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Ecuador bombeó en septiembre 506.400 barriles de crudo diarios, lo que supone un descenso de casi 1,1% con respecto al mes anterior, informó ayer el Banco Central. Aun así, la producción mantuvo una tasa de crecimiento anual del 2,3%.

El bombeo de las empresas públicas,  Petroecuador y Petroamazonas, más la operadora Río Napo (que opera el campo «Sacha»), el de mayor producción de Ecuador, ascendió a 370.600 barriles diarios en septiembre en conjunto.

El volumen extraído por las empresas privadas sumó 135.800 barriles por día. Ecuador, vendió en el exterior en septiembre 11,4 millones de barriles de crudo, unos 158.000 barriles más que en agosto. El país produjo 6,1 millones de barriles de derivados el mes pasado.

fuente Diario El Telegrafo

El porcentaje representa una desaceleración respecto a septiembre último cuando la subida fue de un 1,12%.

Según el reporte, la inflación anual en octubre de 2012 se situó en el 4,94 %, en tanto que la acumulada desde enero fue del 4,21 %.

La división de prendas de vestir y calzado aportó el 50,42 % del incremento del IPC, seguido por el 21,89 % del sector de educación, según el INEC.

En tanto que el valor de la canasta familiar básica se ubicó en 595,44 dólares, con un ingreso familiar de 545,07 dólares, es decir, el 91,54% de la canasta básica se cubre con el ingreso familiar.

fuente Diario El Telegrafo

Las 22 mesas sectoriales de fijación del salario 2013 para el sector privado concluyeron sus negociaciones y   entregaron al Consejo Nacional de Salarios  (Conades) los acuerdos y las propuestas de incremento. En diciembre se anunciará el aumento del salario básico unificado (SBU), el cual se prevé sea del 10%.

Javier Díaz, representante del sector de productos textiles, cuero y calzado, informó que la propuesta planteada ante el Conades se realizó en base a estudios de productividad de los diferentes sectores, uso de mano de obra y requerimiento de personal calificado.

Díaz añadió que cada mesa tuvo en promedio entre cuatro y seis reuniones para definir dos propuestas: el incremento al SBU y el porcentual en base al área laboral. Para fijar el aumento del SBU se toman  en cuenta factores de: productividad, inflación, población económicamente activa en el área y crecimiento económico del país.

Díaz explicó que el aumento por sector se definió en base a la realidad de cada sector. Por ejemplo, en el sector textil, cuero y calzado se realizarán incrementos porcentuales tomando como base al SBU en una categoría que va desde la ‘A’ hasta la ‘E2’ (desde el 0,75% hasta el 2%). El sector tiene cerca de 200 mil empleos directos y sobrepasa los 500 mil con trabajadores indirectos.

José Luis Ziritt, representante del sector de minas, canteras y yacimientos, manifestó que en dicha área se recomendó al Ministerio de Relaciones Laborales y al Conades realizar una división de los trabajadores porque es un sector en el cual no todos pueden ser tratados por igual y no puede compensarse equitativamente a un trabajador minero, a uno de un yacimiento.

El tema transversal en las mesas sectoriales fue el proceso de la afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la contratación temporal y la extensión de las jornadas laborales, que podrían ser ampliadas de acuerdo a las necesidades de cada área de trabajo y producción.

Trabajadores tras incremento

Las reuniones que realiza el Conades se extenderían hasta la primera semana de diciembre, informaron técnicos laborales. Para Pablo Serrano, representante de los trabajadores ante el Consejo, informó ayer a los representantes del Frente Unitario de Trabajadores las propuestas presentadas por las 22 mesas sectoriales.

Serrano añadió que  el incremento debe ir acorde al acceso de la canasta básica que alcanza al momento $594; no tenemos un porcentaje de incremento, pero debe ser lo más cercano a cubrir una canasta.

Edgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, dijo que entre la propuesta de los trabajadores está un incremento del 30% del SBU, sin embargo se tendrá que llegar a un acuerdo para establecer el salario del trabajador en general, de la pequeña industria, agrícolas, maquila, servicio doméstico, operario de artesanía y colaboradores de la microempresa para el sector privado.

