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Hasta el momento la reserva internacional de Ecuador asciende a 4.298,9 millones de dólares, lo que evidencia la  “buena liquidez económica” del país, según el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.

La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) de julio en comparación a mayo pasado, registra un incremento de 3.918,1 millones de dólares,  de acuerdo al informe del Banco Central (BCE).

Los principales ingresos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) fueron exportaciones de petróleo y derivados, recaudación de impuestos (IVA, IR, ICE), emisión de deuda interna, desembolsos deuda externa, depósitos del sistema financiero, exportaciones privadas y emisión monetaria fraccionaria.

En tanto que los egresos son por: desacumulación neta de los depósitos del Gobierno Central, servicios de la deuda externa e interna, pagos por importaciones sector público, otros servicios y transferencias internacionales, retiro de depósitos de empresas públicas no financieras.

Al tomar en consideración este crecimiento económico, el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que analiza repatriar alrededor de 1.100 millones de dólares del ahorro nacional para invertir en proyectos estratégicos que aporten al desarrollo del país.

El economista Hugo Villacrés aseguró que frente a este anuncio del mandatario no es el momento de preocuparse por una posible iliquidez en el país, cuando las cifras reflejan otra realidad.

Por ello, manifestó que al país le hace bien que le inyecten recursos para abrir el camino al sector productivo y generar fuentes de empleo, tomando en cuenta que la cifra de desempleo alcanzó este segundo semestre el 5,2%. Villacrés considera que entre los sectores por dinamizar la economía están hidroeléctricas y la construcción.

De su parte el economista Jorge Rodríguez indicó que es difícil precisar de qué sectores provendrían los recursos repatriados, ya que la RILD se financia de los sectores público y privado, y de la seguridad social. Recalcó Rodríguez que si la banca tiene depósitos en la cuenta nacional, es  por el llamado “encaje para efecto de dar seguridad a los depositantes”.

Villacrés, por su parte, manifestó que “es importante conocer el destino de los recursos, las condiciones en que llegaría ese dinero al país y las condiciones para cuadrar la devolución de los recursos”.

Mientras que la  ministra Coordinadora de la Política Económica, Janeth Sánchez, indicó que los recursos por traer “serán invertidos con las debidas precauciones”, que significa dar seguridad, y rentabilidad, con colocaciones por realizar en los sectores público y privado, con el fin de generar empleo.

Para ello se planifica, según Sánchez, que “muchas de las inversiones se canalicen a través de la banca pública, a fin de que el sector privado invierta en el aparato productivo”.

Mientras que el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, expresó que aún se analiza en el gabinete sectorial económico “la cantidad de recursos por repatriar y la fecha exacta para hacerlo”.

Mientras tanto, el ministro Rivera manifestó que si se busca repatriar las reservas internacionales es porque se pretende  invertir en proyectos de alta rentabilidad económica. Inversiones que le generarían a la banca privada  una “rentabilidad entre el 21% y 23%, superior a lo que recibe en el exterior, que está entre 0,3% y el 1%”.

Esta decisión que estaría pronta a adoptarse por el Ejecutivo “no afecta a la banca”, según Rodríguez, ya que el sector financiero goza de buena rentabilidad desde el 2010 hasta la actualidad. Con lo que la economía del Ecuador está boyante, pues “la liquidez total del país es de 28.000 millones de dólares”, dijo.

Pero insistió el economista que a la banca sí le resulta un gran negocio cuando los recursos que tiene en el exterior y presta como encaje le generan un interés del 12%.

No obstante, indicó que sí se podría dar una contracción económica a inicios de 2013, por la situación política y económica que viven Europa (crisis económica) y Estados Unidos (elección presidencial, al buscar la reelección de Obama).

