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El Gobierno nacional alista su artillería con el fin de crear “impuestos ambientales”. La medida no solo afectará a los cigarrillos, licores y envases de plástico. También, y esa es la preocupación de las concesionarias de carros, a los vehículos de mayor precio.

El anuncio lo hizo el presidente Rafael Correa en la cadena del sábado pasado desde Galápagos. El ejecutivo habló de aplicar un “impuesto progresivo” a los automóviles. Esto significa que a mayor costo del vehículo, mayor será el “impuesto verde”. Los distribuidores de automotores del país consideran el hecho paradójico pues los carros viejos, que son los más contaminantes, pagarán menos.

El mandatario, sin embargo, justificó la medida haciendo consideraciones de tipo social, antes que ecológicas. “Quien compra un carro de 6.000 cc que cuesta 150.000 dólares tiene que pagar más impuestos”, señaló el mandatario. “(Son carros) que consumen más y pueden pagar más. El pobre que mantiene con mucho esfuerzo su carro viejo, no podrá pagar igual”.

A pesar de las consideraciones, la medida no tendrá reversa. Los valores serán asignados según tres variables. Cilindraje: que determina cuánto consume de gasolina un carro y cuánto contamina. Antigüedad: los más viejos contaminan más. Avalúo: los de mayor valor pagarán más que los de menor valor.

Ante el anuncio presidencial los importadores de automóviles de lujo se han aflojado la corbata para alertar sobre el efecto negativo que tendrán en las ventas los elevados valores que se pagarían por esos vehículos.

Abraham Adum, ejecutivo de ventas de Volvo, sostiene que con el “impuesto verde” se incrementaría en un 7 por ciento el precio de venta al público. “Los vendedores de autos de lujo nos veremos mayormente afectados. Todos nuestros modelos son importados y tienen un cilindraje de 3.500 cc en adelante. Eso significa que las ventas caerán”.

Iván García, gerente regional de Autobahn Volkswagen, apunta en la misma dirección pero sostiene que no está claro cómo va a estar determinado el cobro del mismo. Según García, existe escasa información por parte del propio gobierno sobre el tema.

“Que vamos a tener más pérdidas, estamos seguros”, precisó García, poniendo como ejemplo los gravámenes a los sedán, línea de autos cuyas ventas han caído hasta llegar al 18%.

Para Manuel Murtinho, gerente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), lo anunciado por el presidente es desproporcionado. “No puede ser que los carros con menor cilindraje paguen 30 dólares y los de mayor 5.000. Debería existir un equilibrio en los cobros”.

Murtinho explicó que el impuesto debe regir desde la fecha de publicación y no tener efecto retroactivo, para que en un futuro el comprador sepa que el carro de lujo tiene un valor adicional y así no paguen quienes ahora los poseen.

El gerente de la AEA, concluye que con estas medidas, el efecto va ser contrario al buscado. “Sencillo: la gente va a dejar de comprar carros caros, incrementándose el parque automotor del país”.

“Quienes antes tenían para adquirir un carro de 70.000 dólares -sostiene Murtinho- ahora se comprarán dos de 35 mil. Habrá más carros en las calles, más consumo de gasolina y más contaminación”.

Los empresarios coinciden en que la medida debería dar 180 días de plazo antes de que empiece a regir: las importadoras hacen sus pedidos con anticipación a los fabricantes.

Con la disposición, que no regirá para los carros de “uso productivo” (buses, taxis, ambulancias, vehículos estatales y de carga pesada), el gobierno aspira a recaudar 120 millones de dólares al año, dinero que será invertido -según el gobierno- en programas de salud y ambiente.

Un empresario puede tardar hasta quince días en obtener los certificados que requiere para vender sus productos en el extranjero. Garantizar que sus artículos son 100% ecuatorianos o que fueron producidos con altos estándares de calidad, además de costar dinero y otros recursos es una pérdida de tiempo, según el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro).

Para reducir una parte del trámite, y así poder exportar más rápido, desde mañana estará en vigencia la emisión de certificados de origen por internet. El proceso debe realizarse cada vez que se vaya a exportar independientemente de la cantidad o el precio del producto. Según sus organizadores, emitir esos documentos tomará menos de 15 minutos.

La reforma tributaria que anuncia el Gobierno, cuyo proyecto será enviado en los próximos días para su debate en la Asamblea Nacional, dejó en segundo plano al proceso de designación del delegado de la Asamblea al Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio.

Pese a que este proceso de selección constaba en el orden del día de la reunión del pasado lunes del bloque de Alianza PAIS (AP), no fue tratado, según el asambleísta César Rodríguez, por la extensión del debate sobre los nuevos tributos impulsados desde el régimen, que duró hasta casi las 23:00.

Al encuentro asistieron el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.

Carrasco expuso sobre la reforma que enviará el régimen para su aprobación en la Asamblea y que se basó en sostener el leve impacto que tendrán en los sectores medios y bajos las modificaciones tributarias a los vehículos, licores, cigarrillos y botellas de plástico.

Rivera resaltó que los nuevos recursos que se obtendrán se invertirán en salud y en medio ambiente.

Contratos por $ 3 millones es lo que se espera conseguir en la V Rueda de Negocios Bordando Ecuador, que comenzó ayer y culmina hoy en el Centro de Exposiciones Quito.

Un total de 180 empresas, entre confeccionistas, textileros y proveedores de insumos, se dan cita en el evento al que también asisten empresarios de Venezuela, Colombia y Perú, organizado por la Asociación de Industriales Textiles (AITE).

En los diferentes stands se puede encontrar ropa semiformal, informal, interiores, pijamas, lencería de hogar, uniformes institucionales, ropa para mascotas, sombreros, accesorios y carteras.

Samuel Sultan, empresario venezolano que se especializa en compras de productos textiles provenientes de países miembros de la ALBA, si bien no tenía en carpeta un monto a importar, dijo que ello depende de la calidad del bien y de las facilidades que se puedan lograr entre gobiernos.

“Porque en Venezuela hay un régimen de control de cambios, entonces para acceder a la divisa tiene que pasar una serie de requisitos”, explicó.

José Ángel Tapia de Perú, importador de telas, sostuvo que su presupuesto de compra de material era de $ 100.000 mensuales, si lograba establecer acuerdos.

El sector pesquero se debate entre dos formas de afiliación al IESS: el Seguro Social Campesino (a través de un gremio) y la aportación patronal. Sin embargo, representantes de esa área, indican que hay inconformidad con el primero, y falta de esquemas que se ajusten a las necesidades, en la segunda.

Según Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, los pescadores independientes se pueden afiliar voluntariamente al Seguro Campesino, mientras en el caso de la pesca dirigida por un armador, deben ser afiliados por el dueño de la embarcación.

La inconformidad con el Seguro Campesino radica, según pescadores, en que los dispensarios se encuentran muy lejos de los sitios de trabajo de los pescadores, esto pues la mayoría están ubicados en zonas agrícolas. Así, si hay un accidente en una lancha deben recorrer, al menos, una hora para encontrar atención.

En el caso de la afiliación patronal, en cambio, surgen situaciones por definir como la alta rotación de empleados que existe y la falta de un sueldo fijo, ya que se paga según las ganancias de cada viaje.