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Los nueve jueces de la Corte Constitucional coincidieron en la decisión de separar de su cargo a Arturo Larrea Jijón. La resolución la tomaron con base en una queja en su contra porque, supuestamente, presionó para que se produjera un fallo en el litigio que mantiene la Cervecería Nacional con un grupo de sus ex empleados. En la sesión de la Corte que se realiza hasta este momento, los jueces recalcaron que su participación en el proceso legal fue amparada a la Ley. Sin embargo, la Fiscalía y la Contraloría indagan el caso, porque presuntamente existió una red de sobornos en ese proceso. El principal investigado es Alfredo Larrea, quien fue abogado de la Cervecería y es hermano del ex secretario de la Corte Constitucional. Esta relación también fue clave para la separación de Larrea. Su puesto será ocupado por Marcia Ramos, quien se desempeñaba como pro secretaria. Además, los jueces constitucionales analizan una reestructuración de la Secretaría General y de la Secretaría Técnica Jurídica. Larrea Jijón volvió ayer a su despacho en la Secretaría General de la Corte Constitucional (CC) después de una licencia médica de 15 días y ya se especulaba sobre su salida del organismo.

Con una mayoría afín al gobierno, el pleno de la Corte Constitucional (nueve miembros) aprobó anoche el referéndum y la consulta popular planteados por el presidente de la República, Rafael Correa, el 17 de enero pasado, sobre la base de dos informes presentados por los magistrados Patricio Herrera y Roberto Bhrunis. El informe original de la jueza Nina Pacari Vega fue desechado completamente. El texto de la resolución final, según el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, será notificado esta mañana al Ejecutivo para que esa Función disponga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la implementación de la convocatoria a la consulta popular. “Hemos cumplido nuestra responsabilidad. Demostramos al país que a pesar de todo lo que ha sentido y sufrido este organismo durante estas semanas, a pesar de quienes decían de que esta Corte iba a evadir su responsabilidad y permitir que las preguntas pasen por el ministerio de la ley, a pesar de que pretendieron deslegitimar a los jueces y juezas de ese organismo, hoy dimos una muestra de transparencia”, dijo Pazmiño, luego de más de seis horas de debate y una sesión interrumpida solo con un receso de treinta minutos.
Asimismo y con ciertos cambios fueron aprobadas las reformas legales, cuya elaboración del informe estuvo a cargo del juez Bhrunis, que incluyen la penalización del enriquecimiento ilícito privado no justificado, así como la falta de afiliación de un trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El mayor (r) Fidel Araujo deberá permanecer en el penal García Moreno. Ayer, los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte de Justicia de Pichincha negaron el pedido de hábeas corpus pedido por el militante de Sociedad Patriótica. Araujo está detenido desde octubre, acusado de supuestamente incitar a la rebelión de los policías, el 30 de septiembre, en el Regimiento Quito. Él estuvo en los exteriores de la unidad policial durante la revuelta.  Sin embargo, según el abogado de Araujo, Édgar Pavón, en su detención se cometieron irregularidades. Una de ellas, que la audiencia de formulación de cargos en su contra se realizó en un Juzgado de Flagrancia, cuando el proceso se había iniciado seis días antes.
Además, aseguró que su cliente no tuvo ninguna participación en el delito del que se lo acusa por el 30-S. Asimismo, aclaró que la prisión preventiva es una medida cautelar que busca garantizar la presencia del imputado en el proceso. “No ha demostrado que su situación haya cambiado desde que se dictó la orden de detención”, aseguró Vásquez. Es decir, que no ha demostrado no huirá del proceso

 A las 09:18 de hoy se presentó un ‘doble corte de fibra óptica’, el cual tomó alrededor de 14 horas en ser solucionado. La pérdida del servicio se registró en Tungurahua, Esmeraldas y Santo Domingo