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Las estrategias e imaginación de los administradores de locales comerciales se potencian y son evidentes previo a las fiestas de Navidad y fin de año. Decenas de establecimientos, en estos días, rematan mercadería con descuentos de hasta un 80%.

El objetivo es lograr que las personas, que no quieren esperar hasta diciembre, adquieran las prendas que usarán en las festividades navideñas o, quizá, algún electrodoméstico, expresó Carlos Cosme, dependiente de un almacén de vestidos y pantalones de la avenida Olmedo (centro de la ciudad).

“Las personas desde ya recorren los locales para conocer qué comprarán, pero cuando hay remates regresan. Eso es beneficioso para ellos, porque obtienen un producto a bajo precio y a nosotros nos ayuda, porque nos da liquidez para adquirir nueva mercadería”, reveló el administrador.

Claudia Anchundia, propietaria de una tienda de calzado de la avenida Portete, reiteró que el objetivo de liquidación total es para no depender de las adquisiciones a crédito que realizan.

Explicó que los importadores entregan a plazo las mercaderías, por lo que los recursos que obtiene de los remates, aunque no elimina la necesidad de financiar la mercadería, sí alivia un poco la deuda.

“Por ejemplo, cada año fío 30 a 40.000 dólares en zapatos. En este año pediré un crédito por 25.000 dólares. El tener que pagar le quita la sonrisa de haber vendido bien en fin de año”, aseveró Anchundia.

Los centros comerciales entienden esta estrategia de ventas previo a las festividades de fin de año, que es aplicada en los países europeos y en los Estados Unidos.

Leticia García, gerenta de Marketing del Mall del Sur, dijo que ellos iniciaron el programa denominado “Reventón de descuentos”, en el que participa la mayoría de los locales que funcionan en el centro comercial.

Este es el sexto año consecutivo que se desarrolla esta actividad. La promoción de descuentos es para mover el inventario de las tiendas antes de que ingresen las nuevas colecciones y productos para la temporada navideña y de fin de año, indicó la ejecutiva.

“En nuestro caso hubo descuentos del 20%, 30%, 40%, 50%… hasta el 70%, con una actividad especial en la cual algunas de las tiendas, cada media hora, ofrecen un descuento adicional. La administración da soporte a este evento entrega puerta a puerta del inserto, material de visibilidad en el centro comercial, activaciones para llamar la atención de los clientes, entre otros”, dijo.

María Bustos, ama de casa, indicó que recién tenía conocimiento de las ofertas que había en el centro comercial, por lo que en ese momento llamó a sus amigas para que aprovechen la oportunidad.

El último trimestre del año es el de mayor movimiento comercial por las festividades navideñas.

fuente Diario El Telegrafo

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) no solo consiste en otorgar una mensualidad a los sectores menos favorecidos. Se trata de un pago emparentado con un conjunto de beneficios para grupos específicos de personas en situación de pobreza, adultos mayores y discapacitados, explicó Fander Falconí, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), quien argumentó por qué este subsidio es factor fundamental que ha ayudado a reducir la pobreza en Ecuador.

El presidente Rafael Correa reiteró que el Gobierno subirá el bono de 35 a 50 dólares, en enero de 2013. La inversión sería financiada de utilidades de la banca que ascenderían a más de 240 millones de dólares.

Durante el conversatorio “Los 100 Logros de la Revolución Ciudadana”, realizado la semana pasada, Falconí indicó que el incremento va más allá. Y es que la asignación de esta mensualidad se articula a un gran programa de crédito para generar oportunidades. Estimó que en esta administración se han desembolsado hasta 800.000 créditos.

En 2005 había 1’125.004 personas beneficiarias, de las cuales 906.285 fueron madres, 211.175, adultos mayores y 7.544 personas con discapacidad. Hasta septiembre de este año, los favorecidos llegan a 1’899.531, de los cuales 1’202.978 son madres, 581.283 adultos mayores, 86.385 personas con discapacidad y la atención se amplió a 28.885 niños con discapacidad.

