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Para John Guadalupe, encargado de la protección de las instalaciones, el nivel de riesgo es mínimo. Su experiencia en la implementación del código es amplia, ya que participó en todo ese proceso cuando laboraba en Autoridad Portuaria de Guayaquil y luego en la recalificación a la que se debió someter cuando pasó a manos del concesionario Contecón.

No obstante, tiene claro que desde que se convirtió en una exigencia el PBIP mejoraron las condiciones de seguridad en todas las terminales del país. “Para los responsables de un puerto marítimo o fluvial lo más importante es evaluar los posibles riesgos”, sostuvo. Añadió que cada año cambian las amenazas y por ello hay un plan para actualizar y tomar medidas en función de eso. “Todos los puertos hacemos lo mismo. Unos debemos considerar más aspectos y otros menos”, reveló.

Guadalupe recordó que el Decreto Presidencial 1.111 es el que dispuso la implementación del código como una política de Estado. “Tras eso apareció una resolución en la que se indicó que era obligatorio para todos los puertos públicos y privados, para las plataformas mar adentro y para los buques que arriben al país”.

Actualmente es la Secretaría de Protección Marítima (Seprom) la encargada de velar y auditar a todas las terminales marítimas y fluviales autorizadas por la Dirección de Espacios Acuáticos para que cumplan con la certificación. A más del PBIP existe otra, la BASC, que es emitida por una organización no gubernamental anticontrabando. E

sta última también demanda una serie de medidas de protección y de seguridad en todos los niveles de gestión de los operadores del comercio ecuatoriano. Permanentemente evalúa las prácticas de cada empresa y, en caso de incumplimientos, se podría perder la certificación.

fuente Diario El Telegrafo

El documento aún se pule entre los ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y   de Medio Ambiente.
Según la norma, los hacendados del sector rural  debían pagar el uno por mil  por cada hectárea que sobrepasara el límite de las 25 hectáreas. Dirigentes de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos y de la Federación Nacional de Ganaderos coinciden en que los recursos destinados para pagar la obligación tributaria se podrían utilizar en mejorar la infraestructura de sus fincas o aumentar la producción de sus animales.

Enrique Baquerizo, gerente del gremio de la Costa, manifestó que cuando se elaboró el cuerpo legal no se hizo una diferenciación entre lo que son tierras productivas y las no productivas. “Quienes somos productores, en nuestro caso de lácteos y de cárnicos deberíamos estar exentos del pago de ese impuesto y aquellos dueños de tierras que no están siendo trabajadas son los que sí deberían cancelar”, sentenció.

Agregó que preferirían invertir el dinero de los tributos en dotar de vitaminas, minerales y cuidados sanitarios de sus animales.

Además, explicó que es difícil determinar cuántas propiedades del país tienen 25 hectáreas y son ganaderas, ya que no hay un catastro en ese sentido.

“Puede haber una familia en el campo que tenga una finca de ese tamaño y apenas dos vacas con las cuales subsisten para el día. A ellos  no se los puede considerar como ganaderos”, puntualizó.

José Zambrano, titular de la federación que agrupa a unas 22 asociaciones nacionales, indicó que han solicitado a las autoridades una reunión para exponer sus puntos de vista sobre el reglamento.

“Este tema se lo tiene que analizar con la gente del campo. Los que estamos metidos en las haciendas”, remarcó. El dirigente planteó que en retribución a una eventual exoneración de impuestos, en la reglamentación se puede incluir una norma que obligue a los hacendados a sembrar árboles en el 10% de sus terrenos. “El Presidente dijo que la reforestación era una alternativa para nosotros”, subrayó.

Asimismo, Zambrano estimó que con el dinero que van a pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) podrían tecnificar sus instalaciones. En   Ecuador hay 14 millones de hectáreas de tierras en el sector rural, de las cuales solo 4 millones son cultivadas.

Este Gobierno,   expresó el ex ministro de Agricultura Ramón Espinel, tiene planificado expropiar 2,5 millones de hectáreas para entregarlas a cientos de familias que las quieren trabajar.

Mientras tanto, 177    familias  se beneficiaron con la adjudicación de 583,89 hectáreas del predio Leopoldina, ubicado en el cantón Colimes, provincia del Guayas.

La entrega de los títulos de propiedad la realizó el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), a través del Viceministerio de Desarrollo Rural, la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria y su Proyecto Plan Tierras.

Los beneficiarios son ciudadanos de la Asociación Montubia de Agricultores de Colimes (Asomac), la Asociación de Agricultores Arroceros, Cacaoteros y Plataneros “Primero de Junio” y la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agrícolas Autónomos “La Lagartera”.

El valor de esta  adjudicación es $ 531.184,90 por la compra de la tierra y el monto del crédito productivo es   $ 700.492,85, el que fue otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF).

fuente Diario El Telegrafo

Además, se registra  un incremento de 39,1%, con relación al mismo periodo de  2011. En ese año fueron de  6.7 millones de barriles, informó la Gerencia de Comercio Internacional.

En enero de 2012, las exportaciones de crudo de la empresa pública significaron ingresos para el Estado ecuatoriano por USD 1.225.350 millones. Este monto  fue superior en un 67,48% frente a los USD 731.6 millones que se generaron en el mismo mes del 2011.

Del volumen total de ventas durante el periodo  7.606.546 barriles correspondieron a crudo Oriente y  4.679.369  barriles a crudo Napo. Los  precios promedios ponderados de venta registrados en  enero de 2012, para el barril de crudo Oriente fueron de USD 101 y 36. En cambio para el crudo Napo es de USD 97,096.

fuente Diario El Telegrafo