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Una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) y de la Superintendencia de Bancos y Seguros realizará un seguimiento de la compra de cartera que realizó el Banco Pichincha de España en ese país ibérico.

Como parte de su estrategia para sumar más clientes, esa entidad financiera se hizo cargo en las últimas semanas de cerca de 500 préstamos personales de montos que rondan los 10.000 euros (unos $ 13.888), cuyo acreedor era Bankia (la entidad nació en marzo pasado fruto de la fusión de siete cajas de ahorros).

La operación, contemplada en el Código de Comercio español, generó inquietud en el seno de las asociaciones de inmigrantes que temen que si el deudor elude su obligación, el banco intente recuperar el dinero del préstamo embargando bienes en el Ecuador.

Betty Tola, secretaria nacional del Migrante, explicó que estos son préstamos personales que realizaron los ecuatorianos. “Es un ámbito difícil de intervenir porque son normas que rigen en el Gobierno español y el Banco Pichincha español cumple las normas españolas”, indicó la funcionaria.

Según Tola, recibieron comunicados que supuestamente entregó el banco en el que se advertía que sus deudas pudieran cobrarse con los bienes en Ecuador. Hecho que fue desmentido esta semana por las autoridades de la institución bancaria.

Tampoco el Gobierno ecuatoriano puede respaldar a los ecuatorianos que atraviesan dificultades para continuar con el pago de las hipotecas.

Mientras que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, explicó el miércoles pasado que el Banco del IESS no puede por ley asumir los créditos hipotecarios que tienen los ecuatorianos en España. “No vamos a comprar cartera de créditos afuera, si desean préstamos hipotecarios lo podemos hacer directamente con el afiliado, si la deuda es en el Ecuador, pero si es en España no lo podemos hacer porque no tenemos esa posibilidad”, dijo.

Más datos: Ministro
Declaración
El canciller Ricardo Patiño calificó la semana pasada de “agresión sin nombre” la decisión del Banco Pichincha España de comprar la cartera de deuda de los inmigrantes ecuatorianos a bancos españoles “para que cobre la deuda por si acaso se regresan a Ecuador”.

Fuente El  Universo

El plan Reúsa Llanta, impulsado por el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) para aumentar el reencauche de llantas de vehículos pesados en el país, aguarda por la aprobación del reglamento técnico para las normas de calidad para el reencauche, según voceros de dos reencauchadoras que participan en el proceso.

Las normas 2581 y 2582, y el reglamento están en proceso de aprobación en el Instituto Nacional de Normalización (INEN) y una vez que sean aprobados, el Mipro tendrá que designar a las empresas verificadoras que realizarán los controles en las plantas reencauchadoras inscritas en el programa oficial, señaló Roberto Wohlgemuth, de Llantera Oso.

Este plan arrancó el mes pasado y el Gobierno ha ofrecido invertir $ 2,3 millones en los tres años de aplicación.

Una de las once empresas que participan en el plan es Antonio Pino Icaza, que anualmente reencaucha el 10% del total que se reutiliza en el país, que alcanza las 100.000 unidades.

Pavel Villegas, jefe de la planta, dice que están en espera de que el plan avance. Señala que una de las preocupaciones es que solo habrá un laboratorio en el país para analizar la calidad del producto. Se ubicará en Quito y estará a cargo del departamento de Materiales de la Escuela Politécnica Nacional.

Hasta ese laboratorio, cuyo equipamiento se hará mediante compra pública, llegarán las muestras de las plantas que ya hayan visitado las verificadoras. Villegas indica que este análisis tomará más de 48 horas y cree que ahí podría haber demora para obtener el certificado de operación, que puede ser para uno o dos años

Wohlgemuth dice que con el plan se bajará la importación de llantas no reutilizables que ahora inundan el mercado. “Será obligatorio usar llanta reencauchable”, asegura.

Las ensambladoras Maresa (Mazda), Ómnibus BB-General Motors (Chevrolet) y Aymesa (Kia) están “nuevamente trabajando”, de forma normal aseguró Patricio Sánchez, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz (Cinae).

A inicios del mes pasado, Sánchez dijo que las ensambladoras tendrían complicaciones para nacionalizar su materia prima (CKD) con los nuevos costos generados por los aranceles que impuso el Gobierno y eso “ocasionará una paralización progresiva tanto de estas como de las empresas productoras de autopartes, ya que se encuentran encadenadas”.

La decisión se la había tomado después de que el Comité de Comercio Exterior (Comex) , estableció –en la resolución 18– una tabla de aplicación “escalonada y progresiva” de aranceles para CKD de autos que van del 10% al 18%, y en partes de camionetas de 5% al 9%.

Debido a la no nacionalización de esos productos, la programación de las ensambladoras tuvo que variar afirmó Marcelo Ruiz, director de Cinae. “Hace dos semanas suspendieron la producción de un viernes, estaban trabajando 4 días por semana. (General Motors) Ómnibus BB reinició” la semana pasada, explicó Ruiz.

Esto se dio casi a la par con el anuncio de una reforma a la resolución 18, por parte del Comex, para aplicar de forma inmediata descuentos sobre el arancel a los CKD en función del contenido nacional. “Se descontará 1% del arancel fijado, en función de cada 2% de incorporación de una parte o pieza de origen ecuatoriano”, explicó Verónica Sión, ministra de Industrias, el miércoles pasado.

