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Archive for junio 22nd, 2011

El Servicio de Rentas Internas (SRI) clausuró ayer 113 establecimientos comerciales, dedicados a la venta de CD y DVD en varias ciudades del país, porque  no emitieron los comprobantes de venta.

Específicamente en Guayaquil, la entidad procedió a cerrar 24 locales que, además de incumplir las obligaciones tributarias, violan otras normativas que perjudican a la industria nacional de músicos, artistas y compositores que no son retribuidos a través del pago de impuestos.

En un recorrido efectuado ayer en la urbe, funcionarios del SRI clausuraron tres locales, dos en la Garzota y uno en Urdesa Central. En cada uno de los sitios, el personal encargado  explicaba  a los administradores los motivos por los cuales podrían ser cerrados. En el caso de que sea   la primera ocasión el cierre tiene un lapso de siete días y si era reincidente se extendería hasta diez días. Los administradores eran advertidos de que si durante el lapso de la clausura retiraban los sellos serían multados y en el caso de repetir la falta podrían ser sujetos a sanciones penales.
Juan Miguel Avilés, gerente regional del SRI, destacó la labor desarrollada por la entidad al precautelar los intereses de los productores nacionales. Además, recomendó a los dueños de estos tipos de negocios que comiencen a entregar sus facturas si las ventas superan los 4 dólares y de 12 dólares en el caso de estar en el régimen simplificado.

Un total de 168 locales, incluyendo los 113 clausurados, fue  visitado  por el SRI durante enero y febrero para brindarles campañas informativas y preventivas en las que se indicó a los propietarios la obligación de tener el Registro Único de Contribuyente (RUC), emitir comprobantes de ventas y cumplir con los derechos de autor.

Las clausuras se realizaron de manera simultánea en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Portoviejo y Riobamba.

Estos negocios ya tuvieron problemas a inicios del año, pero esta vez con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IEPI).

En aquella época, el organismo estatal intentó clausurar los locales donde se vendían discos de música y de películas que irrespetaban el derecho de autor.

Como reacción se creó una asociación de propietarios de estos locales, quienes aducieron que pagaban impuestos y cumplían con  las normas impuestas por el Servicio de Rentas Internas.

El IEPI intentó cerrar al menos los almacenes más grandes, específicamente los que están ubicados en la avenida Víctor Emilio Estrada, que se dedican a esta actividad.

Finalmente, el intento no funcionó y estos locales siguen laborando con normalidad. De igual forma lo hacen los puestos de venta ubicados en la Bahía de Guayaquil, en el Malecón. Hay vendedores informales también que se dedican a comercializar estos artículos en   el país.

Utilizado como una red para transmitir noticias o hacer contactos alrededor del mundo, ahora las alas de Twitter se abren a los negocios, generando ganancias tanto a la empresa como a emprendedores desde sus cuentas personales.

Es así que con más de 200 millones de usuarios, según la página especializada en medios digitales eMarketers, Twitter espera ganar $ 150 millones en publicidad durante este año.

Esto a través de tweets promocionales o ventas de publicidad desde las cuentas de los usuarios donde la empresa gana el 50% de lo pautado.

Los avances de la empresa, iniciados el año pasado, van de la mano con el nacimiento de los proyectos de negocios ideados por sus usuarios.

Una nueva medida cautelar, solicitada por los actuales empleados de Cervecería Nacional (CN), deja temporalmente sin efecto la ejecución de la sentencia en contra de la compañía.

El juez undécimo de lo Civil de Pichincha, Reinaldo Flor Alvarado, resolvió suspender, de manera temporal e inmediata, los efectos de la sentencia de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, que dispuso que la Cervecería cancele más de $ 90 millones por utilidades impagas a un grupo de excolaboradores.

A criterio de los empleados de CN, la resolución del juzgado undécimo ratifica que todo juez debe de abstenerse de ejecutar cualquier acción destinada a aplicar la sentencia que pesaba en contra de Cervecería.

Gonzalo Balladares, procurador de los trabajadores de CN, indicó que la medida cautelar fue pedida por sus compañeros para que el juez proteja los derechos laborales y se deje sin ejecución la sentencia.

“Esto ratifica nuestro derecho a la resistencia”, aseveró Balladares, al recordar que hace 96 días se acogieron a ese derecho para rechazar el fallo.

Después de casi cuatro meses desde que los bancos iniciaron la devolución del dinero a los afectados por fraude informático, la Superintendencia de Bancos aún no entrega a la Fiscalía el reporte de la devolución total de estos valores.

Este documento fue pedido hace un mes por el jefe del Departamento de Investigación y Análisis Forense de la Fiscalía, Santiago Acurio, para la actualización de los procesos de devolución a los afectados.

Los bancos iniciaron el pago cuando la Superintendencia presentó la disposición de devolver el dinero a las personas afectadas entre enero del 2010 y el 21 de marzo del 2011. Desde el año anterior hasta abril de este año, la Fiscalía registró 2.006 robos informáticos.

Acurio indicó que para hacer ágil la recopilación de los datos, esta semana enviará el requerimiento de información a los bancos que reportaron la mayor cantidad de casos. Con esa información, aseguró, se quiere determinar la cantidad total que pagaron las entidades y si ya terminaron el proceso.