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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) solicitó a las operadoras Conecel y Otecel, de las marcas Claro y Movistar, que suspendan 26 números telefónicos móviles de manera temporal, por efectuar llamadas falsas a números de emergencia.

“La Intendencia Regional Norte de la Supertel detectó que desde ciertas líneas activas del Servicio Móvil Avanzado se efectuó mal uso de las mismas a números de emergencia”, indicó la autoridad de control.

La Superintendencia argumentó que según el contrato de concesión de las operadoras y el procedimiento se solicitó la suspensión temporal del servicio por siete días calendario.

Además, pidió que en máximo 48 horas posterior a la suspensión de las líneas emitan un informe escrito con datos de la línea suspendida, fecha y hora de la suspensión del servicio, datos obtenidos del empadronamiento de la línea involucrada, de ser el caso, nombres y apellidos de personas, razón social o denominación para personas jurídicas y dirección.

La suspensión deberá incluir los servicios de llamadas y mensajes escritos salientes hacia todos los destinos y deberá ser reactivado automáticamente tras el plazo indicado sin costo adicional para el abonado.

Las operadoras comunicarán vía telefónica al abonado de la suspensión y la razón. Si reinciden se solicitará una suspensión definitiva del servicio para la línea y el terminal móvil.

Fuente El Universo

Latinoamérica reducirá la pobreza este año a su menor nivel en dos décadas, pero si quiere un efecto de largo plazo debe cambiar sus estructuras productivas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los altos precios de las materias primas que exporta la región han fortalecido las cuentas de los países, que en su mayoría han hecho esfuerzos incrementando el gasto social, combinado con una mejora en los salarios, lo que recortará en el 2011 la pobreza promedio en un punto porcentual a un 30,4%, que aún representa a 174 millones de personas.

“Sigue siendo una cifra enorme, pero hemos avanzado”, dijo ayer Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal, durante la presentación del Panorama Social para América Latina 2011.

La mala noticia es que la indigencia crecerá un 0,5% a un 12,8% este año frente al anterior, debido al alza mundial en los precios de los alimentos.

Los más aplicados en la lucha contra la pobreza en los últimos años han sido Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia, según la Cepal. Honduras y México sufrieron aumentos en sus tasas de pobreza.

La desigualdad –medida por el índice Gini– ha venido bajando en toda la región, que ha aprendido a ahorrar en épocas de bonanza y a poner fuerte acento social al gasto.

Latinoamérica tiene que encarar desafíos de fondo: cambiar sus estructuras productivas mirando más al mercado interno, llegar a pactos fiscales e invertir en innovación y tecnología para que sus políticas sociales no dependan de la coyuntura internacional.

“La reducción de la pobreza basada en el crecimiento exportador tiene límite, hay que cambiar las estructuras productivas”, sostuvo Bárcena.

La brecha de la heterogeneidad estructural es abismal: 50,2% de los empleados latinoamericanos están en sectores de baja productividad, marcados por el autoempleo o empresas chicas y un 19,8% trabaja en alta productividad, integrado por grandes

Fuente El universo

Después de casi una semana de vigencia de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Recursos del Estado (reforma tributaria), las embotelladoras de bebidas y las recicladoras están a la espera de la expedición del reglamento para estructurar sus planes de recolección de botellas y planear sus inversiones en reciclaje.

Este interés se debe a que en la reforma tributaria se impone a las embotelladoras a pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) $ 0,02 por cada una de las botellas plásticas utilizadas, valor que se admite que se lo traslade al consumidor.

La ley determina un reembolso para el público de la misma cantidad impuesta, si este devuelve el envase al embotellador. Y la empresa puede recibir descuentos del tributo según la cantidad de plástico que ha recogido.

Sin embargo, este proceso de devoluciones y descuentos, según la misma reforma, deberá ser regulado “para lo cual se establecerán mecanismos tanto para el sector privado cómo público para su recolección, conforme disponga el respectivo reglamento”.

Juan Carlos Freile, gerente de marketing de Arca Ecuador (embotellador de Coca Cola), explica que esta expectativa hace que aún no desarrollen un proyecto o un presupuesto específico a ejecutar.