Según Rodríguez, la estrategia para la reelección del presidente estadounidense sería mantener bajo el precio del barril de crudo, lo cual afectaría al país. Ayer el petróleo de Texas interrumpió la racha alcista de las últimas siete sesiones al cerrar con un descenso del 1,31% hasta los $ 91,44 por barril.

fuente Diario El Telegrafo

La inversión pública en Ecuador con el actual régimen pasó de  $856 millones  en el 2006 a $5.243 millones al cierre del 2011, para pasar del 2,0 al 8,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En el primer semestre de 2012 se han desembolsado $ 2.877 millones, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Ecuador lidera por dos años consecutivos (2009 y 2010) la inversión pública de los países de América Latina respecto al PIB, según el Informe Macroeconómico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas divulgado esta semana.  Ecuador aumentó su inversión pública en  2011 al 11,1% del PIB.

La inversión por habitante en Ecuador pasó de $64  el 2006 a $353  el 2011, equivalente a multiplicarla por 5,5 veces, a lo que se unió un mejor destino y una mejor ejecución, pues por primera vez se ejecutó en el primer semestre el 50% de lo presupuestado.

Fander Falconí, titular de la Senplades, durante un conversatorio realizado con agencias internacionales de prensa,   consideró que tan interesante como lo que el país invierte en términos del tamaño de su economía está el elemento contra cíclico que ello significa.

Explicó que  la inversión pública es una variable central en términos del desarrollo endógeno, porque no solo nos permite generar infraestructura, que no estaba consolidada anteriormente en el país, sino también construir capacidades.

Lo que se hace con la inversión pública, apuntó, es sembrar, generar empleo, capacidades productivas, sustituir importaciones, y el 90% de ese Programa Anual de Inversiones (PAI) está focalizado en proyectos de infraestructura productiva y para generar capacidades humanas.

Falconí en compañía del ministro de Finanzas, Patricio Rivera, rechazó también la posibilidad de un ajuste de ese programa de inversiones, este año, por la baja del precio del petróleo. “Hemos recibido al respecto una clara instrucción del presidente  Rafael Correa de no ralentizarlo al considerar que no existen razones para ello, precisaron ambos funcionarios”, enfatizó Falconí.

Primero, detalló Falconí, porque juegan elementos fundamentales en términos contra cíclicos, donde es todo lo contrario de lo que era antes. Lo que se hacía  en las políticas de ajuste clásico estructural era cortar siempre por el lado más débil, la educación, la salud, o la infraestructura productiva, que eran las grandes perdedoras de las políticas públicas, puntualizó.

“Aquí es  lo contrario, no vamos a mermar un solo centavo del ambicioso plan de educación y salud que tenemos, de  infraestructura vial, generación eléctrica”, aseveró. Sin considerar, añadió, el resto del sector financiero ecuatoriano, ni tampoco las empresas públicas, o la inversión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

“Gracias al Código de Planificación y Finanzas Públicas, el Ministro de Finanzas puede trabajar por adelantado para conseguir el financiamiento del presupuesto, dijo, y reveló que ya está negociando el financiamiento para la segunda mitad del 2013”, indicó el ministro de Finanzas, Patricio Rivera. Muestra del efecto beneficioso de la inversión pública en infraestructura vial, comentó, es que en  2011 Colombia desplazó a EE.UU. en  arribo de turistas, pues con el excelente estado de las vías es muy fácil y cómodo desplazarse a Ecuador.

Para Falconí, esta decisión respecto a la inversión pública estimuló el alto crecimiento de la economía nacional en 2011 (7,8 por ciento del PIB) y arrastró con ella la inversión privada, lo cual va unido a que la acumulación de capital permite ver sus efectos positivos a futuro.

De su parte, el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión (INP), Santiago Medina, dijo que actualmente existe la inversión pública necesaria para el país, lo que antes no ocurría, y que se está trabajando en infraestructura de  carreteras, servicios públicos, energía,  proyectos encaminados en sustituir importaciones, satisfacción de necesidades básicas y crear las bases para una industria nacional.

