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El bono de $ 10 para las embarazadas que acudan a chequeos en los subcentros del salud, que está focalizado para 303 parroquias de la Sierra centro, y zonas rurales de Quito y Guayaquil, entró en vigencia a través del decreto ejecutivo 785 que firmó el presidente Rafael Correa el 23 de mayo pasado.

Según el documento, las embarazadas recibirán $ 110 en total, pues por cada una de las cinco consultas previstas durante sus nueve meses de gestación recibirán $ 10; por el parto, $ 60. Luego por llevar a los niños a seis controles en los centros de salud durante el primer año de vida, las madres recibirán $ 60 adicionales; es decir, $ 10 por cada consulta.

El bono será entregado exclusivamente durante la ejecución del proyecto de desnutrición cero 2011-2013, que prevé erradicar la desnutrición crónica a escala nacional.

Este incentivo es para vigilar el embarazo y el desarrollo de los niños hasta el primer año de vida. La idea es que ellas lleven a cinco controles prenatales a sus hijos y a seis controles regulares para verificar la talla y el peso.

Este incentivo fue anunciado en abril pasado en Guamote (Chimborazo). Entonces, el ministro de Salud, David Chiriboga, dijo que beneficiará a 174 mil madres aproximadamente.

El Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad venderá el Holding Grupo Azucarero EQ2 a través de una subasta convocada ayer para el 28 de julio próximo en las instalaciones de la Corporación Financiera Nacional (CFN), en Quito.

De acuerdo con el comunicado público del Fideicomiso, dentro de la subasta no están consideradas las acciones de la empresa Producargo S.A., debido a que estas ya fueron vendidas. Así el valor total de la empresa, sin considerar Producargo, es de $ 191,1 millones; sin embargo, ya que se la subastará con un 20% de castigo, el precio sería de $ 133,8 millones.

Adicionalmente, el Fideicomiso anunció que se realizará una subasta del 35,48% que tiene en el grupo TV Cable.

La tendencia alcista de la cotización del oro en el mercado internacional provoca un buen momento comercial y económico para los exportadores de ese mineral en Ecuador.

De enero a marzo de este año las exportaciones del metal se ubicaron en $ 27’745,73, lo que significa $ 16’199,40 más que similar trimestre del año pasado, según cifras del Banco Central del Ecuador.

Este año, el precio de la onza de oro se ha mantenido por encima de los $ 1.400, alcanzando 25% más que en el año pasado. Expertos internacionales calculaban que en el 2011 el tope sería de 1.400 y prevén para el 2012 un máximo de $ 1.600.

Según el analista económico ecuatoriano Pablo Dávalos este incremento se mantendrá, debido a que los especuladores financieros mundiales van a seguir presionando por mejores precios.

Agrega que la creciente cotización responde a las crisis en los mercados y desconfianza en las divisas que, al ser volátiles, generan nerviosismo y llevan a refugiarse en metales.

Dávalos cree que la mayor demanda del producto genera una señal en los países para seguir obteniendo más oro, buscar nuevas minas y tratar de extraer mayores volúmenes.

Uno de los principales productores y exportadores de oro, que prefiere reservar su nombre y cuya mina se encuentra en el cantón Zaruma (El Oro), manifiesta que la creciente cotización del metal también se debe a que su obtención se ha encarecido, pues cada día se hace más difícil conseguirlo. Esta situación, dice, incluye al cobre y la plata.

Por entregar como ‘cortesía’ alrededor de 13 millones de ejemplares, entre el 2007 y el 2009, diario El Telégrafo dejó de recibir más de $ 3,3 millones como ingresos por ventas.

Así lo revela el examen especial que efectuó la Contraloría General del Estado, entre enero del 2007 y enero del 2010, a la gestión administrativa de ese medio de comunicación, cuyo principal accionista, actualmente, es el Ministerio de Telecomunicaciones. Antes lo fueron, en su orden, la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y el Ministerio de Finanzas.

El informe indica que, de los más de 18 millones de ejemplares “buenos” (es decir, que no presentaron fallas de impresión), se comercializaron alrededor de 5,2 millones por venta directa en las calles o a través de suscripciones.

El resto se repartió gratuitamente. Cada ejemplar tiene un costo al público de $ 0,25, aunque la empresa reconoce un descuento de hasta $ 0,17 a la cadena de distribución (distribuidor, punto de venta y canillita o voceador).

En el 2007, año en que el Estado se hizo cargo de la administración del diario, el porcentaje de ejemplares de cortesía entregado llegó al 45%; en el 2008 subió al 56% y a fines del 2009 y principios del 2010, al 87%, revela la auditoría.