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La polémica por la ampliación de la participación del Estado argentino en empresas privadas creció hoy al defender las autoridades su derecho a «discutir la suerte» de las compañías, mientras empresarios y opositores advirtieron que generará incertidumbre y alejará inversiones. El decreto firmado por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deroga un artículo que limitaba al cinco por ciento la representación del Estado en los consejos de administración de las empresas al margen de su participación accionaria. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibió estas participaciones al absorber los paquetes accionarios que habían adquirido como inversión las administradoras privadas de retiro, eliminadas en 2008. La ANSES podrá colocar tantos representantes en las compañías según lo permita la proporción de su tenencia accionaria, que en algunos casos llega hasta un 31 por ciento, sin consenso previo con los accionistas privado. La cartera de acciones del gobierno incluye bancos, empresas de energía (petroleras, gasíferas, eléctricas), compañías de alimentos, indumentaria y transporte, en un total de 32 compañías. Cuando el Estado pone dinero se hace socio, y si es socio, quiero las condiciones que me corresponden como tal. Lo que estamos haciendo es cuidar los dineros de los trabajadores que fueron prestados», señaló.

Los directivos de la empresa Continental Tire Andina presentaron la semana pasado un reclamo administrativo ante el Ministerio de Relaciones Laborales y la Superintendencia de Compañías. Según el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Darwin Zabala, se siguió el proceso que manda la Ley antes de presentar una demanda como se anunció hace dos semanas. Por ello, primero se presentó un reclamo administrativo ante ambas entidades. Zabala dijo que la petición está amparada en el artículo 11 de la Constitución. En el reclamo se responsabiliza al Estado por los daños al patrimonio de la empresa, a la moral y por la actuación de malos funcionarios públicos y judiciales. En este reclamo solicitan una indemnización de USD 20 millones. Según Zabala, esperan que en 90 días, como indica la Ley, se reciba una respuesta al reclamo administrativo. De lo contrario se continuará con el proceso respectivo, que es ejecutar la demanda ante la Función Judicial. Zabala señaló que, en la actualidad, la compañía aumentó su nivel de producción. La compañía produce diariamente 6 200 llantas radiales y 200 neumáticos para camiones. El 40% de la producción se exporta. El directivo agregó que luego de resolver la paralización del año pasado el ambiente laboral mejoró. La empresa cuenta con 1 315 trabajadores.

Con al menos tres meses de retraso se inició ayer la negociación de los contratos de los proyectos mineros a gran escala, entre el Ministerio de Recursos No Renovables y dos compañías internacionales. El ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, anunció en septiembre pasado que el Régimen aspiraba a finalizar la negociación hasta fines del año pasado.
Pero ello no se concretó y la negociación se inició ayer con la compañía canadiense International Minerals Corporation (IMC), que tiene a su cargo el proyecto Río Blanco, en la parroquia Molleturo, provincia del Azuay. Este forma parte de los cinco proyectos estratégicos definidos por el Gobierno junto con Mirador de Ecuacorriente; Panantza – San Carlos de Explorcobres (subsidiaria de Ecuacorriente); Fruta del Norte de Kinross-Aurelian; y Quimsacocha de IamGold.
Técnicos cercanos a la negociación, que pidieron la reserva, indicaron que no hay un plazo máximo para la firma de los nuevos contratos, pero que se espera concretar el tema hasta marzo. IMC recibió un primer borrador de modelo contractual con especificaciones de orden técnico, jurídico, económico y tributario. Cuatro son los puntos críticos de la negociación. El primero es determinar el porcentaje de regalías para el Estado. Según la Ley Minera, este valor será de al menos el 5% de las ventas generadas por las compañías que exporten minerales. El porcentaje que se defina en el contrato determinará la rentabilidad de un proyecto minero.

El anuncio fue sorpresivo. La tarde de ayer, los ejecutivos y abogados de la empresa Continental Tire Andina aseguraron que demandarán al Estado por USD 20 millones. La causa es una supuesta responsabilidad por daños al patrimonio, a la moral y por la actuación de malos funcionarios públicos y judiciales. Según el abogado, Jorge Zavala Egas, quien fue contratado por la firma, la próxima semana presentarán la demanda en el Tribunal Distrital de Azuay. Según Zavala, hay un acoso por parte de funcionarios públicos como los subsecretarios de Trabajo, inspectores y jueces que durante el 2009 y el año pasado no han actuado bajo derecho en los conflictos con los miembros del Comité de Empresa. Este sindicato realizó dos paralizaciones por varias exigencias a los directivos de la llantera, que funciona en el parque industrial de la capital azuaya. En el 2009 fueron 85 días de paralización y el año pasado 77.
Los ejecutivos de la empresa señalaron que no temen un embargo de la compañía por parte del Estado “porque solo lo podrían hacer con una sentencia ejecutorial y aclaró que ellos están cumpliendo con todos los procesos apegados a derecho”, dijo Zavala.

El Estado perdió $ 143 millones en caso Fabricio

4 febrero, 2011 @ 10:33
posted by Freddy

La veeduría ciudadana conformada para vigilar los contratos que el Estado ecuatoriano suscribió con empresas relacionadas al hermano del Presidente, Fabricio Correa, reveló ayer las conclusiones de su trabajo. Luego de un año y seis meses de investigaciones, la instancia entregó su informe al contralor Carlos Pólit, para que tome las acciones pertinentes.El coordinador Pablo Chambers informó en rueda de prensa que la veeduría llegó a cuatro conclusiones: que el mandatario Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano mayor con el Estado; que hubo favoritismo de parte de las entidades públicas para adjudicar los proyectos a las empresas relacionadas a Fabricio; que existió ilegalidad en estas adjudicaciones; y que el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente $ 143 millones.

Al medio día de hoy,  el presidente Rafael Correa posesionó a los nuevos secretarios de Estado. Edwin Jarrín reemplazará a Juan Sebastián Roldán en la Secretaría de Transparencia de Gestión y María Luisa Moreno, será la nueva secretaria de Pueblos y Nacionalidades, en reemplazo de Alexandra Ocles.

Esteban Albornoz también fue posesionado como nuevo Ministro de Energía, sustituyendo  a Miguel Calahorrano. Albornoz regresa a esta cartera de Estado después de un poco más de un año de haberla dejado.