‘Amplias atribuciones’ le da ley a Superintendente de mercado
Los alcances que tendrá el superintendente de Control del Poder de Mercado si se llega a aprobar la Ley Antimonopolio, tal como está redactada, preocupa a sectores empresariales por los amplios poderes que la norma le atribuye a una sola persona.
El funcionario tendría 21 atribuciones, entre ellas: conocer y resolver en última instancia sobre infracciones (establecidas en la ley) y aplicar sanciones, además resolver recursos como apelaciones que se presenten sobre decisiones que el mismo funcionario haya tomado.
El texto, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de septiembre, se encuentra en manos del Ejecutivo que ha anticipado que hoy tendría un resultado sobre la aprobación, veto o veto parcial a la norma.
Ante los cuestionamientos que tuvo el texto inicial en la Asamblea, en lo concerniente al superintendente se sustituyeron las frases “amplios poderes” por el de “amplias atribuciones” y “juzgamiento” por “conocimiento” dentro de las facultades que tendría.
Pero para los empresarios no es suficiente. Pablo Dávila, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), que agrupa a 35 gremios, sugiere en una carta enviada al presidente Rafael Correa –dentro de un veto parcial– la creación de una comisión plural.
Propone una Comisión de Poder de Mercado que sea el órgano resolutivo de última instancia administrativa en la Superintendencia y que tenga las facultades de determinar las medidas correctivas e imponer sanciones. La integraría el superintendente y cuatro miembros designados por el Consejo de Participación Ciudadana.
Para Wilson Araque, catedrático universitario, es bueno que alguien regule en referencia a la creación del superintendente. “Si esas competencias son aplicadas de manera técnica no habrá ningún problema”, pero le preocupa que esas potestades tengan fines políticos.
A fin de evitar eso, considera que la sociedad civil deberá estar vigilante para no permitir el cometimiento de excesos.
Según Heinz Moeller Gómez, director del Centro de Investigación sobre Competencia y Mercados (Cicom) de la Universidad Espíritu Santo, no hay exceso de funciones de la Superintendencia pero cree que las apelaciones no deberían ser conocidas por su titular sino por la Junta de Regulación. Pronunciamiento con el que coincide el asambleísta independiente Rafael Dávila.
“Resulta inédito que los tres recursos de protección legal que tendría una persona: reposición, apelación y extraordinario de revisión vayan a ser conocidos por la misma Superintendencia que ha sancionado”.
Fuente EL Universo