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Esta cantidad fue calculada por el SRI y se deriva de la documentación de 36 procesos en marcha, de los cuales 2 han concluido (10 millones), pero tampoco se puede cobrar por la ausencia de bienes a nombre del accionista.

Manolo Rodas dijo que en el proceso se dan recusaciones, recusaciones de la recusación, acciones de nulidad, se presentan acciones de protección, por lo que los procesos judiciales se dilatan, realidad que la calificó como el carrusel de la justicia.

A ello se suma que todavía no se puede exigir una caución del 100% de la deuda al SRI cuando existe una impugnación, constante en la disposición transitoria décima de la Ley de Fomento Ambiental, por cuanto la Corte Nacional de Justicia, así como los Tribunales Distritales de lo Fiscal elevaron a consulta ante la Corte Constitucional, la aplicación de tal disposición, pero esta instancia aún no se pronuncia.

Tras la intervención de los funcionarios, los asambleístas en el análisis coincidieron que este dinero debe ser cobrado por el Estado.

La comisión prevé también pedir la comparecencia del presidente del Consejo Directivo del IESS para conocer las acciones emprendas. Ojalá no exista negligencia de alguna autoridad, dijo Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico.

El legislador sostuvo que estos procesos tienen una duración excesiva con las constantes posibilidades de demora de la parte deudora mediante excepciones, recursos e impugnaciones. Un proceso puede durar hasta 17 años, 7 meses, aseguró.

fuente Diario El Telegrafo

La medida busca controlar el uso irresponsable que han dado ciertos funcionarios a ese recurso y se estima que el desvío de fondos públicos bordea los 21 millones de dólares, los cuales “serán restituidos al Estado en su totalidad”, afirmó el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.

Hasta el momento 13 personas están detenidas y tres ya están sentenciadas. Las irregularidades se detectaron en el Ministerio de Ambiente, de Salud, de Inclusión Económica, en el Iniap y el Ecorae. No obstante, Rivera reiteró que se trata de un grupo minúsculo de malos funcionarios y que no se puede generalizar el problema.

Por otro lado, el ministro informó que en el primer semestre del año ya se ha ejecutado el 45% del Presupuesto General del Estado, lo que revela la eficiencia del gasto.

Con respecto a una supuesta triangulación de la economía ecuatoriana con Irán, Rivera fue enfático al señalar que el Gobierno busca “diversificar las fuentes de financiamiento” como ha ocurrido con China, Rusia y Brasil en un marco soberano y de respeto a las leyes nacionales.

Según los sectores de oposición, la “cercanía” con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad provocaría un distanciamiento y la posible “sanción” por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El ministro insistió en que Ecuador será “respetuoso” del marco legal y “soberano” en sus relaciones internacionales.

fuente Diario El Telegrafo

En base a la última información que registra la Asociación de Casas de Valores (Asocaval), de las 32 entidades existente en el país, 10 debían ser vendidas, por su relación con los bancos.

Sin embargo, hasta la fecha “se desconoce si Valpacífico, perteneciente al Banco del Pacífico, concretó la venta de sus acciones”, acotó Ulises Alvear, presidente de este gremio. Unifinsa, entidad financiera de Ambato, fue vendida al grupo financiero peruano ACP.

Aún estaba por confirmarse si Seguros Unidos, del Banco del Austro, y Seguros Cervantes, del Banco Internacional, obtuvieron los permisos correspondientes de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) para concretar las ventas de sus activos.

De otro lado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, manifestó que la intención de la banca no es correr riesgos, ya que de no venderlas, la entidad podría ser incautada y traspasada a un fideicomiso estatal que la vendería como de su propiedad.

Robalino explicó que la resolución de la Junta Bancaria de constituir fideicomisos no significa una extensión de los plazos. «Y lo que se vende al fideicomiso administrado por la CFN, sencillamente descontando, entiendo, gastos legales, etcétera, le dan el vuelto, pues al banco correspondiente eso no implica ampliación de plazos», aseguró.

Enfatizó que si no se conforman los fideicomisos de manera ordenada, los bienes serán incautados y llevados a subasta pública; pero la mayoría de bancos ya está negociando la venta del patrimonio que sea ajeno a la actividad financiera.