Mientras que Roberto Villacreses, analista económico, recalcó  que por un lado la inversión publica nos permite gozar de nuevas carreteras, salud y educación, pero por otro lado las empresas locales pierden competitividad. “Si bien tienen su lado positivo, hay que tener cuidado con el peso del Estado en la economía y los negocios para sostener ese nivel de inversión pública”, subrayó.

fuente Diario El Telegrafo

fuente Diario El Telegrafo

El desempleo en las zonas urbana y rural en el segundo trimestre del año fue del 4,1%, un 0,9% menos que el 5,0% de junio de 2011, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En cuanto a los índices de desempleo urbano en Guayaquil, en un año hubo un descenso de más de 3 puntos porcentuales, pasando de 9,63% a 6,31% en el segundo trimestre de 2012. Mientras que en Quito, en el mismo período fue de 3,81% a 4,36%.

El porcentaje del 4,1% corresponde a la población económicamente activa de las zonas urbana y rural, es decir a los ecuatorianos que se encuentran trabajando o quienes buscan empleo, explicó Byron Villacís, titular del INEC.

El subempleo también se redujo en junio en comparación con datos del año pasado, registrando el 53,3%, es decir que cinco de cada 10 ecuatorianos de las zonas están subempleados. En 2011 era del 56%.

La tasa plena de empleados en Guayaquil se ubicó en un 55,70% en junio de este año, mientras que en el mismo mes de 2011 fue de 46,95%. En Quito fue de un 54,70% y en 2011 la cifra era de 57,79%.

En los últimos cinco años se registró una disminución en la tasa de desempleo en Ecuador, desde junio de 2007 era de 7,38% hasta marzo de 2012 fue de 4,88%.

Para Michelle Pazmiño, experta económica, señaló que uno de los generadores de empleo en el país, principalmente en Guayaquil, es el sector privado que cada año hace grandes inversiones y se expande en el mercado. “Tanto el Gobierno como las empresas privadas deben generar empleo para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos”, subrayó Pazmiño.

Con esto coincide Villacís, quien sostuvo que en el sector privado se genera más empleo que en el público.
“Ocho de cada 10 empleos los genera el sector privado (80,8%) y dos de cada 10 el sector público (19,2%). Esta cifra no ha variado casi nada en los últimos cinco años”, enfatizó.

Recalcó que la economía posee una estabilidad que favorece, en este caso, al sector privado. Según el INEC, el 80,8% de los empleos se registra en la empresa privada y el 19,2% en el sector público. En el país hay un total de 2’062.963 personas que trabajan en empresas privadas y 489. 203 en las públicas.

Con respecto a que han mejorado las condiciones laborales en Ecuador, Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, aseguró que es evidente que el desempleo en Ecuador ha disminuido de un 7,4% (2007) a 4,9% (2012) y de igual manera el subempleo, de 53,7% a 43,9%.

Kronfle señaló que no hay problemas de estabilidad laboral en el sector privado y aseguró que la tercerización es válida siempre y cuando no afecte al trabajador. “El salario digno cerró el año pasado en $ 351, cuando el salario básico más componentes (el salario básico del año pasado que era de $ 264, más el décimo tercero, el décimo cuarto y el fondo de reserva) hacía $ 330. Esto cubría 99% de la canasta básica.

Hoy con 1.6 perceptores, con una canasta básica de $ 585, aproximadamente, el salario digno se vuelve de $ 369 y el salario básico de $ 292, más el décimo tercero, décimo cuarto y fondo de reserva da $ 365, es decir que hay una diferencia de $ 4. La canasta básica está cubierta en el 99%”, subrayó el empresario.

fuente Diario El Telegrafo

Los 27 bancos privados son los que más aportaron al pastel crediticio, con $ 1.508,7 millones (8,95% más que en mayo) en 407.321 operaciones y un crédito promedio de $ 3.704,1.

En segundo lugar están las 39 cooperativas de Ahorro y Crédito), que en junio repartieron $ 192,3 millones, lo que es menor en 1,23% a la cifra del mes anterior, en 33.872 operaciones y un promedio de crédito de $ 5.677,8.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), tercero, dio en junio $ 179 millones, en 86.289 operaciones, con $ 2.074,5 de crédito promedio.

