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@virgiliohernand 

1. Según los ideólogos neoliberales, la autorregulación del sistema bancario mejora la asignación de los recursos financieros. Por ello, la oposición sostiene que la intervención del Estado es contraria a la estabilidad financiera y a la dolarización. Incluso plantean que estos objetivos monetarios y financieros deben ser un principio fundamental.

2. Los sectores financieros privados y la oposición aún no se resignan al mandato constitucional dispuesto en el artículo 232, según el cual los regulados no pueden establecerse autorregulaciones. El movimiento CREO plantea que la Junta de Regulación que crea el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), esté integrada por 8 miembros, de los cuales 5 sean del sector privado. El PSC y Sociedad Patriótica también coinciden con la participación del sector financiero privado. Parecería que las nefastas experiencias que vivió Ecuador no les sirve para entender que la autoridad del Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no de los intereses corporativos, por poderosos que sean.

3. La oposición y la banca, en su momento, se mostraron contrarias al Fondo de Liquidez, que ahora tiene $ 2.000 millones. Las propuestas de CREO y Madera de Guerrero- PSC eran impedir que se realicen inversiones del Fondo de Liquidezdebidamente garantizadas.

4. La oposición, que en ocasiones mira el mundo desde la gerencia de instituciones privadas, no puede entender que cerca del 40% de ecuatorianos no tiene cuenta bancaria y se opone a la moneda electrónica, y a la posibilidad de que la Junta regule su funcionamiento a través del Banco Central del Ecuador. No pueden entender que, por ejemplo, ello permitirá transacciones con mayor seguridad en lugares como Ipiales, Bahías y otros centros de comercio.

5. De acuerdo con el análisis estadístico realizado por la asambleísta de PAIS, Ximena Ponce, se hicieron observaciones a menos de 200 artículos y a 29 Disposiciones. De todas ellas, 90 observaciones fueron sobre la conformación de la Junta, sus funciones, responsabilidad de sus miembros, prohibiciones  y conflicto de interés. Resulta curioso cómo, para la oposición, la independencia no está vinculada al interés general sino a la pertenencia al sector financiero privado. La reflexión de la asambleísta Mae Montaño demuestra esta confusión y propone:“Cambiar la conformación de la Junta de Regulación con el objetivo de tener una entidad de control y regulación independiente. Adicionalmente que sus miembros tengan conocimiento técnico y experiencia respectiva para tomar decisiones informadas y no llevar a cabo medidas de carácter discrecional”, es decir, que la Junta tenga 5 representantes del sector privado. Para la oposición, la intervención del Estado es contraproducente porque afecta el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado del crédito.

6. Hubo asambleístas que señalaron que la dolarización debe ser el principio y fin de la política pública y  monetaria. Como en el pasado, levantaron el fantasma del  debilitamiento de la dolarización y encontraron en formas de inclusión, como la moneda electrónica, la amenaza al sistema. La asambleísta del PSC, Cristina Reyes, dijo: “El dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, las monedas nacionales y la moneda electrónica, van a ser aceptados como medios de pago, con poder liberatorio y serán de curso legal. ¿Estamos ante un sistema de convertibilidad? ¿No es poner en riesgo la dolarización?”. Obviamente, más que desconocimiento de lo que significa la convertibilidad, esas afirmaciones buscan generar miedo sin importar la incertidumbre que pudiesen generar en la sociedad.

7. En las propuestas de la oposición está que la ley aclare que el Fondo de Seguro de Depósito y el Fondo de Liquidez son “de naturaleza privada” y, por ende, en el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) deben participar con voz y voto los delegados del sector financiero privado. Aquí son necesarias algunas precisiones: 1) La ley dice que el Fondo de Seguro de Depósito es de naturaleza pública (art. 326), puesto que los bancos pagan una prima al fondo que administra el Cosede y, por ende, una vez que pagan esos recursos ya no les pertenece; 2) El Fondo de Liquidez, si bien es de naturaleza privada (art. 336), es administrado ahora por el Banco Central y con el COMF pasará al Cosede para que dicho fondo se convierta en un prestamista de última instancia en el caso de que los bancos tuviesen problemas de liquidez, por lo tanto imposible que la banca privada administre dicho fondo.

8. En el debate público y en las propuestas de los sectores de la oposición cuestionaron el direccionamiento del crédito, ya que el Estado quería dirigir la actividad de la banca privada, entonces esa disposición debía eliminarse del COMF. Sin fundamento alguno dicen que esofracasó en Venezuela, pero ocultan que medidas como esta se usaron en Estados Unidos, Alemania, Corea y que tampoco son extrañas para países de la región como Colombia, Perú, Chile, etc.

9. Respecto a la garantía del crédito, la oposición señala que la interferencia del Estado impedirá que cada banco defina su propio mecanismo de “garantizar a los depositantes”, es decir, pretenden que la sociedad asuma que el banquero es el mejor garante de los depositantes y, por ende, apoyan que todas las operaciones crediticias tengan que rendir una garantía sin importar la naturaleza del crédito.

10. La asambleísta Reyes también dice que: En base a los artículos 11 y 233 de la Constitución, “la Comisión debe revisar la primera disposición general así como de otros textos del proyecto que eximen de responsabilidad a funcionarios públicos encargados de dictar políticas y lineamientos”. Por la misma razón pidió revisar la disposición general novena.