Para el analista económico Roberto Villacrés, los salarios en el mercado dependen de la productividad de los trabajadores, es una relación empleado-empleador en la que las partes deben ponerse de acuerdo de forma individual, es decir en base a la realidad de cada empresa y área económica.

fuente Diario El Telegrafo

La Superintendencia de Compañías busca  fortalecer el servicio en línea, de tal manera que permita crear más  canales electrónicos que ayuden al traspaso de información de forma  efectiva, transparente y segura, indicó.

Con este fin, la institución expidió el  “Reglamento para la actualización de la información general, y el  registro y obtención de claves de acceso” al portal web institucional de  las sociedades registradas en la entidad pública.

El proceso tiene como objetivo que el usuario  ahorre tiempo evitando acudir a la Institución a realizar sus trámites,  ya que podrá hacerlo en línea desde su oficina.

Para su cumplimiento se establecido un  cronograma que inició el 1 de octubre y concluirá el 28 de diciembre de  2012. El proceso solo puede ser ejecutado por los representantes legales  de las compañías ya que serán los responsables del manejo de la nueva  clave de acceso en línea para el cumplimiento de las obligaciones  societarias.

El  incumplimiento del proceso de actualización de datos, y obtención  de clave de acceso, dentro de las fechas máximas establecidas, por las  sociedades sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, será  incorporado en el Informe de Obligaciones Pendientes de la compañía.

Sin embargo, superada dicha falta se generará automáticamente el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones correspondiente.

El plazo del 1 de octubre hasta el 1 de  noviembre estuvo dirigido a las sociedades que se encontraban  incumplidas en cuanto a la obligación de la presentación anual de sus  estados financieros, y a las compañías que estaban al día, pero que  deseaban realizar el proceso anticipadamente.

Para el resto de las empresas se fijaron fechas  topes de presentación de acuerdo con el noveno dígito del Registro Único  de Contribuyente (RUC) que empezó desde este mes.

fuente Diario El Telegrafo

Se quedaron con las ganas de un proyecto de ley que confiscara las utilidades. Ya estaban analizando con sus onerosos abogados (70 millones de dólares en remuneraciones de 2011) los juicios en cortes internacionales. No preveían que la ley tocaría privilegios valiosos para los banqueros.

El proyecto de Ley de Distribución del Gasto Social establece una conexión entre el retiro del beneficio de los 10 puntos porcentuales de Impuesto a la Renta (IR) y el establecimiento de tributos a los fondos e inversiones en entidades extranjeras y subsidiarias en paraísos fiscales para que ofrezcan más créditos productivos sin exenciones de algún tipo, ya que esa es su función como intermediadores financieros.

La relación es considerable. Debe existir un desincentivo claro para no tener los fondos en el exterior. La función más importante, y que debe ser única en esta nueva forma de desarrollo de la economía, es la de estar insertada con el sector productivo y ayudar a impulsar los sectores estratégicos identificados en el Plan Nacional del Buen Vivir. Para ello el Estado y la propia Banca privada deben solucionar la mayor distorsión (estructural), identificada en nuestra edición anterior, como la alta participación de los depósitos a la vista en el total de las obligaciones con el público.

Para ello se debe enfatizar en una regulación de las tasas pasivas. Hay que recordar que actualmente las únicas tasas que están reguladas son las tasas activas. La ley de julio de 2007 hace mención a la regulación del costo máximo del crédito, no se refiere nada a las tasas pasivas.

La obligación de las instituciones financieras es solo de presentar información de sus operaciones pasivas al Banco Central del Ecuador (BCE). Por eso, cuando su directorio reguló las tasas de interés y las llevó hacia abajo, todavía el spread financiero era muy alto tanto así que en el 2011, éste llegó a ser de 1.200 millones de dólares.

El proyecto de ley también contempla una obstrucción a un posible acomodamiento contable para que en el próximo periodo (2013) no aparezcan una utilidad muy reducida o supuestas pérdidas. Bastaba, inflar gastos, como el de personal, para achicar las utilidades. Es una gran certeza de la ley, no solo para evitar que inflen gastos sino también para eliminar la enorme brecha el sueldo de un cajero y un alto ejecutivo. Hasta que la ley permitirá socializar las ganancias.

fuente Diario El Telegrafo

Los ajustes que tendría la banca, desde enero, tras la aprobación del Proyecto de Ley de Distribución del Gasto Social, permitirían financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de $ 35 a $ 50. Al momento no se descarta la depuración y actualización de la lista de beneficiarios del bono, que llega a la cifra de 1’899.531 personas.

