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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) emprendió el proceso para seleccionar a las personas que tendrán esta misión, dispuesta en el último inciso del artículo 312 de la Constitución y en la Disposición General Tercera de la Ley General de Instituciones Financieras.

Cada una de las 47 entidades bancarias públicas y privadas del país tendrán un defensor que actuará como mediador con la ciudadanía, sin duplicar las funciones de las oficinas de reclamos de los propios bancos; así como el control que ejerce la Superintendencia de Bancos y Seguros. De ese grupo, 26 pertenecen a la banca privada, indicó César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Abpde).

El representante del sistema financiero dijo que en el transcurso de esta semana se envió un oficio a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Marcela Miranda, solicitándole reformas al Reglamento para la Elección de los Defensores del Cliente porque creyó conveniente que los postulantes se sometan a un examen.

“Se necesita gente que conozca algo de banca, no se puede poner a una persona que desconozca, porque no sería un nombramiento adecuado. Esa es nuestra preocupación…”, señaló, no sin antes mencionar que quieren cumplir con la ley.

Para el consejero David Rosero, esto es imposible porque en primer lugar no es un concurso de méritos y oposición, sino una elección que se debe dar en cumplimiento al mandato constitucional y a la ley. Por lo cual el Consejo de Participación lleva adelante el proceso de conformación de una veeduría que será la encargada de observar la elección de los defensores.

Los documentos de quienes quieren ser veedores fueron receptados la semana pasada y concluyó el viernes. No obstante, hoy se realizará la convocatoria para todas las personas que desean postularse como Defensor del Cliente.

Según el artículo 8 del Reglamento, los requisitos para ser Defensor del Cliente son: ser ecuatoriano, ser mayor de edad y estar en goce de los derechos de participación, tener título universitario de tercer nivel, acreditar -de ser el caso- probidad notoria y reconocida en el manejo adecuado y transparente de fondos públicos, y demostrar su condición de cliente de la institución del sistema financiero a la cual se postula.

Rosero añadió que el Cpccs está a la espera de que la Junta Bancaria defina las funciones de los defensores, así como el tiempo que estarán al frente de dichas representaciones. Sostuvo que lo ideal habría sido tener todas las reglas del juego claras a la par del reglamento para entender que “el defensor debe ser un facilitador de soluciones a los conflictos que se dan por el uso de los cajeros automáticos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito”.

Trascendió que en este proceso no se incluyen a las mutualistas ni a las cooperativas. Las primeras porque son controladas por la nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las otras por la Superintendencia de Bancos.

Paola López, cuenta ahorrista de los bancos Pacífico y Guayaquil, está de acuerdo que se creen estas instancias. “Es una iniciativa válida porque muchas veces los usuarios tenemos dudas que no nos pueden resolver en los mismos bancos o recibimos malos tratos o mala información sobre los procesos y eso a veces nos cuesta más o nos genera problemas mayores”, explicó.

Natalia Portero consideró que ese rol lo puede ejercer la Defensoría del Pueblo. “Si al momento de sacar una cuenta o una tarjeta no nos explican de su manejo y te generan problemas, entonces ahí sí se necesitaría un defensor”, enfatizó.

fuente diario el Telegrafo