La entrega de crédito es similar al de mayo, apenas 0,22% superior.
El crédito productivo alcanzó los $1.147,2 millones, el de consumo $546,4 millones (aquí están incluidos los quirografarios del Biess), el de vivienda $ 126,8 millones y el microcrédito $ 194,1 millones.

fuente Diario el Telegrafo

La Junta Bancaria (JB) resolvió, la semana pasada, que solo las entidades bancarias y las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito podrán ser emisores u operadores del “dinero plástico”.

Solines recalcó que “la única excepción para esta norma son las tarjetas de crédito emitidas por compañías que son originarias de procesos de titularización de cartera, es decir que han realizado operaciones en la Bolsa de Valores que comprometen sus ganancias”.

Este es el caso de las tarjetas que emiten los almacenes De Prati y Comandato, explicó Solines, que operan en el mercado de valores a través de titularizaciones.

La medida adoptada tiene como propósito desincentivar el consumo por medio de esas tarjetas de crédito rotativo, que en muchos casos genera sobreendeudamiento en las personas, recalcó el funcionario.

No obstante, los establecimientos comerciales podrán seguir vendiendo a crédito bajo cualquier otra estrategia. “El negocio de ellos no es financiero y se daba el caso de que la mayor rentabilidad de las casas comerciales era por el negocio financiero y no por la compra-venta de los bienes”, explicó.

Las casas comerciales que utilizaban estas tarjetas restringidas comunicaron a sus clientes que entregarán códigos para que sigan accediendo al crédito directo y por el momento lo harán solo con la cédula de identidad.

Una de ellas es Créditos Económicos, según Guther Alexis, que comunicó a sus clientes que pueden continuar adquiriendo crédito únicamente con su cédula de identidad.

“Todavía no tenemos la disposición de eliminar las tarjetas, pero igual al cliente solo se le está pidiendo la cédula para verificar datos y ver si está apto para recibir el crédito”, dijo el oficial de crédito del almacén. Similar medida fue adoptada en los almacenes La Ganga, donde se obtiene el beneficio con la cédula.

fuente Diario El Telegrafo

El reglamento, según el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), fue diseñado en respuesta a las múltiples quejas recibidas en la cartera de Estado y en la Defensoría del Pueblo por parte de los clientes.

Dichas quejas tenían relación con cambios de tarifas por llamadas realizadas, planes, entre otros. Jaime Guerrero, titular del Mintel, mencionó que se pretende “realizar correctivos” a los inconvenientes que registran los usuarios de las distintas operadoras.

De ahí que se plantea comunicar con antelación a través de mensajes de texto o llamadas, respecto al cambio de tarifas y del saldo con el que cuenta. Un código de alerta será un “pitido” o tono audible, en el momento de realizar la llamada. Serán acciones que permitirán a los clientes de los servicios móviles conocer, específicamente, cuál fue el valor debitado por la llamada, cuánto duró la llamada y cuál es el saldo remanente, informó Guerrero.

Otro aspecto importante es la “neutralidad de la red”, mencionó el titular del Mintel, que tiene relación con el derecho a la libertad de elección y contratación, derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación sin restricciones; derechos de transferencia de la información, derecho a pagos justos por servicios contratados, derechos a servicios de calidad, entre otros.

Prevalencia de los derechos de los abonados/clientes-usuarios, para que en caso de duda en la interpretación de alguna normativa o cláusula del contrato de prestación de servicios entre las partes se aplique a favor de los abonados.

Derechos de los clientes a contratar servicios sin sujeción a condiciones especiales o renovación automática y que los servicios que activan cuenten con el consentimiento expreso de los mismos.

Libertad para que los abonados puedan escoger cualquier equipo en el que desea recibir los servicios, de los disponibles por el operador, independientemente, de la modalidad de contratación o plan tarifario al que aplique.