Janeth Sánchez, ministra coordinadora de la Política Económica, informó que el BDH está dirigido a dos sectores: las madres, que están en una lista de constante depuración y actualización; y las personas con discapacidad y tercera edad a través de la  pensión asistencial que se mantendrá sin depuración. Para financiar el incremento de $ 15 se prevé utilizar parte de las utilidades de la banca para cubrir el bono.

Sánchez reiteró que las medidas que se aplicarían a través del proyecto de ley, que se analizará hasta el 24 de noviembre en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, están basadas en realizar ajustes a las utilidades de la banca y no se dañará la salud del sistema financiero.

La Ministra agregó que con el incremento del bono se prevé, a nivel macroeconómico, la activación del consumo de los sectores populares, que en su mayoría consumen productos nacionales, a diferencia de otros sectores que tienden más a lo importado. Con la activación del consumo se prevé que el área productiva crezca a nivel de los pequeños productores.

Sánchez reiteró que, si se multiplica el número de personas que reciben el bono por la cantidad de personas promedio de una familia, serían 5 millones los beneficiarios. Este número de personas participa del 6% del ingreso nacional, mientras que las 140.000 más ricas del país participan del 9% del ingreso nacional.

Con respecto al financiamiento del BDH y el reparto de la riqueza en el país, Fander Falconí, secretario nacional de Senplades, a través de lecturas de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), planteó que “hasta junio de este año, el 1% más rico de la población ecuatoriana, en el que naturalmente están los banqueros en los primeros lugares, percibió el 7,2% del total del ingreso. Si miramos al otro extremo, las cosas son diferentes: las cifras nos hablan de que en el Ecuador el 1% más pobre recibió solo el 0,1%”.

Ajustes y garantía de depósitos

Los principales ajustes al sistema financiero que se realizarían con el proyecto de ley serían: impuestos a los activos en el exterior, el impuesto a los activos de subsidiarias en el exterior, cobro de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios financieros, eliminación del beneficio por reinversión de crédito, cambio en el cálculo del anticipo mínimo. El impacto a la banca con las medidas sería de $ 122 millones.

Con los posibles cambios, Sánchez manifestó que no debe existir preocupación en la población, pese a las declaraciones realizadas por representantes de la banca: “Los depositantes no van a sufrir los impactos, porque el sistema sigue saludable, lo que baja es un poco las utilidades, pero hay mucho campo para que los mismos bancos puedan mejorar esos indicadores en términos de rentabilidad”.

Por su parte, el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, expresó: “El impuesto  del 12% del IVA a los servicios financieros los asumirá la banca, no puede transferir el costo a sus clientes. La supresión a las entidades de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta (IR) sobre el monto de reinversión ya no es prudente porque la medida fue lanzada en un momento de crisis en 2008 y era dirigida para incentivar la inversión productiva; ahora las condiciones macroeconómicas cambiaron, la economía está muy bien, el sistema financiero está sano y líquido. No es prudente mantener esa medida”.

fuen te Diario El Telegrafo

La propuesta del Ejecutivo es que el sector podrá colocar el 54% de los 300 millones de dólares que se requieren para el incremento, y el 46% restante provendrá de ajustes en el Presupuesto General del Estado. Para ello se elaboró el proyecto de Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social, que se encuentra en proceso de análisis y debate en la Asamblea Nacional y que involucra a tres leyes a fin de que los bancos privados paguen más tributos para elevar este aporte económico de 35 a 50 dólares.

En este contexto, el proyecto de Ley suprime la reducción del 10% de la tarifa del Impuesto a la Renta (IR) sobre el monto reinvertido en activos productivos para las instituciones financieras privadas, lo que ha generado cuestionamientos desde los banqueros porque consiste en una afectación directa hacia sus intereses. Varios representantes del sector bancario expresan dudas acerca del impuesto argumentando que no se haya implementado lo mismo con el sector industrial, sin embargo, no han considerado que su aporte a la economía no es tan grande como el que realizan los otros sectores productivos, razón por la que el Gobierno decidió que la imposición se realice solo al área financiera.

