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No es necesario viajar para hacer transacciones y una roca bien afirmada en medio de las olas puede servir de sede a cientos de entidades financieras o empresariales. Esos paraísos constituyen hoy, más que nunca, no sólo el sostén de un capitalismo ficcional y aventurero que busca un refugio para eludir la fiscalidad de sus propios países, sino también la base para ocultar y lavar dinero criminal, una prima hermana menor y desprejuiciada del capital financiero.

Pero no todos los orígenes de esos paraísos son iguales: sus historias pueden tener sagas muy diferentes. En un documentado trabajo “Los orígenes de la ley de secreto bancario y sus repercusiones sobre la política federal suiza” publicado en la prestigiosa The Business History Review, Vol. 74, Nº 2, un especialista en la cuestión, Sébastien Guex, habla de uno de los lugares más solicitados y prestigiosos, a quien el español Álvarez Baeza, en un libro pionero anterior, “El oro del Tercer Reich”, ya le había puesto los dientes encima: la República Federal Suiza o Confederación Helvética.

En forma muy sintética vamos a exponer los principales argumentos que dan ambos autores y están rubricados ya por abundantes testimonios. El mantenimiento y reforzamiento del secreto bancario suizo representa un objetivo principal de las autoridades helvéticas durante el siglo XX y ha ejercido una substancial influencia en la política interna y exterior suiza. Contrariamente a lo que piensa la opinión pública, la institución de ese secreto no surge del deseo de proteger los fondos depositados en Suiza por judíos víctimas de la persecución nazi mediante la ley sancionada en 1934, sino que tiene diferentes orígenes.

Desde principios del siglo XX los bancos suizos se dieron cuenta de que el incremento de las tasas fiscales en los países vecinos le ofrecía una interesante posibilidad de atraer capital extranjero tratando de evadir aquellas tasas consideradas exorbitantes. Eso explica por qué las instituciones bancarias locales iniciaron una campaña de propaganda entre sus vecinos, explicando las ventajas de Suiza como un paraíso fiscal.

La Primera Guerra Mundial representó un punto de inflexión en la historia de las finanzas de ese país. En un período de crisis monetaria y financiera, flujos de capitales provenientes de varias potencias de la época llegaron a los bancos suizos en grandes cantidades. La protección ofrecida por la solidez del franco suizo, la estabilidad política del país, su neutralidad en la guerra, además de los aumentos de impuestos a los ricos en naciones vecinas, como Francia, apresuraron este proceso.

No pudiendo competir con centros financieros más importantes como Londres, París o Berlín, los bancos suizos se dieron cuenta de que las escaladas tributarias en otros lados ofrecían una posibilidad interesante para estimular la llegada de inversiones extranjeras. Desde ese momento el secreto bancario, que cumplía hasta entonces funciones internas para proteger a sus propios ciudadanos, pasó a ser un instrumento con funciones externas. En 1931 y en los años inmediatamente posteriores Suiza experimentó, en medio de la depresión mundial, la peor crisis bancaria de su historia.

De los ocho bancos más grandes uno cayó en bancarrota y los otros tuvieron serias dificultades. Trabajadores, granjeros y sectores medios exigían un mayor control del sector financiero. Especialmente establecer un sistema para proteger los ahorros de las clases bajas y pobres. Además, pedían controlar los movimientos de capital para impedir un incremento de las tasas de interés. Como consecuencia de esta situación el Consejo Federal decidió incluir, en 1933, una norma en la Ley de Bancos sobre el secreto bancario. Su resultado es el famoso artículo 47 que hace de la violación de ese secreto una cuestión criminal y expone a sus infractores a penas carcelarias. Antes de ponerse en vigencia la norma levantó una polvareda de críticas externas e internas.

En el exterior, de parte del gobierno francés, que veía amenazados sus recursos fiscales, internamente por los socialistas y sectores agrarios, quienes denunciaban que su puesta en práctica haría poco controlable el fraude fiscal. Pero, sobre todo, crearía graves tensiones entre Suiza y los países aliados hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde junio de 1940 y luego del colapso de Francia, las clases dirigentes suizas integraron plenamente la esfera económica de los poderes del Eje. Alemania e Italia se beneficiaron de un cierto número de favores esenciales al esfuerzo de guerra: envío de equipamiento estratégico, libre circulación por los túneles alpinos y ayuda financiera.

Entre otras cosas, se compró en francos suizos 1,2 billones de oro nazi; parte del cual provenía seguramente de víctimas del nazismo y se otorgaron a aquellos países créditos sustanciales: 1,1 billones de francos suizos a la Alemania Nazi y otros 400 millones a la Italia de Mussolini. Esa extensa colaboración con Berlín y Roma devino después de la guerra en un serio conflicto con las naciones victoriosas.

