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Entre la brevedad y el despilfarro de palabras – que pretendían convertirse en propuestas- en el debate organizado por las cámaras de Guayaquil, al que asistieron seis de los ocho candidatos a la Presidencia de la República, al menos hubo un punto de convergencia entre la mayoría de ellos:
subvertir el modelo de desarrollo impulsado por el actual régimen. Es decir -o al menos eso se esperaba- que replanteen líneas claras de cómo “repensar” el Buen Vivir.

Nada de eso ocurrió, pues entre sus planteamientos, las coincidencias fueron: reducir el tamaño del Estado, limitar la regulación y supervisión de lo público sobre los diferentes espacios de la vida económica y social, exonerar de impuestos al sector empresarial, disminuir el “irresponsable”
gasto público, promover el “espíritu” emprendedor de los ecuatorianos, diversificar los mercados a través de la apertura comercial, entre otras ofertas que apuntaron a retomar ese modelo de desarrollo que caducó por sus nefastas consecuencias sociales en Latinoamérica: el neoliberalismo.

Esa línea de pensamiento económico nos remite a Milton Friedman, quien junto a Henry Simons y F. A. Von Hayek, fueron los principales representantes de la llamada Escuela de Chicago. Ese fue un grupo de economistas que, liderado por Friedman, asesoró en materia de política económica
a los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan, y fue en ese periodo donde se promovieron políticas de comercio libre, desregulación de los mercados, privatización de empresas públicas, gasto social limitado, libre movilización de capital externo, entre otras medidas que no hacían más que garantizar la supremacía del capital sobre el ser humano.

En América Latina, el neoliberalismo llegó con fuerza a partir de la crisis financiera de 1982 en México. El país azteca declaró a los tradicionales acreedores internacionales que no podía sostener más el pago de sus haberes.

Y aprovechándose de la vulnerabilidad de varios países de la región que atravesaban las mismas circunstancias de México, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empezaron una agresiva campaña durante los años ochenta, para obligar a los llamados países en “subdesarrollo”
a hacer cambios en las estructuras de sus economías a cambio de financiación en condiciones desiguales.

Estasreformas se conocieron como políticas de ajuste estructural y generaron un menoscabo de la soberanía económica y política de los países latinoamericanos.

Regresar al antiguo esquema económico y social que nuestra región vivió desde los años ochenta, donde el libre mercado y la “generosidad” de la empresa privada se constituían como los elementos centrales para el desarrollo, más que cuestionable, es un hecho reprochable.

Pero más peligroso aún es la ligereza con la que se plantean estas ofertas de campaña en un debate presidencial, del cual se espera sólidas propuestas que propongan claramente cómo revertir la injusticia social, redistribuir la riqueza, reducir la dependecia con los recursos naturales.

fuente Diario El Telegrafo