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Regulación a medias para el ‘operador dominante’

13 diciembre, 2011 @ 8:50
publicado por Freddy

A 16 meses de la declaratoria de Claro (antes Porta) como “operador dominante”, las autoridades de telecomunicaciones aún no han logrado concluir las medidas para regular la competencia en el mercado de la telefonía celular.

En el país existen 15,7 millones de líneas. De ese universo, a octubre del 2011, Claro participaba con el 70,13% de los clientes; Movistar, con el 28,15%, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el 1,72%.

El 30 de julio del 2010 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) resolvió declarar a Conecel (Claro) como operador dominante, debido a que por su peso en el mercado está en ventaja frente a sus competidoras, lo que, a su vez, podría perjudicar a los consumidores.

La resolución 347-13, firmada por Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y presidente de Conatel, estableció al “operador dominante” como el proveedor de servicios que haya tenido al menos el 30% de los ingresos brutos de un servicio determinado o que controle, directa o indirectamente, los precios o un segmento del mercado en una suscripción geográfica determinada.

La resolución, basada en análisis de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), ya expresaba que en ese entonces Claro poseía el 70% de los usuarios y Movistar, el 28%, dejando una participación marginal a la telefónica estatal, entonces denominada Alegro. El documento señalaba que “en términos prácticos es un duopolio bastante inequitativo”.

La resolución planteó la intervención del Conatel para equilibrar los precios de interconexión entre diferentes operadoras. Esta señalaba que “en la medida que existan menores barreras para la interconexión (menores costos y precios) los consumidores podrán gozar del acceso a todas las redes”.

Las autoridades empezaron a buscar soluciones el 30 de diciembre del 2010, es decir, cuatro meses después de la resolución, cuando la Senatel dispuso la elaboración de un informe de las medidas para regular a Claro y se dio un plazo de 60 días para terminarlo, hasta 13 de febrero de este año. Sin embargo, el informe fue presentado el pasado 30 septiembre. “Un elemento fundamental de competencia es la reacción rápida del Estado para minimizar la presencia de un operador dominante, dice el expresidente del Conatel Juan Carlos Solines, al referirse al tiempo transcurrido. El último documento contempla medidas técnicas y análisis jurídicos y de impactos económicos.

Parte de la demora en la presentación del estudio tuvo que ver con la falta de respuesta de Claro a los pedidos de la Senatel, de acuerdo con el informe. Por ejemplo, no entregó información sobre los ingresos de prepago por plan tarifario y de prepago por promoción, el desglose de tarifas, los costos de producción e infraestructura.

En las conclusiones del documento se destaca que las medidas permitirán una competencia más equitativa y un mejor servicio en el largo plazo. Para Solines, ese plazo significa no menos de seis años”.

La principal medida que plantea el último informe es la fijación de cargos asimétricos en la interconexión.

Este Diario pidió la versión de Claro desde la semana pasada, pero no hubo respuesta.

Detalles

Pedidos

Desde antes del 2010, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (que asumió a la estatal Alegro) y Movistar solicitaron en varias ocasiones a las autoridades de telecomunicaciones que intervengan en el mercado para garantizar una competencia menos desigual con Claro (antes Porta).

Facturación

Entre el 2008 y diciembre del 2011, según la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Claro y Movistar tuvieron ventas por $ 5.340 millones.

Legislador

El asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez responsabilizó a las autoridades de telecomunicaciones de no defender los derechos de los usuarios, por la demora en las medidas regulatorias a la compañía Claro.

Servicios conjuntos

Según el legislador Cléver Jiménez, además, debe analizarse la alianza entre Ecuadortelecom y Conecel, ambas del Grupo América Móvil, por ofrecer servicios como telefonía fija, televisión, internet, etcétera, sin autorización del Estado.

 

Fuente El  Universo

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