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Han pasado cinco días desde que empezó la campaña oficial por la consulta popular y el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha designado a la empresa para que realice el monitoreo en radio, prensa, televisión y vallas. Por su parte, el CNE sostiene que no tiene adjudicada la empresa debido a que el viernes a mediodía apenas dos ofertas se presentaron. Estas fueron las de las firmas En la Mira y Mercados y Proyectos. La primera presentó una oferta que sobrepasaba el presupuesto de USD 350 000 y la segunda no presentó la información completa. Además, aseguran que en las delegaciones provinciales los funcionarios sí están realizando el monitoreo de los medios locales. A más de esta falta de monitoreo oficial, existe otro tema que como reconocen Caicedo y Camacho presenta un gran vacío legal. Es el control a medios en las plataformas de Internet.

Una comisión de miembros del organismo es la encargada de analizar los planteamientos de las empresas interesadas en participar, dijo Cortez, y que estará integrada por Carlos Coronel, Ramiro Arroyo, Álex Guerra y Fabricio Cóndor, según una resolución de la entidad del 23 de marzo pasado. Este último funcionario, director de Fiscalización y Financiamiento del Consejo Electoral –dependencia que realiza el control por el momento– indicó que están en el proceso de contratación y, a través de las delegaciones provinciales, el personal está haciendo el monitoreo. Manifestó que esta tarea se ha venido realizando de forma continua. “Está en proceso el tema de la contratación de la empresa, entonces ya ellos (la empresa seleccionada) con más infraestructura puede hacer una cobertura más grande”. Indicó que a través del sistema de promoción electoral, una vez que las organizaciones políticas tengan las claves, el CNE registrará la información que se paute en los medios de comunicación. “Podemos conocer en qué medio, en qué condiciones, qué tarifa, a qué hora, el número de spots, de cuñas en cada emisora, si en Quito, si en Guayaquil, si en Loja, si es en El Oro”, aclaró.

Partidos políticos y movimientos sociales adelantaron su campaña por el Sí y el No en la consulta popular que se realizará el próximo 7 de mayo. Pese a que el periodo para hacer proselitismo se iniciará oficialmente pasado mañana –y concluirá el 4 de mayo– varias organizaciones se dedicaron con más fuerza desde el inicio de esta semana a difundir sus criterios de apoyo o rechazo. Los recorridos que desde hace más de un año realiza el expresidente de la República y líder de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, en busca de afiliados para la reinscripción, lo llevaron el lunes a la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil. En la noche los colaboradores que lo acompañaron repartieron volantes con los colores que identifican al partido, verde y rojo, y con el mensaje “Yo voto No”. No obstante, los estudiantes han convertido a la Universidad Estatal de Guayaquil en el escenario político más visible. En facultades como Jurisprudencia, Administración y Ciencias Médicas hay mensajes por el Sí y por el No, desde gigantografías, afiches y volantes. Ayer un grupo de universitarios elaboraba más carteles en contra de la consulta.

Ecuador se apresta a negociar la adjudicación de concesiones mineras y en julio espera haber firmado con empresas de Canadá y China que proyectan inversiones iniciales por 1 300 millones de dólares, dijo hoy el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor. “Hasta abril esperamos haber firmado al menos dos contratos de los proyectos estratégicos y hasta junio un tercero. Dos en fase de exploración avanzada se cerrarán el próximo año”, indicó Pástor en entrevista con el diario El Universo. El ministro precisó que las empresas involucradas en la primera fase son Ecuacorrientes (de capitales ecuatorianos y canadienses), con un proyecto de producción de cobre, Aurelian (Canadá) y la china-canadiense Río Blanco, de explotación de oro. Según Pástor, “en el corto plazo, en la fase de construcción, las tres tienen prevista una inversión de unos 1 300 millones de dólares”. “Con la inclusión de las otras dos compañías, sobre todo con el yacimiento (de cobre) Mirador que es el más grande, estamos llegando a 7 000 millones de dólares en los próximos cinco años”, detalló. Una de las condiciones “más importantes” que deberán cumplir las mineras es el pago de regalías (al menos 5% de las ventas), de lo cual una parte anticipada, observó el funcionario. Hace casi un año, el gobierno anunció que daría luz verde para que 12 mineras retomaran sus actividades, pese al férreo rechazo indígena, luego de que en abril de 2008 el Estado revirtió el 97% de las licencias que habían sido concedidas a empresas privadas para reorganizar el sector con una ley aprobada en 2009.

Un día agitado se vivió ayer en varios puntos de Quito a raíz de la denuncia del asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, sobre un presunto soborno a funcionarios de la Corte Constitucional. En la denuncia del legislador, presentada ante la Fiscalía el pasado viernes, se acusa de cohecho a los nueve jueces de la Corte Constitucional. Y, específicamente, se señala a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la institución, Arturo Larrea, de haber recibido en su cuenta un cheque por USD 500 000 de parte de la Cervecería Nacional. Según la denuncia, ese valor fue depositado el pasado 13 de enero y, días después, el 20, se emitió una resolución a favor de la empresa para archivar una demanda de ex trabajadores, que exigían el pago de utilidades de varios años.