De su parte Alvear indicó que la venta de las acciones de las casas de valores realizadas por los bancos preocupa, porque “no provocó el ingreso de capitales externos, como sucedió cuando se tomaron estas medidas en Colombia, Chile o Perú, donde ayudaron a dinamizar el sector”.

Esta situación, en su efecto, hizo que los empleados y directivos de las casas de valores prefirieran endeudarse y comprar dichas acciones “por ser conocedores de cómo se mueve ese mercado y para no volver a emplearse en los bancos”, dijo Alvear.

Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, indicó que esta desvinculación “provocará un impacto financiero en los bancos y casas de valores. Particularmente prevé una contracción del mercado de valores”, acotó.

Situación que lo reconoció Alvear y argumentó que esto no es del todo negativo para los bancos, más bien hay que verlo en el sentido de que se dinamiza el mercado de valores y no está cerrado en un banco o un grupo. El presidente de Asocaval resume que “el 25% del mercado tuvo que venderse (10 casas de valores), por lo que en la ley de la oferta y la demanda los precios bajan”.

Lo que ocurrirá es “una redistribución del mercado”, resaltó Alvear. Esto traería consigo una competencia en igualdad de condiciones, al ser desde ayer todas las casas de valores independientes del sistema financiero.

Entre los servicios que brindan las casas de valores a sus clientes constan: comprar y vender (bonos, certificados de depósito, emisiones y obligaciones, titularizaciones de valores), en la bolsa; administración profesional de sus inversiones o portafolios y brindan asesorías a empresas para que se financien a través de las casas de valores.

En la consulta popular del 7 de mayo del 2011 se aprobó que se haga una reforma constitucional para que los accionistas y directores de las entidades financieras se desvinculen de su participación en otros negocios, no relacionados con el ámbito financiero.

fuente Diario el Telegrafo

La resolución exceptúa la emisión de obligaciones cuando ésta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores; que tampoco podrán hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha persona es de giro financiero o de seguros.

Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito son instituciones de servicios financieros, que deberán tener como objeto social exclusivo la realización de esa actividad, y quedarán sometidas a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control que realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a dichas instituciones, en base a las normas que expida para el efecto.

Según Pedro Solines, titular de la Superintendencia de Bancos, es necesario reformar dicha norma con el propósito de establecer con claridad que sólo las instituciones financieras y las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito pueden actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito.

Vigencia de tarjetas

Los clientes que compraban a crédito en almacenes u otros locales con tarjetas de las propias casas comerciales, ya no podrán hacer uso de estos medios de pago.

A partir de la vigencia de la presente reforma, no se podrá autorizar la emisión de tarjetas de crédito de circulación restringida.

Las tarjetas restringidas son las que se emiten para ser utilizadas, exclusivamente, por los clientes de un determinado establecimiento comercial.

Según la disposición, se exceptúan las tarjetas de crédito de circulación restringida emitidas por compañías que son originadoras de procesos de titularización de cartera que, a la presente fecha, mantengan valores en circulación en el mercado.

La Superintendencia de Compañías regulará y establecerá el cronograma para la eliminación de las tarjetas de crédito de circulación restringida emitidas por compañías que son originadoras de procesos de titularización de cartera.

Para el analista del Instituto Ecuatoriano de la Economía Política, Roberto Villacreses, la norma es un atentado a la libre empresa; una medida que significará pérdidas para estas casas comerciales, ya que su negocio consiste principalmente en vender a crédito.

“La justificación de esta medida será seguramente para proteger al consumidor del abuso de estas empresas, ya que sus tarjetas no están sujetas al control de las autoridades financieras; sin embargo, al final el gran perjudicado será el propio consumidor, pues se verá restringido su consumo en esos establecimientos al no poder acceder a las ventajas del crédito”, aseveró el analista.

De su parte, William Martínez, quien adquirió un televisor con una tarjeta de crédito de una casa comercial, señaló que los créditos directos con los almacenes tienen un alto interés y nadie controla “los abusos de estos negocios”.

Los representantes de las casas comerciales consultados por este Diario, indicaron que el sector mantendrá reuniones para establecer las estrategias que adoptarán para entregar créditos luego de la resolución de la Junta Bancaria.

fuente Diario El Telegrafo