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Siete empresas de los sectores de flores, brócoli, atún y textil (medias) participarán en las pruebas para la implementación de la Certificación de Abono Tributario (CAT).

Esta medida es una compensación para los sectores afectados por la no renovación del Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas (Aptdea, por sus siglas en inglés) que empezará a implementarse el próximo 18 de julio.

Hasta tanto se realizarán ejercicios para afinar el procedimiento a cargo del Comité de Comercio Exterior, el Servicio de Rentas Internas y el Banco Central del Ecuador.

Dos firmas exportadoras representarán a cada ámbito productivo, a excepción del textil, donde solo hay una compañía que exporta medias panty al mercado estadounidense.

Hasta las 14:00 de ayer ninguno de los sectores remitía la información al Ministerio de la Producción, que realiza la coordinación.

La elección dependerá de los gremios que la representen y lo harán de forma aleatoria.

Ignacio Pérez, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores, explicó que aún están recolectando la información solicitada por el ministerio: factura, la Declaración Aduanera Única (DAU) que es mensual y por destino, así como la guía de embarque.

El Comex validará la documentación física que presente el exportador, pasará al Servicio de Rentas Internas (SRI) que corroborará las facturas y esa información llegará al Banco Central del Ecuador (BCE) para confirmarla y emitir el certificado de forma electrónica.

Para Francisco Correa, de la empresa de brócoli Provefrut, la resolución del Comex para su sector es inaplicable, pues los importadores en Estados Unidos son quienes pagan y la factura no sale a nombre de quien exporta.

La propuesta presentada, a la que calificó de “simple”, es que con la factura de exportación se hagan las liquidaciones, pues ese documento se registra en el Banco Central.

Mauricio Peña, viceministro de la Producción, precisó que el proceso de pruebas ya arrancó con la solicitud de la información a las compañías exportadoras y el afinamiento de los sistemas internos del Servicio de Rentas y el BCE

Tras casi 40 años en el mercado de aviación, Ícaro, empresa ecuatoriana, presentó este mes una solicitud de disolución a la Superintendencia de Compañías (SC).

El trámite actualmente se encuentra en la Dirección de Disolución y Liquidación de esta entidad.

Fuentes de la Superintendencia de Compañías confirmaron que el proceso de disolución y liquidación podría durar de 6 a 8 meses, siempre y cuando haya interés en la presentación de los documentos necesarios.

Hasta que se complete el trámite, la compañía puede continuar con sus actividades de forma regular, cumpliendo con las obligaciones que tiene pendientes, como pagos a proveedores y cobros a clientes, se explicó en la SC, pero sin desarrollar nuevas áreas.

Una vez que se apruebe la disolución dejará de operar en el mercado.

La compañía fue creada en septiembre de 1971 por el capitán Guido Saltos, quien se desempeña como presidente ejecutivo, pero según su asistente, prefiere no dar declaraciones ante un requerimiento que le hizo este Diario sobre la situación de la empresa.

La página web oficial de Ícaro refiere que esta aerolínea ofrece servicios aéreos en vuelos tipo chárter, taxi aéreo y escuela de pilotaje.

En 1984 solicitó a la Dirección General de Aviación Civil (DAC) la autorización para realizar vuelos especializados con helicópteros para sectores petrolero y minero, donde los trabajos aéreos estaban enfocados en actividades de exploración y explotación de los recursos naturales correspondientes.

En 1995 obtuvo un permiso de la autoridad aeronáutica y Petrocomercial, para distribuir combustibles de aviación y proveer servicios de manejo y abastecimiento de aeronaves en todos los aeropuertos del Ecuador.

Coca, Manta y Quito son los destinos a los que llega la empresa con una tarifa de $ 99,99, y a Galápagos, con $ 199,99. En esta última ruta tiene una frecuencia a Baltra, que la utiliza la aerolínea LAN con un acuerdo de código compartido.

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre el 2008 y el 2010, el impuesto a la renta causado de la empresa Ícaro fue de $ 0, mientras en el 2007 alcanzó $ 27.929 y en el 2006 llegó a $ 59.009.

Fernando Guerrero, de la DAC, indicó que mediante una publicación se hizo una convocatoria de socios para tratar varios puntos, entre ellos la liquidación, pero no tenían ninguna notificación de que la compañía había presentado alguna solicitud en ese sentido, aunque aclaró que ese trámite no necesariamente se debía presentar ante esta entidad, por tratarse de un tema societario. “En este momento la empresa está operativa”, aseguró.

Guerrero explicó que cuando una aerolínea, por cualquier razón, no puede operar las frecuencias otorgadas, se la llama a que justifique y si no hay justificación, se revoca, suspende o modifica.

“En el caso del retiro, las frecuencias vuelven al Estado y se espera que otra aerolínea solicite y cumpla con los requisitos”, agregó el funcionario.

Otras empresas presentes en el mercado aeronáutico nacional son: Tame, Aerogal, LAN y Saereo.

Rutas y negocios

Destinos: La aerolínea ecuatoriana Ícaro vuela actualmente a Coca, Manta, Quito y las islas Galápagos.

Otros viajes: Tiene autorización para hacer vuelos especializados con helicópteros para los sectores petrolero y minero.

Distribuidor: Además despacha combustibles tipo Jet A-1 y Avgas 100/130.

Aviones: Hace cinco años incorporó a su flota dos Boeing 737-200 Advance

En la Asamblea Nacional se gesta un nuevo juicio político. El asambleísta Galo Lara (Sociedad Patriótica) presentó la semana pasada un pedido en este sentido contra la ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce.

El asambleísta la acusa de “fraude”, al ejecutar el sistema de aseguramiento de cobertura de protección familiar para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Lara explicó que toda persona que recibe el bono tiene un seguro de vida por $ 500 que, en caso de fallecer, debe ser cobrado por su familiar más cercano. Según las cifras que sustentan su pedido de juicio político, entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de mayo del 2011 hubo 21.970 personas fallecidas, por lo que algún familiar debía acceder a este beneficio.

Sin embargo, solo 4.422 parientes recibieron esa indemnización o iniciaron el trámite. Los 17.548 restantes no han cobrado su seguro, aseguró Lara, lo que equivale a un perjuicio de unos $ 8,7 millones.

El pago de ese monto, dijo, le corresponde a Seguros Sucre.

Sin embargo, la ministra Ximena Ponce negó que la gente no está cobrando, porque en la póliza existe un periodo de reclamos de dos años. “La persona cuyo familiar murió en octubre del 2009, cuando empezó el programa, aún puede reclamar hasta octubre del 2011”, afirmó.

Los fenómenos que han generado el crecimiento de transacciones por internet son parte de los temas que se presentarán durante las once exposiciones del e-commerce day, mañana en el hotel Hilton Colón.

Temas como el uso de cuponeras digitales, compra en boletería para eventos y recargas de celular por internet son los principales factores que apuntalan el crecimiento del 40% en las transacciones de la región, según Ana María Sandoval, gerente comercial de BuscaPé, empresas que reúnen a marcas de comercio electrónico como PagosOnLine, Lomadee, E-bit y Qué barato.

Estas conferencias, organizadas por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE) y la Cámara de Comercio de Guayaquil, tendrán al menos 400 inscritos para escuchar a los once expositores de países como Colombia, Estados Unidos y Brasil. El costo de las entradas es $ 210 para el público y $ 80 para socios. El evento empezará a las 08:30.