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La inflación de Ecuador en julio cerró con una subida del 0,18 por ciento, superior al 0,04 en junio, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La inflación acumulada de enero a julio alcanzó el 2,99 por ciento y la anualizada (julio 2010-julio 2011) se situó en el 4,4 por ciento.

El INEC detalló que los artículos que contribuyeron al aumento del indicador de precios en julio fueron los muebles y los productos para el hogar, que se encarecieron en un 1,06 por ciento.

Además, la canasta básica de productos se ubicó en 559,41 dólares, mientras que el ingreso promedio familiar en 492,80 dólares, precisó un comunicado del INEC publicado en su página web.

De su lado, la ministra Coordinadora de Política Económica, Katiuska King, indicó que el Gobierno estima un crecimiento del 4,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012.

Esta cifra estaba fijada en 5,17, pero la paralización de ocho meses en la refinería Esmeraldas por asuntos de mantenimiento y modernización de sus equipos incidirá en el ejercicio.

El Plan de Reconversión Laboral, que permitirá reubicar en otras plazas de trabajo a los empleados de los casinos y salas de juegos que serán cerrados, está listo para su implementación, confirmó el ministro coordinador de la Producción (e), Mauricio Peña.

La prohibición del funcionamiento de estos centros de diversión fue aprobada por los ciudadanos en la consulta popular del pasado 7 de mayo.

El secretario de Estado indicó que el Ministerio de Relaciones Laborales se encargará de ejecutar el plan, que dará prioridad a quienes trabajan en los locales que operan en forma legal. No se descarta que este programa también beneficie posteriormente a los trabajadores de los establecimientos ilegales cerrados, precisó Peña, en un comunicado.

El programa ha sido diseñado por los ministerios de Relaciones Laborales, de Producción y Turismo, tras el acuerdo que suscribieron hace tres meses.

La subsecretaria de Turismo del Litoral, Paola Gálvez, indicó que para poder garantizar el proceso de reubicación se ha realizado un censo de los empleados, quienes han llenado una ficha técnica para identificar sus capacidades. Adicionalmente, con el apoyo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, se dictarán cursos de turismo, gastronomía, área hotelera, entre otros.

“No van a quedar desamparados, hay un convenio firmado que los vamos a respetar”, dijo la funcionaria.
Desde el miércoles, por disposición del Ministerio del Interior, las gobernaciones e intendencias de las provincias realizan operativos permanentes para cerrar los negocios de juegos de azar que funcionan en el país.

En la primera fase las clausuras están enfocadas únicamente hacia los establecimientos ilegales, aquellos que no cuentan con los permisos respectivos de funcionamiento. Pero el Gobierno diseña un cronograma que incluye a los casinos que funcionan en los hoteles cinco estrellas, que también deberán cerrar sus operaciones.

En el país hay más de 120 negocios de juegos de azar ilegales, que serán cerrados progresivamente, explicaron autoridades de la Intendencia y Ministerio del Interior.

El plazo de cierre de los establecimientos de juegos de azar y casinos legales aún no ha sido establecido por el Gobierno, ya que se analizan varios factores para una definición, señaló el funcionario.

Sin embargo, el presidente de la República, Rafael Correa, indicó en una entrevista con un canal local, que los casinos tendrán un plazo de uno a dos años para que liquiden sus operaciones.

Fausto Florez, representante de la Asociación de Casinos, indicó que debe diferenciar los sitios ilegales en donde hay las máquinas tragamonedas de los casinos, ya que estos últimos -según la ley de Turismo- se encuentran legalmente constituidos cuando funcionan en un hotel porque cumplen con los reglamentos.

Florez también señaló que para abrir un casino se requiere una inversión de al menos $ 4 millones. Ante esto, mencionó, el cierre de estos locales se debe realizar dentro de un proceso que permita la oportuna liquidación de los empleados, el cierre de activos y pasivos, entre otros trámites.

A nivel nacional hay 35 casinos y 20 salas de juego y bingos mecánicos registrados en el Ministerio de Turismo, en los que se invirtió 180 millones de dólares. Estos locales ofrecen 3.000 puestos de trabajo directos y 23.000 indirectos.

 

Después de 39 años de operaciones, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) superó esta semana los 4.000 millones de barriles de petróleo transportados, un acontecimiento importante para la estatal Petroecuador que administra la tubería desde 1989.