La ayuda se otorga bajo un criterio de corresponsabilidad: los representantes de familia tienen la obligación de enviar a sus hijos a estudiar, acudir a controles de salud y garantizar la permanencia de los estudiantes en sus planteles.
Para la socióloga y catedrática de la Universidad Católica de Quito, Natalia Sierra, esta mensualidad es un “bono de caridad” que forma parte de una “política para sostener medianamente la vida de las personas”. Sugirió que estos deberían apoyar la producción comunitaria más no generar “pequeños consumidores”. “Debería ser un bono para crear proyectos productivos, comunitarios, ahí el bono fortalecería el aparato productivo en función de las necesidades del mercado interno”.

Falconí enfatizó que este sistema no se contempla como una “dádiva” o un bono de pobreza -como fue denominado en 1998 en el régimen de Mahuad-, sino como un factor reductor de la desigualdad. Según el informe del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entre 2006 y 2011, 940.050 personas salieron de la pobreza gracias al subsidio. “Hemos medido que el bono ayudó 4 puntos en la reducción de la pobreza de los 9 puntos de caída entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012”, dijo.

Pabel Muñoz, subsecretario de Democratización del Estado, añadió que el BDH está asociado como un paquete de tres prestaciones con una plataforma de inclusión social. Estos son los Créditos de Desarrollo Humano, las pensiones para adultos mayores y con discapacidad y el Programa de cobertura de protección familiar (seguro de vida y servicios exequiales). Agregó que el bono también se puede convertir en un estímulo de inversión financiera. “Se puede transformar el bono en un crédito a entidades productivas”.

Uno de los factores inmersos es la inversión para el incremento de la mensualidad. En declaraciones a Gama TV, Doris Soliz, ministra de Inclusión Económica y Social, informó que el aumento del bono provendrá de importantes ganancias de la banca, por lo cual ya se realizan los estudios de factibilidad.

Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, manifestó su preocupación ante la medida y que este rubro implicaría a la banca gran afectación. Así concluyó el Colegio de Economistas, que analizó la propuesta de Correa en una reunión efectuada en el Centro de Investigaciones Económicas.

“La banca ya está pagando un impuesto (por el bono) y la creación de otro impuesto significa que habrá problemas con la banca. Habrá una salida de capital y eso afecta a la producción”, señaló.

fuente Diario El Telegrafo

Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina han sido históricamente conflictivas. El país del sur se especializó desde fines del siglo XIX en la producción y exportación de cereales y carnes a Europa, que difícilmente podían ingresar en el poderoso mercado estadounidense.

Los productores agropecuarios del país del norte gozaron de un poder de presión a través del Congreso y la Secretaría de Agricultura para dificultar la competencia de países como Argentina. Mediante mecanismos de protección no arancelaria (medidas sanitarias, subsidios o leyes antidumping) bloquearon las compras de bienes agropecuarios argentinos.

Esa es una de las fuentes históricas del conflicto que persiste en la actualidad. Mientras América Latina y El Caribe registraron, en los primeros ocho meses de 2012, un superávit en el comercio de bienes con Estados Unidos por 41.236 millones de dólares, Argentina tuvo un déficit de 4.009 millones de dólares. El desbalance batirá un nuevo récord.

A pesar de esta circunstancia, el gobierno de Obama acusó a la Argentina de practicar el proteccionismo por limitar las importaciones y retiró al país del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), descuentos aduaneros otorgados a países “no centrales”. Esos beneficios, si bien solo afectan al 11% de las exportaciones argentinas, tienen el valor de mostrar la capacidad de la Casa Blanca de aplicar represalias. Además, Estados Unidos inició una demanda contra el “proteccionismo argentino” en el marco de la Organziación Mundial del Comercio (OMC). Argentina, por su parte, en agosto pasado planteó una demanda contra Estados Unidos, denunciando que utiliza excusas sanitarias para impedir que entren carnes y limones a su mercado.

La Casa Rosada denuncia, al igual que el gobierno de Brasil y de otros países latinoamericanos, el proteccionismo no arancelario de Estados Unidos, Europa y Japón, y en particular los fuertes subsidios que distorsionan los precios de los bienes agropecuarios. Estados Unidos, por ejemplo, destina más de 120.000 dólares anuales para subsidiar a sus productores agropecuarios, y no precisamente a los pequeños y medianos.