Además se incluyen disposiciones relativas a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos, servicios y aplicaciones específicos para público adulto; aplicación de tarifas de especiales de ley. Se impondrán mecanismos de atención a personas con capacidades especiales, aspectos del uso, difusión y aplicación de promociones en la prestación del servicio móvil avanzado.

El ministro Guerrero enfatizó que de no cumplirse esta disposición “las operadoras estarán sujetas a multas económicas y sanciones”.

Por su parte Alexandra Banchón, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, dijo que el ente público tiene 24 oficinas ubicadas en las capitales de provincias para atender las quejas de los clientes o abonados.

Banchón recalcó que a diario en las provincias del Guayas y Pichincha reciben alrededor de “25 quejas por el servicio que brindan las operadoras”. Todas se tratan de resolver a la brevedad posible, favoreciendo siempre al abonado.

Fuente diario El Telegrafo

El aumento del ingreso familiar reduce la brecha entre las canastas (básica y familiar) e incrementa el poder adquisitivo de las familias de forma paulatina; además, el ingreso familiar es superior al precio de la canasta vital.

El salario digno de 2011 se determinó dividiendo el costo promedio de la canasta básica de ese año ($ 561,12 a inicios de año) para el número de perceptores del hogar. De tal manera que el salario digno se estima actualmente en $ 350,70.

El ministro de relaciones laborales, Francisco Vacas, refirió que se está procesando la información para establecer el número de empresas que están pagando el salario digno, listado que estará disponible para este día viernes 20 de julio.

Para el ministro, el salario debe alcanzar por lo menos para cubrir la canasta familiar. En promedio, 1.6 miembros de cada familia perciben un salario, y en función de este promedio se encuentra calculado el salario digno. “El salario digno es una iniciativa única en el mundo, calculada en función del número de cargas familiares” indicó el funcionario.

Según el artículo 8 del Código de la Producción, un salario, para que sea considerado como digno debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de la persona y de la familia. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la canasta vital para Junio pasado se encontró en $ 426,42 y la canasta básica en $ 586,18.

El artículo 10 del Código indica que, a partir del ejercicio fiscal 2011, de no ejecutarse este pago en su conjunto los empleadores deberán calcular una compensación económica.

fuente Diario El Telegrafo

Principalmente se crea el Registro de Datos Crediticios que contendrá personas naturales y jurídicas, que no se podrá comercializar, se prohíbe la entrega del historial crediticio a cualquier institución que no esté determinada en la ley, la información crediticia individualizada de los últimos 20 años será administrada por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), así como los soportes de los créditos de los últimos tres años y sanción hasta 50 remuneraciones a la institución que entregue información falsa o maliciosa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.

La normativa evitará que la información crediticia personal “se convierta en mercancía especulativa, no será vendida a las instituciones financieras y comerciales, que utilizaban a su arbitrio, sin ninguna regulación, llegando hasta el punto de discriminación de los ciudadanos por su registro crediticio”.

La información crediticia que tendrá la SBS será verificada electrónicamente por los bancos en el momento de otorgar un crédito. Las instituciones del sistema financiero tendrán un plazo de 60 días para entregar a la SBS el sustento de las operaciones crediticias activas de los últimos tres años que se encuentren en la central de riesgos.

Fuente Diario El Telegrafo

El excedente interno, la crisis en la Eurozona y la falta de organización de los agricultores, provoca que durante el segundo semestre de cada año el sector esté en emergencia y su situación se vuelva crónica, según productores y exportadores. El Gobierno, en menos de un año, decretó el viernes pasado por segunda ocasión la emergencia en el sector.

“Por el crecimiento ilegal de las plantaciones de banano en distintas provincia del país hay excedente y por lo tanto no hay a quién vender la fruta”, señaló Paúl González, presidente del Centro Agrícola de Machala, que agrupa alrededor de 300 productores de la provincia de El Oro.