Sánchez manifestó que antes constaba “la aplicación del arancel y no se realizaba el descuento al mismo tiempo”.

Indicó que se está cancelando el arancel por concepto de desaduanización de CKD. “Stock lo tenemos, eso no hay ningún problema” según Sánchez.

La suspensión del ensamblaje también afectó a proveedoras nacionales. Guillermo Landázuri, gerente de Metaltronic confirmó que hubo inconvenientes las dos semanas anteriores en la entrega de su producción. Esta compañía fabrica partes de chasis, pisos y baldes para autos Chevrolet.

El jueves pasado, la ministra de la Producción, Nathalie Cely calificó de falacia el anuncio de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) de que no podrá satisfacer la demanda en lo que resta del año, por la restricción de la compra de vehículos en el 20% a través de las licencias de importación. También los emplazó a demostrar que no hay vehículos para proveer.

Fuente  El  Universo

El undécimo proyecto de Reforma Tributaria, llamado ‘verde’ que enviará en estos días el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente, aumentaría la presión tributaria en Ecuador, que según datos de la Cepal, desde el 2006 hasta el 2010 creció en 5,8%.

Con las continuas subidas en los últimos años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hasta el 2010 la presión tributaria del Gobierno (incluidas las contribuciones a la seguridad social) llega a un 19,7% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los indicadores más elevados de América Latina.

Es así que esta cifra de recaudación tributaria está entre las catorce más elevadas de los 33 países de Latinoamérica y el Caribe y la cuarta más alta de Sudamérica, solo superada por los indicadores de Uruguay, Brasil y Argentina.


 

El incremento, según Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación económica Análisis Semanal, se debe en parte a la mejora en recaudación tributaria, sumado a que en los últimos cinco años se han registrado aumentos en impuestos, como el aplicado a los consumos especiales (ICE), además de la creación de nuevos tributos.

Ante la subida en estas imposiciones, Acosta dice que la principal consecuencia es el encarecimiento de la actividad empresarial y el desincentivo a las inversiones privadas.

Además, señala que esa presión tributaria no corresponde al desarrollo de Ecuador, pues normalmente los países con mayor carga tributaria son los de más crecimiento.

Vicente Albornoz, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, explica que no es malo cobrar impuestos, si los servicios que brinda el Estado son excelentes y compensan esos rubros, por ello puntualiza que el problema se da cuando los servicios prestados son mediocres y “no sirve de nada cobrar los impuestos”.

Albornoz también señala que es importante notar que Ecuador está entre los pocos países que aumentó su carga tributaria desde el 2008, pues la tendencia fue mantenerse.

Eso se explica, dice, en que es inconveniente subir impuestos cuando se entra en recesión, aludiendo a la crisis del 2009. Según la Cepal, en el 2008, la presión tributaria era de 16% en relación al PIB, en el 2009 subió a 17,9% y luego dos puntos más en el año siguiente.
Albornoz calcula que la nueva reforma tendría un peso de medio punto del PIB, pero que sumado al escenario existente se vuelve preocupante.

El proyecto del Ejecutivo plantea generar $ 400 millones al año, con impuesto sobre la contaminación con vehículos (proporcional a los centímetros cúbicos y a los años de fabricación), además de gravar a las botellas plásticas, al tabaco y al licor. Adicionalmente, un aumento del 2% al 5% en montos por salida de capitales.

El presidente Rafael Correa dijo el sábado en su enlace que este impuesto afectaría a “ciertas actividades comerciales de importación, para los especuladores financieros o para esas personas de alto ingreso que consumen bienes importados”. Con ese dinero, dijo, se financiaría un plan para mejorar la calidad de la gasolina, valorado en $ 200 millones.

Entre los incentivos tributarios de este Gobierno están los incluidos en el Código de la Producción, donde se determina la baja progresiva de la tasa impositiva del Impuesto a la Renta (IR) del 25% al 22% para empresas, desde este año.

Esta reducción, según datos del Servicio de Rentas Internas, significaría que el Estado deje de percibir unos $ 129 millones anuales. El Código también plantea crear la Zona Especial de Desarrollo Económico, donde el IR sería de 17%.

Sin embargo, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de este Gobierno, dice que una carga tributaria cercana al 20% del PIB hace al país poco atractivo para la inversión. Según la Cepal, el 2010 en Ecuador la presión impositiva era de 3,4% y 5,4% superior a la de Perú (16,3%) y Colombia (14,3%).

Ortiz añade que ese peso no ha permitido que el sector privado acompañe en su crecimiento al sector público.

Según la web del Ministerio de la Producción, del 2006 al 2010 la inversión pública creció 245,83%, mientras la privada aumentó 8,32%.

Comparación

Latinoamérica: El promedio de presión tributaria en América Latina y el Caribe (33 países) está ubicado en el 18,7%, mientras el de Ecuador es del 19,7%.

América Latina: En los 19 países latinoamericanos el promedio de recaudación tributaria frente al PIB es del 16,6%.

Fuente: El  Universo