El tributo no afectará a la economía real, que es la generadora de empleos y recursos para el país y que se relaciona directamente con el aparato productivo, sino que incide en el sector bancario, cuyas funciones son las de almacenar el dinero de las 7 millones de cuentas registradas en el sistema financiero y redistribuirlo. No obstante, se ha manejado la idea de una posible corrida de depósitos, argumentando que de ser aprobada la Ley desestabilziará a la banca, como advirtió en varios medios de comunicación Abelardo Pachano, presidente de Produbanco: “El sistema financiero ha estado sometido a un acoso persistente desde el inicio de este Gobierno, y con este proyecto realmente quebrarían las buenas costumbres y principios sanos con los que ha logrado recuperar el infortunio del que salió en el año 1999 y del que no tiene tampoco ninguna responsabilidad”.

Ello fue desmentido por la ministra de la Política Económica, Jeannette Sánchez, al afirmar que “las medidas no afectan a los depositantes; su dinero, está asegurado. Lo que se busca es proteger a los sectores más pobres del Ecuador, con base en el ajuste de impuestos a los más ricos”. Actualmente, la banca registra un índice del 16% al 20% de rentabilidad sobre su patrimonio (ROE). “Los niveles de liquidez y solvencia de la banca privada son adecuados e incluso superiores a las exigencias que tiene la autoridad de control”, afirmó Sánchez, y agregó que los banqueros seguirán ganando una buena rentabilidad, que incluso puede ser mejor si ellos ajustan su gestión y mejoran su eficiencia.

En la misma línea, se establece que, para determinar el anticipo a pagarse con cargo a los ejercicios fiscales corrientes, las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito paguen el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior, pudiendo este porcentaje reducirse hasta el 1% por medio de un decreto ejecutivo.

Esta sería una fuente directa de financiamiento para el incremento del BDH puesto que el dinero provendrá de un tributo adicional que tendrá que cancelar la banca, por ello, la información relacionada con las utilidades que obtengan durante los ejercicios fiscales deberá ser registrada en los archivos del Servicio de Rentas Internas (SRI). Con ello, se podrá ubicar y definir quiénes son los deudores del Estado que no cancelan sus obligaciones tributarias pese a tener la capacidad económica para hacerlo.

Se establece, además, la supresión del beneficio de no considerar en el cálculo del anticipo del IR los activos monetarios de las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. Este anticipo se calcula de la suma del 0,2% del patrimonio total, el 0,2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del IR, el 0,4% del activo total y del 0,4% del total de ingresos gravables, pero para las instituciones financieras existe una exensión, pues no se considera en el cálculo a los activos monetarios. Estos activos se conceptualizan como el dinero disponible que tiene la banca para destinarlo a diversos fines como inversiones en sí mismas, créditos y colocaciones de capital.

La banca realiza una resta entre el total de activos y los activos monetarios, de cuyo resultado se saca el 0,4% que es el porcentaje correspondiente a lo gravable, pero con esta Ley no podrían realizar esa operación. En 2011, el total de activos de la banca superó los 23.865 millones de dólares y los monetarios alcanzaron los 4.821 millones, con lo que se pagó el 0,4% de 19.044 millones. La Ley busca generar un mayor valor al anticipo.

Asimismo se suprime la tarifa cero de los servicios financieros en relación al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que implica que varias de estas prestaciones podrían aumentar sus valores por el pago de este tributo. Por otra parte, y como un acuerdo al que el Gobierno llegó con representantes del sector empresarial, se establece que los pagos por el impuesto a la salida de divisas (ISD), susceptibles de ser considerados como créditos tributarios para el pago del IR y que no hayan sido utilizados, puedan ser devueltos por parte de la administración tributaria al contribuyente por medio de la emisión de notas de crédito negociables en cualquier momento, que puede ser utilizado para pagar el impuesto a la renta. Esto se configura como un beneficio para el sector empresarial puesto que se constituye como un ahorro para los sectores productivos.

Pese a que no se contempló una devolución del ISD en el momento de la implementación de este tributo, el Gobierno acogió la petición empresarial realizada en una reunión que mantuvo con representantes de esta área económica en agosto pasado. Además se propone que entre las atribuciones de la Junta Bancaria se incluye la fijación de un monto máximo para las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las entidades que se encuentran bajo su control.

fuente Diario El telegrafo

La denuncia la recepta la Subdirección de Atención al Usuario (SAU), área enfocada a proteger los derechos de las personas naturales y jurídicas frente a las instituciones controladas.