“Históricamente en la provincia de Santa Elena nunca hubo banano, por qué razón hay ahora banano en el lugar y siguen sembrando. En la provincia de El Oro siguen sembrando y los dueños de esas empresas son los mismos exportadores y extranjeros importadores de banano”, subrayó.

Aseveró que varias importadoras extranjeras están destruyendo al pequeño productos bananero. Ya no se puede sembrar más, sino mejorar la productividad de las fincas. Lo mismo pasa con el cacao, se incrementaron los sembríos de cacao y ahora el precio de la pepa está por los pisos.

Enfatizó que incrementar el sembrío genera caos y hay muchas bananeras que se han instalado sin la respectiva autorización. En los últimos cinco años en la provincia de El Oro el hectareaje aumentó de 45.000 a 65.000.

Según el Reglamento a la Ley para estimular y comercializar el banano, el Ministerio de Agricultura autorizará previamente las nuevas siembras, prevaleciendo las zonas de menor desarrollo económico del país, siempre y cuando las condiciones de mercado lo permitan, por lo cual el Ministerio elaborará los instructivos necesarios para que se cumpla la ley.

De acuerdo a la norma está prohibido realizar nuevas siembras sin tener la aprobación previa del Ministerio, la transgresión a esta prohibición dará motivo a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 8 de la ley, por lo cual el Ministerio dictará la resolución sancionando al infractor y el productor no podrá comercializar la fruta.

Los productores exigen que se haga un censo bananero para saber cuántos son y quiénes siembran en tierras que anteriormente no se cultivaba banano y no son aptas para la fruta. “Ahora muchos exportadores, como tienen dinero, siembran hasta en potreros. Ellos dicen que el negocio está malo y entonces por qué razón siguen sembrando más. Será que es negocio para ellos y no para nosotros”, recalcó González.

De su parte, Jhovanny Coronel, presidente de la Asociación de Bananeros de El Guabo (Asoguabo), que agrupa a 400 productores, recordó que desde hace más de 10 años el Ministerio de Agricultura prohibió plantar banano en el país, pero con la aprobación de la nueva Ley del Banano se regularizaron las plantaciones ilegales y desde ahí siguen sembrando.

“En reuniones que hemos tenido con funcionarios del actual Gobierno denunciamos estas siembras ilegales. Lo que sucede en Santa Elena es uno de los tantos ejemplos, pero en el lugar es más notorio porque en esa zona regularmente no había banano y ahora hay grandes extensiones”, aseveró.

Eduardo Ledesma, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), indicó que no hay control de parte de las autoridades y cada año se siembra más banano lo que ocasiona un excedente interno. “Hay una disposición del Código de la Producción que prohíbe las nuevas siembras, sin embargo siguen sembrando banano”, subrayó.

En la reunión mantenida, el viernes pasado, entre el titular del Ministerio de Agricultura, Javier Ponce, y los productores, ellos pidieron que se contraten más técnicos para que vayan al campo y asesoren al productor para que dé mayor utilidad a sus tierras.

Exportadora pública

El Gobierno anunció que creará una intermediadora que se encargará de comercializar el banano al sector exportador, que irrespeta el precio oficial para los productores.

“Cerremos todas las exportadoras que haya que cerrar, sancionemos a todos los exportadores que haya que sancionar. No me sale una caja (de fruta) del país si no tiene contrato para ser comprada en el mercado internacional”, dijo Rafael Correa.

Agregó que Ecuador, el mayor exportador mundial de banano, creará la “intermediadora del Estado para captar la producción bananera y nosotros les venderemos a los exportadores y evitaremos que exploten a los pequeños productores”.

El ministro de Agricultura, Javier Ponce, manifestó que la situación llevó al Ejecutivo a declarar en emergencia al sector bananero, que recibirá unos cinco millones de dólares para que fumigue las pequeñas plantaciones, que aportan hasta un 90% de la producción, y la compra de la fruta a los finqueros que vieron sus contratos incumplidos por los exportadores.

fuente Diario El Telegrafo