Pero las diferencias económicas no terminan ahí. Los “fondos buitre”, aquellos acreedores externos que no entraron al canje de la deuda de 2005 y 2010, litigan contra la Argentina. A principios de octubre, embargaron la Fragata Libertad, un buque argentino que se encontraba en Ghana. Esto generó un incidente diplomático de alcances impredecibles. Estos fondos especulativos, que compraron deuda por el 20% o 30% de su valor nominal, pretenden cobrar bonos por 3.600 millones de dólares más intereses. Son grandes aportantes en el Partido Republicano y en el Demócrata, por lo que cuentan con una desmedida, capacidad de lobby.

Por último, la Casa Blanca presiona a la Argentina en favor de empresas que ganaron juicios en el Ciadi, tribunal dependiente del Banco Mundial, y busca que el país pague 300 millones de dólares a las empresas Azurix (exproveedora de servicios de agua y cloacas en Buenos Aires) y Blueridge (fondo de inversión que compró a la empresa CMS, accionista de una transportadora de gas que operaba
en el país en la época de la convertibilidad).

A pesar de que las dos compañías incumplieron sus contratos tras la crisis de 2001, dejando a miles de familias sin
servicios básicos esenciales, lograron a través de este tipo de “tribunales” indemnizaciones multimillonarias. Argentina todavía no siguió los pasos de Bolivia y Venezuela, que ya abandonaron este organismo funcional al gran capital transnacional.

La profundización de la crisis mundial probablemente incremente las tensiones en América, en un contexto en que la hegemonía estadounidense es cada vez más desafiada por la ascendente China y por la influencia del eje bolivariano, reforzado a partir del reciente triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela y la probable reelección de Rafael Correa en Ecuador, a principios de 2013.

En el caso de Argentina, persisten dos tendencias contradictorias, una busca profundizar el vínculo con Estados Unidos y otra enfatizar la necesidad de una prudente distancia. Los primeros, por ejemplo, pretenden que poderosas petroleras estadounidenses, como Chevron y Exxon Mobil, que nacieron de la Standard Oil Company de los Rockefeller, sean seducidas para ingresar en el negocio hidrocarburífero argentino, que ya no es controlado por la española Repsol.

Desde nuestra perspectiva, la solución a los diferendos aquí reseñados (pujas comerciales, demandas ante el Ciadi y fondos buitre), no tiene que buscarse en el ámbito bilateral, en el que Argentina lleva las de perder, sino plantearse como problemas conjuntos de América Latina.

Es preciso abocarse a la construcción de un vínculo con Estados Unidos basado en una perspectiva latinoamericana y autónoma. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en este sentido, podrían constituirse en una herramienta útil. Pero estos proyectos latinoamericanos no pueden prosperar, en un sentido independiente y antiimperialista, si no afirman las soberanías nacionales sobre sus recursos y decisiones, apuntando a superar la lógica capitalista.

*Es Doctor en Historia y Magister en Historia Económica. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Articulista de Página/12 y Le Monde Diplomatique.

fuente Diario El Telegrafo

La propuesta surge, por que las utilidades de la banca el año pasado fueron de 394 millones de dólares, cifra que en nueve años de recuperación financiera, significó un crecimiento del 328%, pues en 2003 alcanzó los 92 millones de dólares (ver gráfico 1). Hasta septiembre de este año la utilidad superó los 267 millones de dólares, mientras que, en el mismo periodo de 2011, fue de 292 millones. Esa caída de 25 millones en sus utilidades, según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), obedece a la creación de más leyes que regulan a la banca con el propósito de evitar una burbuja financiera, lo que desembocó en el control de la entrega de préstamos de consumo y tarjetas de crédito.

No obstante, en el periodo de análisis (2003-2011), el único año en que el sistema financiero tuvo una variación porcentual negativa en el crecimiento de sus utilidades fue 2009 porque registró una caida de 23,05% a causa de la crisis internacional, pero en 2010 su recuperación fue del 19,82%, eso obedeció a que el Ecuador pudo enfrentar correctamente esa crisis. Dicha situación provocó que el año 2011 aún sea más favorable para el sector al tener un crecimiento acelerado de sus ganancias netas (51,53%) y se espera que este año ese porcentaje sea altamente positivo (ver gráfico 2).