Aparecieron listas negras en las que figuraban empresas y bancos suizos y Estados Unidos congeló importantes fondos helvéticos en su país. Suiza debía hacer un inventario de los activos alemanes, tanto de los que existían en su propio territorio como de aquellos controlados por instituciones suizas en el exterior. ¿Pero cómo identificar todos los activos privados emanados de Suiza y congelados en los Estados Unidos? Muchos bancos se opusieron bajo el pretexto de que arruinaría la entera privacidad de sus negocios bancarios.

Esta situación provocó también problemas políticos, sobre todo, por parte de los socialistas. Fue justamente el Partido Socialista el que ganó las elecciones federales a fines de 1943, de modo que en diciembre de ese año el Parlamento suizo, con mayoría de derecha, se vio obligado a elegir por primer vez a un miembro del PS como ministro. Pero entonces se produjo una vuelta de tuerca. El gobierno suizo se compone de siete ministros, los que conforman una institución colegiada.

Cada ministro debe aceptar las decisiones colectivas, de modo que el ministro socialista nombrado expresamente a cargo de las Finanzas debió defender, aún contra su voluntad, el secreto bancario suizo atacado a nivel internacional. Al mismo tiempo, el creciente clima de la Guerra Fría jugó a favor de Suiza. Durante las discusiones que se llevaron adelante en Washington sobre esta cuestión un representante suizo afirmó que desde el punto de vista estratégico la “situación sólo [podía] mejorar para nosotros”. Mientras tanto, el gobierno helvético maniobraba hábilmente. Le otorgó así un generoso crédito a Francia de 250 millones de francos suizos, que se transformaron luego en 300 millones, y otro a Gran Bretaña de 260 millones, calmando los ánimos.

El dinero todo lo puede. El próximo paso fue comenzar a aplicar políticas “humanitarias” para contrapesar las duras políticas que había adoptado en el pasado frente a los refugiados y, en especial, hacia las víctimas del conflicto. Algunos miles de refugiados o antiguos internados en los campos de concentración podían ahora entrar a Suiza. En forma algo cínica el ministro el Ministro de Relaciones Exteriores Suizo les decía a sus colegas del Consejo Federal, el 9 de abril de 1945, que su país « […] no sólo hace un acto humanitario para cumplir una promesa sino también para resolver un problema político.

Contribuir a salvar un apreciable número de gente miserable nos da un argumento crucial para justificar nuestra neutralidad, la cual, como ustedes saben es atacada por la mayoría de los países aliados, especialmente por los Estados Unidos y Francia ». Seguidamente, se creó una institución suiza para las víctimas de la guerra que recibió generosamente 200 millones de francos suizos, en su mayoría, producto de contribuciones de la población. Los bancos no fueron tan dadivosos, pero en esto había también un propósito político: lo que iba a traer la gratitud de pueblos y naciones era un acto generoso del propio pueblo suizo. Esto permitiría abandonar el aislamiento que la actitud del anterior gobierno helvético había provocado durante la guerra. Además, se aceptó la expropiación de los activos alemanes, tanto en Suiza como aquellos administrados por compañías internacionales de origen suizo, lo que quebró el secreto bancario en favor de los aliados. De todos modos, para los bancos suizos la cuestión más importante era preservar el anonimato ante el resto de la clientela extranjera.

El secreto bancario persistió, aunque continúa siendo una práctica controvertida. Primero, porque posibilita maniobras dudosas, ilegales e incluso criminales. Luego, porque dictadores como Mobutu del Zaire, Abacha de Nigeria y muchos otros depositaron parte de su fortuna en el sistema bancario helvético. En cuanto a la cuestión de los orígenes de ese secreto, jugó durante un tiempo un rol ambiguo. Desde los años 60’ la banca suiza difundió la idea de que el secreto bancario fue introducido para proteger a las víctimas de las persecuciones nazis; un esfuerzo de propaganda desmentido por los hechos. En realidad, respondió a intereses de las clases dominantes de ese país y de los propios bancos e instituciones financieras y estuvo vinculado a su deseo de ayudar al nazismo y al fascismo.

Las conclusiones que uno saca de estas lecturas son un poco fuertes, pero las neutrales Suiza y España que ayudaron decididamente al Tercer Reich nunca fueron tan criticadas como Argentina, considerada hacia el fin de la guerra como refugio de nazis que preparaban desde allí un Cuarto Reich. Para los Estados Unidos (y sus aliados político internos) el “riesgo país” de los vecinos del sur siempre fue más alto que el de otros neutrales que en verdad colaboraron durante la guerra con Berlín. Una visión que padece algo más grave que un simple estrabismo.

fuente Diario El Telegrafo

La situación actual del Ecuador difiere mucho de lo que ocurre en Europa. Mientras las economías Sudamericanas están embarcadas en un proceso de redistribución del ingreso y crecimiento económico, las naciones del viejo continente han puesto en marcha un plan para el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Se argumenta que la austeridad impuesta a la ciudadanía puede ser gradual pero los gobiernos de la Eurozona continúan aplicando la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su nivel más extremo.

