Si hay caducidad, los bienes van al Estado
El Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto de Ley Reformatoria a la nueva Ley de Minería. El documento plantea cambios a la caducidad de las concesiones mineras y a los permisos concedidos a las empresas, por el incumplimiento de obligaciones.
La propuesta es incorporar en el artículo 109 de la ley, para casos de caducidad de contratos, «la inmediata devolución al Estado de las áreas concesionadas y la entrega de los bienes accesorios, equipos, herramientas, maquinarias y demás muebles e inmuebles adquiridos para los fines de la explotación minera y sin costo para el Estado».
Las cauciones y garantías rendidas quedarán a favor del país. Con esto se suprimirá el artículo 122 vigente, que permite a las empresas llevarse del país los bienes.
El proyecto ya cuenta con el respaldo de los opositores. Para Kléver Jiménez, asambleísta (PK), la propuesta es coherente porque los activos de las mineras deben quedarse con el Estado tras la caducidad. «Pero hay que hacer reformas más de fondo –dice– como respetar la consulta previa a las comunidades y obligar a las transnacionales a cuidar el medio ambiente».
Quizá porque no toca el fondo de la ley, la reforma no asusta a las empresas multinacionales. Cuatro de ellas, según sus funcionarios, continúan adelante con los trámites para la obtención de las licencias y los permisos.
La compañía Ecsa, de capitales chinos, recibirá este mes la licencia ambiental para la fase de explotación minera avanzada en los proyectos Mirador y Panantza San Carlos. Ya está aprobado el estudio de impacto ambiental del primer proyecto.
Falta que la empresa haga los pagos de tasas por 1,8 millones de dólares y presente las pólizas del plan de manejo ambiental. Las inversiones durante este año llegan a 80 millones de dólares.
Kinross-Aurelian negocia el contrato del proyecto Fruta del Norte. Ya presentó los estudios de impacto ambiental para obtener la licencia de explotación. La inversión en este año es de 65 millones.
La minera china San Luis Minerales, que opera el proyecto Río Blanco, e Iam Gold, que tiene el yacimiento Quimsacocha, están a punto de alcanzar los permisos para la fase de explotación. Sus inversiones llegan a 100 millones de dólares.
Pero Humberto Cholango, presidente de la Conaie, cuestiona la aprobación de licencias a favor de las multinacionales. «Nadie sabe con base en qué argumentos se están entregando los permisos para que destruyan miles de hectáreas –dijo–, mientras a la nacionalidad secoya, el Gobierno acaba de multarle con 475.000 dólares por la tala de unas 170 hectáreas de bosque primario».
Fuente El Expreso