Un total de 4.471 reclamos contra el sistema financiero se ha  registrado en los últimos tres años en la SAU de la Superintendencia de Bancos. De acuerdo al informe legal de la Subdirección hasta el momento hay 847 denuncias.

La mayor cantidad de reclamos es por el cobro “indebido” por el uso de tarjetas. Según la Asociación Ecuatoriana de Bancos Privados, en el país existe un promedio de 2’200.000 tarjetahabientes.

Pero los reclamos de los ciudadanos no se quedan únicamente en la Subdirección de la entidad, sino que se han extendido a la Defensoría del Pueblo, que durante  10 meses del año ha recibido 403 denuncias contra 95 instituciones públicas y privadas, que tienen relación con la banca.

Miriam Córdova, quien utiliza la tarjeta Cuotafácil, que pertenece al Unibanco, señaló que en más de una ocasión le han cobrado intereses por encima de lo permitido y que desde el pasado mes, sin previo aviso, los bancos cambiaron la fecha para pagar los créditos que se obtienen con las tarjetas.

Similar criterio tiene Irene Zavala, que anteriormente cancelaba el saldo de su tarjeta cada 24 y ahora son los primeros tres días del mes, lo cual la afectó económicamente.

Según la SBS, los ciudadanos tienen derecho a presentar su reclamo a esta entidad  siguiendo el procedimiento para la atención de los reclamos contra las instituciones del sistema financiero, contemplado en las normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

En la resolución de la Junta Bancaria Nº JB-2012-2208 se determinó en el capítulo V, artículo 15: “La  obligatoriedad  del establecimiento de que el precio para el pago con tarjeta de crédito, será el mismo precio que al contado; y, que toda oferta, promoción, rebaja o descuento vigente para el pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en conocimiento del tarjetahabiente de manera oportuna y adecuado, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa  lo contrario”.

fuente Diario El Telegrafo

Los componentes del índice tuvieron un comportamiento similar con respecto al resultado agregado del ICC-BCE, el Indicador de Situación Presente (ISP) bajó a 0,7 puntos y en igual magnitud el de Expectativas Futuras.

Al hacer una comparación interanual, el ICC-BCE de septiembre es mayor en 1,6 puntos al registrado en el mismo mes de 2011, superior en 3,9 puntos al observado en 2010, y mayor en 6,1 puntos con relación al ICC de septiembre de 2009.

El mes pasado, el indicador disminuyó en los hogares de cuatro de las cinco ciudades investigadas, el ICC aumentó en 0,8 puntos solo en Machala.

La confianza del hogar es menor a medida que aumenta la edad del jefe del hogar. En septiembre, el Índice de Confianza del Consumidor para los hogares cuyos jefes son menores a 30 años fue de 47,4 puntos, lo que representa una diferencia de 6,5 puntos con respecto al puntaje obtenido por aquellos hogares cuyo jefe tiene más de 65 años (40,9).

El ICC se construye como un promedio ponderado del Índice de Situación Presente y del Índice de Expectativas. Este indicador se encuentra entre 0 y 100 puntos.

Al ser un índice, el valor obtenido en sí mismo carece de unidad de medida, pero adquiere importancia cuando se lo compara con los datos históricos obtenidos, de esta manera se puede establecer si la Confianza del Consumidor aumenta o disminuye.

El ISP se elabora en base a tres preguntas: 1) ¿En relación al mes anterior la situación económica de su hogar es?, 2) ¿En relación al mes anterior el consumo de su hogar en entretenimiento es?, 3) ¿En relación al mes anterior la situación económica del país es?

fuente Diario El Telegrafo

La directora de la Unidad de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador (BCE), Ulda de la Torre, señaló que los mayores acreedores de la banca cerrada podrán usar sus certificados de depósito para participar en subastas y remates públicos.

También los acreedores que se encuentran fuera del país deberán otorgar un poder notarizado o legalizado en algún Consulado para su cobro en Ecuador.

El lunes inició una nueva fase de pago a acreedores de depósitos de los bancos cerrados en 1999. Un paquete que supera 12 millones de dólares saldará la deuda histórica de la banca privada de unos 82.800 acreedores.

fuente Diario El Telegrafo