El Ecuador, en cambio, hace años se alejó de los organismos internacionales (FMI y BM) y las políticas gubernamentales que ha aplicado en los últimos cinco años ahora son un ejemplo para el continente y los países hundidos en una espiral de recesión. Esta experiencia, comparada con la de otras naciones, permite afirmar que mientras más alejadas estén las naciones de esas instituciones mejor les irá.

Desde 2007 la política fiscal se formula en base a las necesidades de la población y la construcción de una nueva matriz productiva. La renegociación de la deuda ecuatoriana realizada en 2009 es vista como una salida de escape para las economías que actualmente atraviesan un doloroso plan de ajuste.

La experiencia ecuatoriana ahora sirve de ejemplo para las naciones de la Eurozona y otras en vías de desarrollo porque la crisis que enfrentan es muy similar a la que vivió el país en los años 90 cuando acogía las “recomendaciones” del FMI y el Banco Mundial desde Washington. Esa receta solo sirvió para postergar el desarrollo e incrementar la pobreza y la indigencia.

El desarrollo de políticas públicas que colocan al área social como protagonista, ha permitido la reducción sustancial de la pobreza, un fenómeno sin precedentes en la historia del Ecuador y que hoy se refleja en los bajos niveles de conflictividad como ocurría en los años noventa.

Aquello es algo muy distinto al hiperajuste ejecutado en la España, donde el ambiente político por las autonomías se están exacerbando, provocando rumores de separación y profundizando la falta de cohesión social. Los europeos analizan el caso ecuatoriano y el caos que ahora viven es igual al ocurrido en Latinoamérica en los años 80, el cual desembocó en una crisis profunda con más de la mitad de la población en la pobreza y la indigencia.

Por eso, las organizaciones sociales y sindicatos de España, Grecia e Italia luchan para no caer en el mismo abismo y proponen importar la experiencia latinoamericana, sobre todo, el rescate de la soberanía de la política económica. Los políticos europeos saben que por ahí deben comenzar.

fuente Diario El Telegrafo

Agregó que estos dineros provenían de créditos quirografarios y fondos de reserva que los acusados depositaban en sus cuentas bancarias, por medio de cédulas de identidad falsas.

Las autoridades hasta el momento investigan los vínculos que los funcionarios podrían mantener con terceras personas de fuera de la institución, especialmente dentro del Registro Civil, ya que se falsificaron las cédulas de identidad para obtener las claves de afiliación y hacer las transferencias.

Los trámites se efectuaron en dependencias de provincias en las que aún se emiten cédulas de identidad antiguas, ya que no tienen las seguridades tecnológicas de las actuales. La estafa asciende a 434.000 dólares de las cuentas del Biess y 600.000 del IESS.

La autoridad señaló que el monto equivale a un 0,02% del total de las operaciones de crédito y fondos de reserva que manejan las dos instituciones. No obstante, existen alrededor de 130 personas perjudicadas por la estafa, a las que el sistema de seguridad social ofreció compensar.

González informó que los involucrados manipulaban los sistemas informáticos de ambas entidades para poder enviar el dinero a sus cuentas.

Byron Granda, fiscal provincial de Pichincha, jurisdicción en la que fueron detenidos los 14 implicados, aseveró que el organismo receptó las denuncias el pasado marzo y que inmediatamente comenzaron las investigaciones solicitadas por ambas instituciones que prestan servicios de seguridad social.

A partir de allí, señaló, se iniciaron las visitas y las audiencias con los trabajadores del IESS y del Biess, para determinar a los funcionarios sospechosos. El proceso fiscal, en el que se encuentran los involucrados en la estafa, durará 90 días, período en el que continuarán las investigaciones para determinar el grado de culpabilidad, afirmó Granda.

Por otra parte, las entidades firmaron un convenio con el Registro Civil, mediante el cual el organismo de cedulación se comprometió a emitir informes sobre las partidas de defunción, ya que de la ausencia de estos documentos se valieron los implicados en el delito para retirar los fondos correspondientes a pensiones jubilares de personas fallecidas.

fuente Diario el Telegrafo

Entre las medidas dispuestas están la retención de créditos presentes y futuros del contribuyente y sus relacionados, la prohibición de ausentarse del país para estos, así como la prohibición de enajenar y secuestro de 17 vehículos y de 6 bienes inmuebles.