Para el analista Pablo Dávalos, esas cifras demuestran que la banca “jamás pierde y siempre busca formas de obtener utilidades”. Además explica que los informes de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) develan que las instituciones por categorías pequeña, mediana y grande tuvieron utilidades en 2011 de 33 millones, 88 millones y 273 millones de dólares, respectivamente

A la vez, en el grupo de grandes bancos, donde constan Pichincha, Pacífico, Produbanco y Guayaquil, se evidencia que estos tienen el mayor control de la liquidez monetaria del Ecuador por concentrar activos, patrimonio, ganancias, entre otros .Pero también se identifica que han implementado estrategias para controlar su mercado en cuanto al costo de la entrega de créditos de consumo y microcréditos especialmente, además de los créditos hipotecarios y corporativos, pero de igual forma en dolarización sus tasas de interés son muy altas (11% – 15%), mientras la tasa pasiva (depósitos) bordea el 4% anual, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Esa actividad preferencial tiene una razón de ser, según Dávalos, y es que “los cuentahorristas -especialmente de clase media- aún no tienen confianza en el sistema y han dejado de adquirir pólizas de acumulación, certificados de depósitos, entre otros”. Esta situación ha causado que la banca se especialice en una cartera de muy corto plazo y el de largo plazo tiene un bajo porcentaje.

Esto marca un escenario, donde la relación ahorro-inversión que era fuerte hasta antes de 1999 desapareció y ahora prevalece la relación ahorro-consumo, que le permite al sector cobrar una tasa de interés de alrededor del 25%, que es superior al interés del crédito de vivienda y corporativo. “Al existir una prioridad por la relación ahorro-consumo, el escenario en Ecuador es que los grandes bancos están controlando la liquidez monetaria y deciden a quiénes prestan sus dineros y a quiénes no”, enfatizó Dávalos.

Defendiendo la solvencia

Al detallar el rol de la banca en esta primera década de cambios, la propuesta gubernamental de hacer uso de las
utilidades de este sector en beneficio de quienes reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH) es considerado por varios analistas económicos como una declaración política antes que económica. Esto se sustenta cuando Correa dijo: “Banquero que no quiera, no se preocupe, que le compramos el banco y nacionalizamos, pero con los pobres no van a jugar, señores”. Eso no se sostiene, según Dávalos, porque el entrar a administrar un banco en la actual coyuntura significa que el país tendría que salir de la dolarización, y esto se puede convertir en un boomeran, en un contexto electoral.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas del actual Régimen, dijo que se debe buscar otra propuesta de financiamiento, como podría ser la promulgación de una nueva ley que permita obtener más ingresos y pueda financiar el BDH, tras asegurar que la utilidad de la banca cambia cada año porque responde a la cantidad de depósitos que reciba y créditos que entregue. Dávalos, por su parte, explica que “nacionalizar la banca significa manejar la liquidez y para ello tiene que entrar como administrador de la banca privada”. Y destaca que llegar a esa medida en el Ecuador “no es necesario” porque de los cuatro grandes bancos, el del Pacífico (BP) -incautado por el Estado- cuenta con un capital de 3.000 millones de dólares y se podría fusionar con el Banco del IESS (Biess) que tiene un capital de 8.000 millones de dólares, con ello se sumaría un total de 11.000 millones de dólares, con lo que ya habría el control de la liquidez.

Pero lo más importante sería que el Gobierno no se quede ejecutando solo política fiscal por medio del gasto de capital para impulsar la relación ahorro-inversión, sino que además debe trabajar en la creación de una Ley de Banca Pública, similar a la del Brasil, donde las tasas de interés para los sectores hipotecario y productivo sean bajas de entre un 5% y 7%, con lo cual se restaría poder a la banca privada.

Dávalos explica que el financiamiento del bono puede provenir de otro rubro que es absorber las ganancias provenientes de la alta tasa de interés del negocio de las tarjetas de crédito, que genera una ganancia de 300 millones de dólares a la banca. Esa cifra es alta porque después de la dolarización se mantuvo el pago del 8% de intermediación que se cobraba al emisor que debía cubrir los riesgos del tipo de cambio, de la tasa de interés y de no pago de deudas en sucres.

Fuente Diario El Telegrafo