Archive for diciembre 15th, 2010
Se intenta bajar importación de sector farmacéutico y de carros
Los sectores automotor y farmacéutico serán entre otros los ámbitos en los cuales el Gobierno tomará medidas para neutralizar el déficit en la balanza comercial que, de enero a octubre, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), se ubicó en $ 1.213,44 millones.
Nathalie Cely, ministra coordinadora de la Producción, dijo ayer que existen medidas de corto y mediano plazo así como coyunturales y estructurales, entre ellas elevar aranceles, establecer metas de crecimiento para el sector automotor, sustitución estratégica de importaciones e incentivo para la adquisición de viviendas.
“Y estaremos tomando medidas en una serie de instrumentos que contemplan subir los aranceles en aquellos productos que tengamos espacio dentro del tope de la OMC (Organización Mundial de Comercio)”, señaló la funcionaria.
“Los rubros que nos crecen con mayor fuerza son materias primas y bienes de capital, eso significa que hay una importante reactivación productiva”, expresó.
Agregó que existe un problema en el tema de vehículos, pues ha habido importaciones por cerca de $ 500 millones pero mencionó que las medidas a tomar serán de común acuerdo con esa industria y con la adopción de políticas con los municipios mediante un adecuado costo de la matrícula así como el mejoramiento del transporte público.
Clemente Ponce, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), consideró que la aplicación de cualquier medida sea restricción o aumento de aranceles impactará en forma negativa en el comercio y en el mercado. “No hay nada claro, no se ha precisado qué vehículos, cuánto tiempo, en qué medida”, señaló.
Recordó que en el 2009 se aplicó una salvaguardia que afectó directamente en la venta de los automotores que bajó de 112 mil unidades en el 2008 a 92 mil el año anterior.
Marcelo Ruiz, de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, expresó que su ámbito importa materiales para producir vehículos y podría haber una afectación tanto a las empresas ensambladoras y proveedores de autopartes.
Según Cely, “en el sector farmacéutico que ocupa alrededor de $ 900 millones de importaciones podemos hacer sustitución estratégica”.
Antonio Quezada, del Comité Ejecutivo del Grupo Difare, distribuidor farmacéutico, explica que el proceso para la sustitución de importaciones de productos elaborados a materias primas se debe manejar lento, pues la industria local aún no estaría capacitada para abastecer a un mercado que se ha manejado con un 80% de productos importados.
Otra medida que analiza el Gobierno para disminuir las importaciones es la de desincentivar el consumo, estimular el ahorro y el financiamiento de casas dirigidas a la clase media y media baja.
“Vamos a ir tomando medidas en el ínterin”, dijo Cely y anunció que habrá una reunión con el sector privado el próximo miércoles y un taller con el presidente Correa, posiblemente en enero.
El sector de la construcción acogió con expectativa el planteamiento del Ejecutivo de estimular el ahorro y el financiamiento de casas.
Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, sostuvo que todo sistema que está relacionado al financiamiento de vivienda es a largo plazo y alimentado con el ahorro familiar.
“Mientras más posibilidades haya de financiamiento a través de la construcción, se genera trabajo, se dinamizan todos los sectores productivos, porque alrededor hay un encadenamiento”, dijo.
Según datos de ese gremio, una vivienda para la clase media cuesta desde $ 35.000, mientras que la popular unos $ 20.000
El pago de tarifas elevadas por cada barril de crudo extraído, la entrega de campos sin licitación, un proceso de caducidad archivado y un juicio pendiente marcan el resultado de la negociación que el Gobierno cerró hace veinte días con las grandes petroleras.
Analistas consultados coinciden en que el cambio terminó beneficiando a las empresas privadas, sobre todo en el pago de la tarifa de extracción.
Un ex técnico de Gobierno, que participó en la primera renegociación, advirtió que el flujo mensual de ingresos al Estado se reduciría en alrededor de $ 10,2 millones con los nuevos contratos frente a lo que recibía con los anteriores. La merma empezaría a sentirla el fisco desde fines de febrero.
La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, enfrenta por segunda vez un intento de juicio político. Ahora lo planteará Rolando Panchana (PAIS), quien hasta ayer tenía 40 firmas de respaldo y la decisión de la Comisión Legislativa de Régimen Tributario, que resolvió recomendar la fiscalización.
Esta interpelación, apoyada por unanimidad en la reunión del bloque PAIS el pasado lunes, tiene como acusación la omisión de decisiones de Sabando en el proceso de liquidación de la banca cerrada.
La Comisión de Régimen Tributario, presidida por el oficialista Paco Velasco, esperó ayer la comparecencia de la Superintendenta pero ella no acudió y pidió que se fije una nueva fecha, lo que no fue aceptado por los comisionados.
Quienes apoyaron el llamado a juicio político contra Sabando a más del proponente Juan Carlos Cassinelli, fueron los oficialistas Paco Velasco, Viviana Bonilla, Vanesa Fajardo, y Vicente Robalino, de PAIS; así como los alternos Javier López (MI) y Diana Alvarado (Prian). Se abstuvieron Betty Amores (PAIS), Alberto Gutiérrez y Patricio Quevedo (SP). Estuvo ausente, Nicolás Lapentti (PSC).
Amores se abstuvo porque al ser vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización tendrá que procesar el caso.
Antes de consignar su voto por el juicio político, Paco Velasco describió a Sabando “como una mujer honrada”. Luego dijo que con respecto al tema de los banqueros, las respuestas de la funcionaria “no me satisfacen a mí, me dejan dudas”.
El principal acusador, Rolando Panchana, afirmó que la investigación sobre la negligencia de la Superintendenta empezó hace cinco meses y que a diferencia del primer intento de juicio –planteado por Galo Lara (SP) en el 2009– este proceso tiene pruebas y parte de una investigación a fondo.
Lara intentó sin éxito interpelar a Sabando, a quien acusó de no colaborar con la entrega total de la información que, a través de ella, se requirió a Seguros Sucre sobre todas las pólizas de seguro del Estado