La empresa, indica, ha optado por esperar que salga el reglamento, pues aún no está clara la metodología que se debe seguir para la recolección.

Otras embotelladoras mantienen diálogos entre sus ejecutivos sobre cómo se podría ejecutar este tema.

En cambio los recicladores están a la espera de la normativa para saber si se incluirá la actual cadena de recolección.

Mario Bravo, presidente ejecutivo de la recicladora Recynter, explica que como aún se desconoce qué efecto tendría este asunto en su negocio ha optado por detener la compra de nueva máquina para moler y esterilizar las botellas usadas.

El reglamento, según Santiago León, ministro coordinador de la Producción, está a cargo del Ministerio del Ambiente, pero hasta ahora establecería que la devolución sería a través de las redes de comercialización de las embotelladoras.

Demandas van a admisión
Entre tanto, las dos demandas de inconstitucionalidad a la reforma tributaria pasaron a la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, confirmó ayer el organismo.

En esta Sala, las demandas del asambleísta Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, y del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera, entrarán a revisión de forma para determinar si son o no admitidas como caso.

Gutiérrez presentó la demanda el viernes pasado y Peñaherrera el lunes, este último solicitó medidas cautelares para dejar sin efecto la vigencia de la ley. Mientras, el asambleísta Ramiro Terán pulía ayer el documento que pretendía dejar en la Corte, demandando también la inconstitucionalidad.

Fuente El  Universo

El anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, de eliminar el subsidio a los combustibles para transportación aérea desde el 1 de enero del 2012, puso en apuros a las aerolíneas nacionales que hasta ayer mantenían reuniones para conocer detalles de la medida.

Aerogal indicó que la empresa espera información en detalle de la autoridad para revisar y analizar el tema, mientras que Lan tampoco pudo aclarar si el incremento trasladará al pasajero y en qué porcentaje porque no cuenta con un estudio remitido por el Gobierno.

En tanto, Tame, cuyo ejecutivo mantenía reuniones para informarse sobre la medida, recién podría pronunciarse la próxima semana.

Sin embargo, Luigi Grudena, dedicado al transporte aéreo, aseguró que la medida sí le afectará y más a los exportadores de productos locales. Él traslada carga seca, mariscos, camarones y flores a países como Panamá.

Y de acuerdo con sus estimaciones, si el precio del combustible sube tal como anunció el jefe de Estado, Grudena trasladará el costo a sus clientes, es decir, a los exportadores.

Grudena paga $ 1,35 por cada galón de jet fuel (gasolina para aviones) consumido y calcula que con la eliminación del subsidio pagará $ 3,91 el galón, lo que implica un incremento de 2,56 dólares por unidad.

De acuerdo al primer mandatario, el subsidio a los combustibles de aviones representa un gasto de $ 92 millones anuales al Estado y debido a ello esa ayuda económica se focalizará solo en aeropuertos que estén bajo administración estatal.

La Dirección de Aviación Civil indicó que existen 32 aeropuertos, de los cuales solo Quito, Guayaquil, Cuenca y Baltra (en Galápagos) salen de la responsabilidad del Estado.

Correa expresó que “el que puede pagar $ 160 por un pasaje Quito-Guayaquil podrá pagar $ 200…”.

Ese punto de vista no es compartido por usuarios. Alicia Alcázar, jubilada, observó con preocupación el aumento, pues teme que su pasaje de $ 70 trepe al menos $ 10 más.

Ella viaja cada dos meses de Manta a Quito a ver a su familia. Y “si ahora resulta difícil viajar con mi esposo, por eso me manda sola, después será imposible”, comentó.

Carolina Santander, una guayaquileña que utiliza los vuelos para reducir el tiempo de viaje, criticó la medida argumentando dos razones: una, que si el país es petrolero debería ofrecer algún beneficio a los usuarios y dos, que no existen carreteras seguras como para habituarse a viajar por tierra.

Al vuelo
Combustible: Petroecuador, que abastece del derivado a los concesionarios nacionales, indicó que el precio de venta al consumidor en sus depósitos es de $ 1,04.

Pasajeros: Hasta septiembre, en los aeropuertos de Guayaquil, Quito y Cuenca se movilizaron casi 5 millones de personas.