El SOTE tiene una extensión de 503 kilómetros, que va desde Lago Agrio (Sucumbíos) hasta el puerto de Balao (Esmeraldas). El gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador, Marcelo Proaño, indicó que a través del oleoducto se transporta 360 mil barriles diarios de forma ininterrumpida.

De ellos, 100 mil barriles ingresan a la refinería Esmeraldas y 35 mil barriles a la refinería La Libertad. La diferencia, es decir 225 mil barriles, se destina a la exportación.

En 1972, cuando estalló el boom petrolero, Ecuador exportó 24,9 millones de barriles por un total de 62,4 millones de dólares. Hasta 2006 el país había comercializado más de 2.526 millones de barriles de crudo por un valor aproximado de 51.705 millones de dólares, un ingreso que ayudó a financiar el Presupuesto General del Estado.

La exportación de crudo Napo y Oriente se ha incrementado en los últimos años. Sólo en 2010 las ventas alcanzaron los 92,7 millones de barriles por un total de 6.665 millones de dólares.

Es que el SOTE opera casi al 100% de su capacidad. Mientras que en el primer año de operaciones el oleoducto transportaba alrededor de 250 mil barriles diarios, actualmente podría soportar hasta 400 mil, según la calidad del crudo.

A pesar del intenso trabajo, Proaño aseguró que el oleoducto está en muy buen estado. Para lograrlo, Petroecuador monitorea en tiempo real el desempeño de las estaciones que componen el sistema Lago Agrio, Lumbaqui, El Salado, Baeza, Papallacta, Santo Domingo y Balao.

Los 503 km de tubería son supervisados constantemente, al igual que las bombas y motores que mantienen operativo al SOTE. Los trabajos de mantenimiento se cumplen cada 16.000 horas (dos años), una labor que se realiza 100% con mano de obra ecuatoriana.

Rodrigo López, supervisor del taller de mantenimiento mecánico, contó que hace más de una década las piezas y partes eran reparadas en el exterior, un proceso que tomaba cerca de seis meses. Desde que Petroecuador asumió la administración del oleoducto, los obreros ecuatorianos aprendieron el oficio y ahora son especialistas, al punto de que algunas piezas son construidas por ellos mismos.

Como parte del mejoramiento de la infraestructura, al momento la empresa invierte en la renovación del sistema contra incendios, principalmente en los tanques de almacenamiento de crudo.

En la estación de Lago Agrio, la más grande del SOTE, existen ocho tanques de almacenamiento con una capacidad de 250 mil barriles cada uno. El 28% del petróleo que se transporta a través de ese oleoducto corresponde a Petroecuador, el 20% a la estatal Petroamazonas, el 9% a la operadora Río Napo y el 43% restante a otras compañías.

En la terminal petrolera de Balao existen otros 10 tanques de almacenamiento con capacidad para 3,2 millones de barriles de crudo de exportación.

Aunque en la década del 90 empezó a operar el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), sus volúmenes no alcanzan ni el 50% de lo transportado a través del SOTE, según datos de Petroecuador.

En el marco del proceso de reestructuración del sistema de justicia del Ecuador el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) cesó en funciones a 161 servidores judiciales y se analizan otros nombres.

La resolución No. 001-2011 expedida por unanimidad de los tres miembros del organismo determina el cese de funciones de 38 jueces, 6 juezas y 4 conjueces, todos ellos designados con nombramiento provisional durante el período 2009-2011.

Además, se deja sin efecto 42 nombramientos provisionales de personal judicial y administrativo, celebrados entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2011, y se dispuso dar por terminados 71 contratos de servicios otorgados en el período comprendido entre el 1 de enero al 13 de julio de 2011.

Según el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, la decisión fue adoptada en base a los informes presentados por la Unidad de Recursos Humanos y en uso de las atribuciones constitucionales que se les asigna.

“Son casos de libre nombramiento y remoción, pero fundamentalmente lo que hacemos es cumplir y hacer cumplir lo que el pueblo dispuso de manera expresa el 7 de mayo”, dijo, al señalar que no habrá acefalía en los cargos, ya que los presidentes de las cortes provinciales de justicia, así como los directores provinciales de la Judicatura, tienen la potestad para designar a los reemplazos.