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Aproximadamente unos 200 ex trabajadores de la Cervecería Nacional protestaron en el parque de El Arbolito exigiendo el pago de USD 90.9 millones por utilidades entre 1990 y 2005. Según Arturo Cervantes, procurador de este grupo, el monto a pagar incrementó a USD 182 millones, debido a que Cervecería Nacional no cumplió el plazo de pago, que venció el jueves, y eso obliga a que se doble el pago. Desde las 09:00 hasta las 10:30 protestaron y luego marcharon junto a miembros de la FEI a Carondelet en una marcha a favor del SI a la Consulta Popular.

El juez 12º de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, se abstuvo de dar más largas al litigio que mantiene Cervecería Nacional (CN) con extrabajadores y ordenó que la empresa pague los más de $ 90,9 millones que les adeuda por utilidades en un plazo de 48 horas. Hasta el pasado lunes, el juez no había ejecutado la sentencia de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, que dispuso hace más de un mes que la compañía debía cancelar esos haberes. Incluso, ya había notificado a las partes para que la próxima semana acudan a una audiencia de conciliación y así solucionar la querella de forma pacífica. Sin embargo, ayer promulgó una resolución en la que ordena “que en el término de 48 horas Cervecería Nacional CN S.A. deposite en una cuenta del Banco Central del Ecuador, a órdenes del director regional del Trabajo, el monto ordenado por los jueces superiores”, entre otras disposiciones. La audiencia convocada por Iriarte generó malestar en las partes: del lado de los reclamantes se denunció que el juez recibía presiones y que por eso no quería ejecutar la sentencia de la Sala; y, del lado de la compañía, se calificó de ilegal a la nueva diligencia. Incluso, ayer, CN expresó a través de un boletín de prensa que solicitó al juez revocar su providencia porque la conciliación, además de ser inconstitucional, no cabía. El juez Iriarte notificó su última decisión del caso a las 13:12 de ayer.

La Corte Constitucional informó ayer que aún no recibe la acción extraordinaria de protección planteada por los representantes de la Cervecería Nacional, respecto del fallo de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Este fallo obligaba a la empresa a cancelar los cerca de USD 91 millones por concepto de pago de utilidades a ex empleados desde hace varios años atrás. La Cervecería no acepta ese dictamen y ha señalado que su apelación ante la Corte Constitucional ha demorado varios días. Según la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que tiene como finalidad la impugnación de las decisiones judiciales por vulneración del debido proceso u otros derechos constitucionales. Una vez que la causa llegue a la Corte, esta deberá pasar por la Sala de Admisión, la cual designará el juez ponente a través de sorteo. Este elaborará el proyecto de admisión de la demanda. Otro juez sustanciará la causa para que posteriormente el Pleno de la Corte la analice y luego emitirá su resolución de carácter definitiva.

Con un una base de suscriptores que superó los 14 millones, el mercado de telefonía móvil en Ecuador registró ingresos que sobrepasaron los $ 1.700 millones en el 2010, alcanzando así un crecimiento mayor al 10% frente al año antecesor. El aumento en los ingresos de América Móvil (Claro, antes Porta) y Telefónica (Movistar) estuvo marcado no solo por el mayor número de usuarios que captaron, sino por factores como el crecimiento en los accesos de banda ancha móvil, la evolución en el segmento de líneas bajo contrato, los minutos de uso, entre otros. América Móvil, que tiene negocios en telefonía móvil y fija en Ecuador, obtuvo una facturación por $ 1.228 millones, lo que representó un incremento del 11,1% con relación al 2009. De ese monto, más de $ 1.204 millones fueron por ingresos celulares, mientras que $ 23 millones del negocio de líneas fijas y otros servicios. Su Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue de $ 655 millones. En tanto que su utilidad de operación creció un 18,3%, al alcanzar los $ 441 millones, es decir, $ 68 millones más que en el 2009, según su estado de resultados. Porta, que en este mes acogió la marca Claro para alinearse a las operaciones de otros países, culminó el 2010 con 10,6 millones de usuarios, de los cuales 1,2 millones se añadieron como nuevos. Y aunque su cartera de clientes en prepago creció un 11%, fue la base de suscriptores en pospago la que tuvo una mejor evolución al aumentar un 23,7%. En este último aspecto, la española Telefónica (Movistar), la segunda operadora, reflejó una situación similar, pues su base de clientes que están con contrato creció un 24,7%, así como sus accesos de banda ancha móvil. El importe neto de la cifra de negocios (ingresos) de Movistar alcanzó 396 millones de euros (más de $ 550 millones) en el 2010, con un incremento interanual del 11,8%. Mientras que su resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) se situó en 121 millones de euros (más de $ 170 millones al cambio actual).

Desde las 08:30, una centena de ex trabajadores de Cervecería Nacional (CN) esperaba la resolución de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas. La mayoría aguardaba frente al edificio de la Corte de Justicia, en el centro de Guayaquil. Otro grupo deambulaba por el sexto piso de la edificación, donde se encuentran los despachos de los tres jueces de esa dependencia. Las horas pasaban y la incertidumbre era mayor entre los ex trabajadores. A las 15:30 el presidente de la sala, Roberto Guevara, dijo que ya había enviado la sentencia firmada. Rafael Oramas, asistente de la sala, recibió el documento tan esperado. “Se ordena que Cervecería Nacional o cualquiera de sus responsables pague y deposite la suma de USD 90 929 635, más los intereses de ley, en el plazo máximo de 48 horas” , leyó Ceballos ante la alegría de los ex trabajadores. El valor de los intereses lo fijará un perito designado por el Consejo de la Judicatura. La Defensoría del Pueblo controlará que se haga efectiva la resolución. CN deberá depositar el monto en el juzgado, para que el juez lo transfiera al Banco Central. Según Ceballos, “La multa, si la compañía no paga, será el duplo del valor”.