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Los representantes de las cooperativas de ahorro y crédito cerradas al público de  Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar se reunieron ayer en el Gobierno Zonal, de Guayaquil, para presentar sus propuestas para el reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria.

La cita estuvo dirigida por Freddy Pérez, director nacional de las cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), explicó que una comisión multisectorial   elabora  el reglamento general de la normativa que entró en vigencia el pasado 10 de mayo.

El funcionario explicó que las cooperativas cerradas son aquellas que tienen vinculación con una empresa o   institución  específicamente y que no puede receptar dineros de ciudadanos comunes.

Cuando se elabore el reglamento,   las cooperativas -sean cerradas o no- serán   reguladas por la Superintendencia de Economía. “Esto permitirá tener un mayor control sobre la  forma   que se manejan estos dineros”, manifestó Pérez.

Durante el evento, los delegados de las cooperativas solicitaron que en el estatuto de la normativa se aclare el tema de los períodos de las directivas de las firmas y, también,  que   especifiquen   las dietas que percibirán los funcionarios.

La segunda feria comercial Ecuador compra Ecuador, organizada por el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro),  reunió ayer,   en Guayaquil, a 260 productores nacionales y 30 compradores. La semana pasada se realizó en la capital de la República.

“Ecuador compra Ecuador” es la iniciativa del Mipro para  apoyar al sector productivo y ahorrar cerca de  200 millones de dólares anuales en sustitución de importaciones.

Verónica Sión, titular del Mipro, se encargó de inaugurar la feria que se inició ayer, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil, y que hoy culmina. La funcionaria aseguró que el objetivo de estos eventos es que los productores nacionales tengan la oportunidad de vender sus  productos a las grandes cadenas comerciales del país, especialmente a los supermercados.

Se calcula que solo en Quito y Guayaquil, las grandes cadenas de almacenes podrían comprar, en promedio,   135 millones de dólares al año   a los nuevos emprendedores.

Ricardo Zambrano, subsecretario de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Artesanías (Mipymes), dijo que este tipo de proveedores nuevos crece  aceleradamente, por lo que se cree que en dos o tres años se llegará a los 200 millones de dólares, que es la meta para la sustitución estratégica de importaciones.

Una mayor facturación obtuvo Cervecería Nacional (CN) en el 2010, aunque su volumen fue afectado por la restricción a la venta de bebidas alcohólicas impuesta por el régimen, desde junio de ese año y el litigio legal en el que extrabajadores reclaman el pago de utilidades.

La mayor cervecera del país, subsidiaria de la multinacional SABMiller, obtuvo un modesto crecimiento del 4% en el volumen de ventas de sus cervezas, un desempeño que está ligado a ambos sucesos. Su crecimiento en el resto de categorías (agua y maltas) fue de apenas el 3,3%.

Y, aunque el volumen de cervezas tuvo una afectación que fue visible en el segundo semestre, CN pudo mitigar parte de la caída con otras medidas, lo que incidió para que al cierre del 2010 sus ventas, en términos monetarios, hayan cerrado en 321,1 millones de dólares, es decir, 9,85% más que en el 2009.

Su utilidad neta llegó a $ 81,1 millones frente a los $ 71,6 millones alcanzados en el 2009.

El reporte financiero de CN refiere que debido a las restricciones en el expendio de cervezas, enfrentó un decrecimiento en ventas del 2% en el segundo semestre del año comparado con el mismo periodo del 2009, con mayor impacto en las ciudades principales.

Otro hecho que incidió en las cifras de diciembre fue la suspensión de la producción de Pílsener y Club, que ordenó una jueza dentro del proceso legal que enfrenta la compañía con un grupo de excolaboradores, los cuales reclaman más de $ 90 millones por utilidades de 1990 al 2005.

En ese último mes del año, el volumen de cervezas decreció un 9,5%, principalmente porque la orden judicial involucró a Pílsener y Club, que representan cerca del 98% del negocio de la empresa.

La medida provocó que CN deje de producir y vender unos 76.000 hectolitros de cerveza, equivalentes a cerca de $ 7,6 millones (cuantificados a precio de venta), según sus cifras de la compañía.

Después de un año de la absorción y meses de anuncios, Alegro, la operadora móvil estatal contará con una nueva plataforma tecnológica para mejorar y ampliar sus servicios. Migrará de la actual CDMA (en español: Acceso Múltiple por División de Código) a la nueva Hsdpa+ (High-Speed Downlink Packet Access), de mayor velocidad para bajar datos.

La renovación le costará $ 74 millones a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), actual dueña de Alegro, y se cancelarán a dos compañías que resultaron ganadoras, de una subasta efectuada hace dos meses.

Las empresas proveedoras de la tecnología serán la china Huawei y la francesa-estadounidense Alcatel, confirmó una fuente vinculada al Gobierno.

El directorio de la CNT, que absorbió a Telecsa en marzo del año pasado, resolvió el lunes de la semana anterior autorizar la firma de los contratos.

Cuando Alegro nació, en diciembre del 2003, las autoridades de entonces le proporcionaron la tecnología CDMA, que hasta el momento no le ha permitido desplegar su cobertura en la misma proporción que sus competidoras: Claro y Movistar, que dominan el mercado.

La primera, incluso, lidera la telefonía móvil con un total de 10,82 millones de líneas activas; la segunda, con 4,41 millones y Alegro con apenas 298.124 (1,9%) clientes en casi ocho años de operación.

Claro y Movistar ofrecen sus servicios con tecnología de segunda y tercera generación móvil, es decir EDGE, 2,5, 3G y 3.5G, mientras que Alegro se quedó en la segunda generación. “No se olviden que Telecsa nació muerta”, dijo en su momento César Regalado, gerente de la CNT, al tiempo de recordar que en el 2003 las autoridades de entonces “tuvieron la oportunidad de incluir una operadora fuerte en el mercado, pero escogieron una tecnología que estaba caducando”.

Desde el inicio de sus operaciones hasta el 2009 Alegro registró pérdidas acumuladas por $ 220 millones; eso motivó al Gobierno a buscar alternativas de solución como asociar a la compañía o desaparecerla. Las pérdidas del 2010 no se han informado.

El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) aprobó un nuevo tope de consumo eléctrico para que los usuarios de la Costa mantengan el subsidio, aunque solo en la época invernal.

La noche del viernes el organismo resolvió que los abonados del Litoral del sector residencial dejarán de percibir esa ayuda de manera gradual cuando demanden más de 700 kilovatios hora al mes (kWh/m) entre los meses de diciembre y mayo, y no a partir de 500 kWh/m como se estableció para el resto del país.

El Conelec fijó un nuevo esquema tarifario a través de la resolución aprobada el pasado 9 de junio. Una semana después, y frente las críticas que esto provocó, el presidente Rafael Correa anunció una variación en la base del cálculo para los residentes de la Costa.

El pliego aprobado regirá desde el próximo 1 de julio, es decir desde este viernes, y los nuevos valores se reflejarán en las planillas de agosto. Los costeños contarán con el tope de 700 kWh/m a partir de diciembre, por lo cual ellos también empezarán a constatar el alza en sus facturas de agosto.

El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, confirmó ayer la última decisión del Consejo y expresó su confianza en la justicia por el archivo de los cuatro recursos planteados contra las nuevas tarifas.