Archive for diciembre 13th, 2011
El SRI demanda ante la Fiscalía a 38 deudores por retención de fondos
El Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó ante la Fiscalía 38 demandas contra contribuyentes que aparentemente han realizado una retención indebida de fondos, que constituiría un delito penal. La deuda asciende a 6’029.885,26.
Entre las firmas con montos pendientes en la administración tributaria están Ícaro ($ 3’695.717,81); Inmobiliaria Bella María ($ 445.227) y Deportivo Quito ($ 390.485 ), según un boletín de la Fiscalía.
Según el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, lamentablemente se ha difundido esta mala práctica, en la cual muchos agentes retenedores descuentan los impuestos y luego no los pagan al SRI.
De acuerdo con la ley tributaria, este delito es castigado con tres a seis años de reclusión menor ordinaria y el doble del valor adeudado.
En este sentido, Carrasco explicó que el Estado podría recibir a más de los $ 6 millones adeudados, $12 millones más por concepto de la multa y algo más por intereses de mora.
Agregó que estos contribuyentes representan un perjuicio para el Estado de aproximadamente $ 20 millones. Pidió al fiscal Galo Chiriboga agilidad en los trámites e incluso aseguró que no se necesitaría realizar una indagación previa, pues dijo contar con todas la pruebas del caso.
Por su parte, el fiscal Chiriboga explicó a Carrasco que se remitirán los casos a las jurisdicciones correspondientes, pues los presuntos delitos se habrían cometido en varias ciudades.
De otro lado, Carrasco advirtió que la mala práctica tributaria también estaría siendo adoptada por otros equipos de fútbol, aunque estos no fueron incluidos en la lista de los 38 demandados. Por ejemplo, indicó que Emelec debe $ 500.000; y que Barcelona otro monto, aunque no especificó valor.
Ayer la Fiscalía y el SRI firmaron un convenio que amplía el que ya existía y que fue firmado en la administración anterior. Los objetivos son buscar atención prioritaria a los casos tributarios que se presenten; dar facilidades por parte del SRI a la Fiscalía para acceder a información en investigaciones relacionadas con delitos tributarios, lavado de activos, delitos aduaneros, entre otros.
Entidades
Operativos: En el convenio firmado entre el SRI y la Fiscalía, ambas entidades se comprometieron a apoyarse mutuamente en los operativos.
Capacitación: El acuerdo determina que habrá un proceso de capacitación mutua, tanto en materia tributaria como penal.
A 16 meses de la declaratoria de Claro (antes Porta) como “operador dominante”, las autoridades de telecomunicaciones aún no han logrado concluir las medidas para regular la competencia en el mercado de la telefonía celular.
En el país existen 15,7 millones de líneas. De ese universo, a octubre del 2011, Claro participaba con el 70,13% de los clientes; Movistar, con el 28,15%, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el 1,72%.
El 30 de julio del 2010 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) resolvió declarar a Conecel (Claro) como operador dominante, debido a que por su peso en el mercado está en ventaja frente a sus competidoras, lo que, a su vez, podría perjudicar a los consumidores.
La resolución 347-13, firmada por Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y presidente de Conatel, estableció al “operador dominante” como el proveedor de servicios que haya tenido al menos el 30% de los ingresos brutos de un servicio determinado o que controle, directa o indirectamente, los precios o un segmento del mercado en una suscripción geográfica determinada.
La resolución, basada en análisis de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), ya expresaba que en ese entonces Claro poseía el 70% de los usuarios y Movistar, el 28%, dejando una participación marginal a la telefónica estatal, entonces denominada Alegro. El documento señalaba que “en términos prácticos es un duopolio bastante inequitativo”.
La resolución planteó la intervención del Conatel para equilibrar los precios de interconexión entre diferentes operadoras. Esta señalaba que “en la medida que existan menores barreras para la interconexión (menores costos y precios) los consumidores podrán gozar del acceso a todas las redes”.
