pero además se puede constatar que se ha dado una ejecución desigual en varios sectores. Según el Plan General de Inversiones que adjuntó Almeida en un documento oficial de más de 300 páginas, se muestra que mientras el Sectorial de Judicialidad registra una ejecución presupuestaria del 65%, el sectorial de Asuntos Internos ha tenido una ejecución del 21%. En este caso particular, son los ministerios de Justicia y del Interior los que menos han ejecutado su presupuesto de inversión con 18% y 13%, respectivamente. Defensa Nacional tiene una inversión ejecutada de 24% y Desarrollo Urbano de 29%. El sectorial de Finanzas ha ejecutado 9%.

Esa desigualdad también se puede observar en instituciones y proyectos puntuales. Por ejemplo, las casas de la Cultura de Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora y Santa Elena han ejecutado en seis meses el 0% de inversión. En cambio la Casa de la Cultura de Esmeraldas ya ejecutó el 100% en los primeros seis meses del año. En cambio, varios puentes y carreteras de altos costos ya han sido ejecutados en su totalidad.

Sobre el tema, el asambleísta Ramiro Terán (MPD) consultó en la Comisión cuáles son las razones para la falta de ejecución en puntuales proyectos. Según él, podría haber negligencia en los diversos sectores que no han ejecutado de manera efectiva el presupuesto, sobre todo si se toma en cuenta que, de acuerdo con la versión de la viceministra, Finanzas ha cumplido de manera oportuna con los pagos.

En cuanto a la ejecución total del presupuesto, es decir incluido el gasto corriente, la ejecución llegó al 45%. Al momento se han ejecutado $ 11.827 millones de los $ 25.800 millones a los que asciende el presupuesto total codificado. La viceministra consideró al 45% un buen nivel de ejecución comparado con el del 2009, que en el primer semestre se colocó en 35% y el del 2010 que fue de 37%.

Norma: Cumplimiento
Ingresos permanentes
La viceministra María Dolores Almeida destacó que se cumpla la regla constitucional macrofiscal que dice que “con ingresos permanentes se deben financiar gastos permanentes”. Explicó que en el primer semestre hubo $ 5.982 millones de ingresos permanentes frente a $ 4.732 de gastos permanentes, lo cual significa que hubo un superávit de $ 1.245 millones.

Fuente El Universo

«El sistema financiero del país se encuentra estable, tiene una base sólida de capital de alrededor del 11%, siendo el mínimo el 9%», indicó Patricio Chanabá en el seminario «Supervisión bancaria y riesgos financieros», que se realizó ayer en el Bankers Club.

Una lectura que comparte Ligia Cobos, secretaria general de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para quien tener un sistema financiero sano es resultado de la aplicación de normativas (Basilea I y II) que se implementaron a partir de la crisis de los 90.

César Rodríguez, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, añadió que es el momento de que la región piense en aplicar Basilea III de manera sistemática. «Esta es otra vuelta de tuerca en la necesidad de medir mejor los riesgos, reelaborar y redefinir los diferentes niveles de capital, e incorporar ciertos soportes de liquidez a la luz de los episodios de crisis de los mercados financieros internacionales».

Se debe diseñar una hoja de ruta gradual, hasta 2018, con etapas, como definir un capital básico en 4,5% (antes 2%) para el año 2013 e incrementarlo al 6% para 2015. Añade que aquello implica crear los «colchones» contracíclicos y de liquidez para 2016, hasta llegar a 2018 con un nivel entre el 10,5% y el 13% del capital con relación a los activos ponderados por riesgo.

Fuente El Expreso

Los empresarios del país se muestran inconformes con la aprobación de la nueva Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, que empezará a regir en los próximos días, una vez que sea publicada en el Registro Oficial. Ellos esperaban que el Ejecutivo vete algunos puntos de la normativa que desmotivan la inversión.

El texto final de la también denominada Ley Antimonopolio cuenta con 129 ítems segregados en 93 artículos, 6 disposiciones generales, 23 reformatorias y derogatorias, 6 transitorias y 1 disposición final.

Según los especialistas, la normativa ecuatoriana, que busca evitar y sancionar los abusos del poder del mercado, es la que más artículos tiene si se la compara con otras de la región y la que más infracciones contempla.

La ley establece 23 conductas consideradas como abuso de poder, otras 4 enfocadas a la explotación de los operadores económicos a la situación de dependencia de sus clientes y operadores y 21 acuerdos y prácticas consideradas prohibidas.

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) ha mostrado su total inconformidad con la ley. Ayer envió una carta al presidente de la República donde da a conocer su apreciación sobre el tema. Roberto Aspiazu, director del CEE, reveló su preocupación porque ahora las empresas grandes deberán replantear sus actividades. «Sobre todo aquellas con mayor participación de mercado van a tener que extremar cuidados para no ser objeto de sanciones por parte de las autoridades».

Mauricio Velandia, experto internacional en temas de regulación de mercados, dice que esta normativa no cumple su verdadero rol, que debería enfocarse en el consumidor. Más bien dirige su objetivo al control de las empresas y de lo que se hace dentro del mercado. «Además tiene un número elevado de infracciones que facilitan la inseguridad jurídica, cuando la mayoría de legislaciones en el mundo tienen seis o cuatro infracciones, pero acá han traído más de veinte, en las que desafortunadamente cabe de todo», agregó.

El margen de acción que tendrán los organismos que se crearán para el control también es objeto de crítica. A Marcos Mieles, gerente de una consultora económica, le preocupan los articulados 36 y 49 de la normativa. «El primero crea una Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con superpoderes; y el segundo le otorga demasiadas facultades al superintendente, quien tendrá más de veintiún atribuciones, y podrá aplicar sanciones por infracciones leves de hasta de 8%, graves 10% y muy graves 12%».

Para Mieles lo inaceptable es que en estos casos el mismo organismo de control será juez y parte. Esto porque será el único autorizado para resolver los recursos que presenten los perjudicados, como las apelaciones a decisiones ya tomadas.

Otro artículo que rechaza es el 32, porque faculta al Gobierno a definir políticas de precios en beneficio del «consumo popular» y la producción nacional, de «modo excepcional y temporal».

Pablo Dávila, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del país, dice que esto desnaturaliza la ley y genera un régimen discrecional y discriminatorio. Además se pregunta qué sucedería «si mañana se pone fuera del régimen de excepción cualquier cosa. Es peligroso que el Gobierno pueda hacer esto».

La misma preocupación sobre el tema tiene el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, quien señala que se debe tener mucho cuidado con el artículo 24, «porque permite entrar en el corazón de las compañías y entrar a ver archivos personales… eso no se puede dar en ninguna parte del mundo».

Sin embargo, el Gobierno defiende la ley. Ayer, desde Guayaquil, la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, afirmó que esta es beneficiosa porque tendrá como principal efecto el garantizar la participación de nuevos actores comerciales. Esto, afirma, ayudará al consumidor porque generará mayor diversidad de productos a bajos costos.

«Se sancionará las prácticas que no permiten una sana competencia. Hay beneficios concretos para el consumidor porque se reducirán los precios», indicó.

La normativa será publicada en el Registro Oficial en los próximos días. Las primeras sanciones se aplicarán luego de 6 meses, tiempo en el que se espera esté listo el reglamento.

Fuente El Expreso