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Ahora eso será cosa del pasado con la Resolución JB-2012-2208 emitida el pasado 7 de junio por la Junta Bancaria, en la que se establece que comprar productos o bienes con tarjeta de crédito tendrá el mismo precio de una adquisición realizada al contado.

En la disposición se ordena, además, que los clientes que adquieren bienes con tarjeta de crédito acceden a las ofertas, descuentos y ventajas al igual que las personas que pagan al contado. No aplicarán si el establecimiento comunica de esto al cliente de manera oportuna y adecuada, “a través de la publicidad o información directa y de manera expresa”.

Para Lorena García, quien de forma regular utiliza sus cinco tarjetas de créditos, este será un beneficio para su bolsillo.

Cuenta que hace poco adquirió un juego de ollas, el que difirió pagar a un año y del cual, dice, ya lleva cancelado cinco meses “pero al final nos damos cuenta de que es un perjuicio, porque terminamos pagando más o el doble de lo que cuesta el artículo”.

Además se queja de que los estados de cuenta llegan atrasados y por este motivo muchas veces los intereses aumentan.

Hace un par de años, Gabriela Campoverde se vio obligada a anular su tarjeta de crédito luego de que realizara unas compras en una boutique y pagara lo que se había emitido en su estado cuenta, sin embargo cuando hizo nuevas compras le informaron que tenía una deuda activa. “No solo me cobraron más de lo que había adquirido, sino que aún cancelando todo en el sistema aparecía como deudora. Fue un verdadero robo”.

En Ecuador se estima que las entidades financieras han emitido un promedio de 24 millones de tarjetas de crédito, aunque la cifra no es oficial.

Además, según un estudio realizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, alrededor de 400.000 familias ecuatorianas tienen indicios de sobreendeudamiento, entre otras cosas, por el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito.

Por esa misma razón la Junta Bancaria ha tomado varias resoluciones para disminuir esa tendencia. La institución espera que se cumplan las disposiciones contempladas en la normativa y adicionalmente analiza otras medidas para controlar la expansión crediticia.

fuente Diario El Telegrafo

Este tipo de acciones se encuadra como delito de defraudación tributaria, según lo establecido en el numeral 13 del Art. 344 del Código Tributario: “Casos de defraudación: 13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo”.

Esta acción se realiza con el objetivo de que se investigue y se lleguen a imponer las sanciones que correspondan, de acuerdo al mismo Código Tributario: reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos que no hayan sido declarados y/o pagados o los valores que le hayan sido devueltos indebidamente.

Actualmente se encuentran en conocimiento de las autoridades cuatro casos de contribuyentes de El Oro, por haber incurrido en la misma infracción.

Estas denuncias fueron presentadas el 12 de diciembre de 2011, por el director general del SRI, Carlos Marx Carrasco, ante la Fiscalía General del Estado.

fuente Diario El Telegrafo

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la construcción registró un incremento del 0,3% en relación al cuarto trimestre de 2011 y del 13% en relación al primer trimestre del año anterior. A ello se suman la manufactura, otros servicios, comercio y agricultura. De ahí que el crecimiento del PIB No Petrolero bordearía el 7%, informó el presidente Rafael Correa en el último enlace ciudadano.

Al respecto, el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, explicó que las cifras están estrechamente relacionadas con la inversión pública encaminada a impulsar el desarrollo de la economía nacional: “Un ejemplo es que hay mejores carreteras que a su vez incrementan el turismo y por ende el empleo”.

El funcionario reiteró que el Estado “no realiza gasto público sino inversión”, cuyo monto oscila entre el 11% y 12%, superior al promedio de América Latina que está entre el 5% y 7%.

Esa inversión ha priorizado la infraestructura vial y los proyectos hidroeléctricos de gran magnitud, como el Coca Codo Sinclair. La meta es que el país genere energía a un valor máximo de tres centavos por kilovatio hora (kw/h), pues la generación térmica le cuesta al Estado entre 12 y 20 centavos por kw/h.

La entrega de créditos hipotecarios a través del Banco del IESS ha sido otro polo de desarrollo para la construcción. Rivera anotó que la política económica implementada por el Gobierno ha sido fundamental para propiciar un mayor crecimiento del sector no petrolero.

De ahí que descartó la posibilidad de que Ecuador esté ante una posible crisis financiera, como ocurre en la Eurozona, pues reiteró que el Presupuesto General del Estado está adecuadamente financiado y no hay, hasta el momento, la necesidad de hacer ajustes. “Podemos cumplir con el gasto y la inversión programada para este año”, afirmó.

Además, anunció que en aproximadamente dos meses, luego de cumplir con análisis técnicos y económicos respectivos, estarán de regreso al país 1.600 millones de dólares de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, con el propósito de financiar varios proyectos aprobados por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).

Esos recursos serán canalizados a través de la banca pública (Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de Desarrollo y Banco Nacional de Fomento) mediante créditos para obras de infraestructura y desarrollo agrario.

Para el analista económico Walter Spurrier, la economía ecuatoriana atraviesa por un buen momento, pero considera que el Gobierno debe impulsar la inversión privada que, a su criterio, está desalentada. El constructor Miguel Troya reconoce que el sector es un excelente dinamizador de la economía y generador de fuentes de empleo.

FUENTE Diario EL telegrafo