Las autoridades empezaron a buscar soluciones el 30 de diciembre del 2010, es decir, cuatro meses después de la resolución, cuando la Senatel dispuso la elaboración de un informe de las medidas para regular a Claro y se dio un plazo de 60 días para terminarlo, hasta 13 de febrero de este año. Sin embargo, el informe fue presentado el pasado 30 septiembre. “Un elemento fundamental de competencia es la reacción rápida del Estado para minimizar la presencia de un operador dominante, dice el expresidente del Conatel Juan Carlos Solines, al referirse al tiempo transcurrido. El último documento contempla medidas técnicas y análisis jurídicos y de impactos económicos.
Parte de la demora en la presentación del estudio tuvo que ver con la falta de respuesta de Claro a los pedidos de la Senatel, de acuerdo con el informe. Por ejemplo, no entregó información sobre los ingresos de prepago por plan tarifario y de prepago por promoción, el desglose de tarifas, los costos de producción e infraestructura.
En las conclusiones del documento se destaca que las medidas permitirán una competencia más equitativa y un mejor servicio en el largo plazo. Para Solines, ese plazo significa no menos de seis años”.
La principal medida que plantea el último informe es la fijación de cargos asimétricos en la interconexión.
Este Diario pidió la versión de Claro desde la semana pasada, pero no hubo respuesta.
Detalles
Pedidos
Desde antes del 2010, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (que asumió a la estatal Alegro) y Movistar solicitaron en varias ocasiones a las autoridades de telecomunicaciones que intervengan en el mercado para garantizar una competencia menos desigual con Claro (antes Porta).
Facturación
Entre el 2008 y diciembre del 2011, según la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Claro y Movistar tuvieron ventas por $ 5.340 millones.
Legislador
El asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez responsabilizó a las autoridades de telecomunicaciones de no defender los derechos de los usuarios, por la demora en las medidas regulatorias a la compañía Claro.
Servicios conjuntos
Según el legislador Cléver Jiménez, además, debe analizarse la alianza entre Ecuadortelecom y Conecel, ambas del Grupo América Móvil, por ofrecer servicios como telefonía fija, televisión, internet, etcétera, sin autorización del Estado.
Fuente El Universo
El Gobierno busca incentivar la producción de cocinas de inducción para reemplazar el uso del gas licuado del petróleo.
Una cocina de inducción, según especialistas, genera calor y el 90% de esa energía se transmite a la olla para su cocción, mientras que una eléctrica solo aprovecha el 65% del calor y una a gas solo el 35%.
El prototipo de esta cocina fue entregado por el Ministerio de Industrias (Mipro) al fabricante Mabe.
La idea es realizar un estudio de los costos de producción y del porcentaje de componente nacional e importado.
Este viernes, a las 11:00, se realizará la segunda reunión entre representantes de los trabajadores y empresariales para definir el nuevo Salario Básico Unificado (SBU) para el año 2012, en el Ministerio de Relaciones Laborales.
La primera cita se efectuó la semana anterior, pero solo el sector laboral presentó oficialmente su propuesta.
Su delegado, Carlos Sánchez, señaló que se realizó un análisis de la situación actual, antes de plantear que el aumento supere los $ 500. “El Gobierno debe dar paso a lo que la ley establece y la Constitución (…) que la remuneración básica unificada de los trabajadores será el valor de la canasta familiar (…) que a noviembre está por 572,35 dólares”, explicó.
Aunque se declaró contrario a la aplicación del denominado salario digno, que se establece en el Código de la Producción, que según sus cálculos llegaría a $ 390, Sánchez expresó que se registra un déficit de esa remuneración a la canasta básica de cerca de $ 200.
Por lo tanto, el planteamiento del sector laboral es que se “compense lo que ellos (el régimen) reconocen que es el salario digno al valor de la canasta básica”, sostuvo.
El ámbito productivo aún no ha presentado su planteamiento. Su representante, Pablo Zambrano, indicó que en primera instancia se establece la realidad económica del país para ver cómo hacer la propuesta que será definida en los próximos días.
De no haber acuerdo, el Ministerio de Relaciones Laborales fijará el nuevo monto. El Salario Básico Unificado que está vigente es de $ 264.
Fuente: El Universo