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Ley antimonopolio genera inquietud en sector privado

2 septiembre, 2011 @ 9:31
publicado por Freddy

Multas de entre $ 10.000 a más de $ 10 millones por infracciones leves, graves y muy graves son las sanciones contempladas en la Ley de Control del Poder de Mercado o Antimonopolio que promueve el Ejecutivo.

La normativa, enviada por segunda ocasión esta semana a la Asamblea como un proyecto urgente en materia económica, establece multas de $ 10.000 a $ 500.000 para infracciones leves, como no haberse sometido a una inspección ordenada según lo establecido en la ley.

Además, fija las infracciones graves con multas de $ 500.001 a $ 10 millones a quienes, por ejemplo, presenten una denuncia falsa, utilizando datos o documentos falsos con el propósito de causar daño a la competencia, sin perjuicio de las acciones civiles y penales.

Una infracción muy grave establece multas de más de $ 10 millones por incumplir lo establecido en una resolución o compromiso adoptado en aplicación de la ley.

El proyecto, además, contempla la creación de una Superintendencia que estará bajo la dirección de un funcionario escogido de una terna que remitirá la Presidencia de la República. Este será seleccionado por el Consejo de Participación y Control Social.

El cuerpo legal tiene 91 artículos divididos en: Objeto y ámbito, Régimen de regulación y control, Acción del Estado y ayudas públicas, Rectoría, política pública, Procedimientos, Medidas correctivas y sanciones, Compromisos de cese.

Diego Martínez, de la Secretaría Nacional de Planificación, sostuvo que el nuevo marco jurídico, el cual regulará tanto al sector público como al privado, pretende evitar el abuso del poder del mercado.

Pero su contenido y elaboración han recibido observaciones en recientes encuentros. Ricardo Flor, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, dijo que no ha habido reuniones con las autoridades para abordar el tema, por lo que se declaró preocupado.

Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias y Productividad de Pichincha, consideró que el proyecto no se ajusta a los parámetros internacionales ni a las recomendaciones dadas en un seminario donde intervino un experto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Zambrano indicó que se plantea una Junta de Regulación y establece que el Ejecutivo es la entidad rectora que fijará las políticas en materia de competencia, “cuando en el ámbito internacional lo determina un organismo independiente”.

A pesar de los cuestionamientos, los empresarios consideran que sí es necesaria la adopción de una normativa.

Flor cree que es malo que existan empresas monopólicas. Argumentó que si hay grandes empresas que capitalizan todo el mercado e imponen cierto tipo de métodos para evitar tener competencia y poner los precios que más les convienen eso no permite el crecimiento con libertad de otras compañías.

Dávila se mostró de acuerdo con la existencia de una ley, así como con la creación de una institucionalidad para investigar las conductas restrictivas a la libre competencia o el establecimiento de un marco de sanciones.

Para Zambrano, esta debe estar enmarcada en parámetros internacionales.

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