En el operativo participaron decenas de policías que acompañaron a los agentes del SRI en el procedimiento. Uno de los inmuebles embargados la mañana de ayer fue el edificio principal de Ícaro, ubicado en la Av. Amazonas y calle Palora, frente al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

El organismo tributario también tiene procesos contra los principales accionistas de la aerolínea: las empresas Aeroclub e Inversiones Alfa, además de los ciudadanos Domingo Gangotena y de Guido Saltos, quien es su representante legal.

“En su momento se actuó con medidas cautelares y ahora se realizan medidas de embargo a través de la aplicación de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, ya que se ha vinculado a la empresa Ícaro, la principal deudora, pero también a sus principales accionistas y sus empresas relacionadas”, explicó el director nacional de Gestión Tributaria del SRI, Leonardo Orlando.

En 2010 s recuperaron $ 859.000 de la deuda, que fueron enviados al Ministerio de Relaciones Laborales para el pago de los sueldos de los trabajadores de Ícaro.

Recordó que esta ley, vigente desde hace dos meses, tuvo un antecedente de aplicación en el caso de la Bananera Noboa. El director nacional de la Policía Judicial, Milton Zárate, destacó que los embargos se realizan con un equipo de 200 uniformados.

fuente Diario El Telegrafo

Desde el 29 de octubre, el BCE cancela 82.815 acreencias, equivalentes a $ 12’883.511, cuyos beneficios serán para quienes no han recuperado sus recursos de los bancos que fueron liquidados durante el feriado bancario. El proceso de pago que se realiza en orden alfabético en el Banco del Pacífico y las oficinas del BCE estaba previsto para culminar hoy, pero se extenderá hasta el 28 de enero del próximo año.

El BCE, como cesionario de los activos de las instituciones liquidadas y al haber obtenido recursos de la liquidación, a través de la gestión de recuperación, decidió cancelar en 9 instituciones financieras a los acreedores de los siguientes bancos: Filanbanco, Progreso, Crédito, Banco Mercantil Unido, Intermil, Unifan, Valorfinsa, Finiber y Coop. 8 de Septiembre.

El valor a devolver es de $ 12’883.511, señaló Ulda de la Torre, directora de la Unidad de Recuperación y Liquidación del BCE, tras reiterar que este procedimiento permite cumplir con los ecuatorianos que fueron perjudicados en el salvataje bancario, honrando el pago de los valores que les fueron retenidos contra su voluntad.

Este paquete de pagos se suma a los realizados desde 2010, que llegó a 17.500 acreencias y $ 15,6 millones devueltos; aquello deja todavía pendientes de pago a 12.500 acreedores de mayores cuantías por unos $ 69 millones.
Para poder saber en qué entidad puede cobrar, el acreedor debe consultar la página web www.bce.fin.ec, “pago a acreedores”. Quienes no cobren en la fecha señalada, podrán hacerlo a través del Banco del Pacífico, del 28 de noviembre al 28 de enero de 2013.

Crisis detuvo desarrollo

Según expertos en temas financieros, con los recursos destinados al salvataje bancario se podrían hacer en la actualidad miles de obras. Por ejemplo: el valor promedio de una Escuela del Milenio es de $ 3’625.362. Si dividimos los $ 6.000 millones (que se “feriaron” algunos banqueros en 1999) para el costo de cada unidad educativa, resulta que se pudieron construir 1.655 Escuelas del Milenio.

El costo del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López del IESS es de $ 6’850.000 (incluido equipamiento). Haciendo la sencilla operación anterior, se llega a la conclusión de que pudieron construirse 876.

Asimismo, el puente Durán-La Puntilla, que lo inauguró el Gobierno el 26 de septiembre de 2011, tiene una longitud de 1.975 metros y un costo de $ 101 millones. Se pudo haber construido 59. El precio de una vivienda para una familia de ingresos medios es de $ 50.000. Pudieron construirse 120.000, este y muchos ejemplos fueron expuestos por analistas.

El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, recordó que la crisis financiera de 1999, que llevó a la dolarización de la economía del país, marcó una oleada de migración de ecuatorianos que buscaron mejores condiciones de vida en el exterior, especialmente en Europa y Estados Unidos. “La crisis bancaria de los 90 le costó al país alrededor de 7.000 millones de dólares cuando la economía tenía un tamaño de casi 17.000 millones”, comentó Rivera, al señalar a lo que se llamó “salvataje bancario” como el “peor atraco de la historia del país”.

Nadia Romero, directora del proyecto “Tras las huellas de un atraco: Ecuador 1999”, dijo que las personas más vulnerables eran las de la tercera edad que habían depositado toda su jubilación y dependían de ese dinero para sobrevivir. Muchos murieron. Además, se agravó la situación de otros que tenían problemas de salud y necesitaban el dinero para seguir tratamientos.

fuente Diario El Telegrafo