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La Corte Constitucional informó ayer que aún no recibe la acción extraordinaria de protección planteada por los representantes de la Cervecería Nacional, respecto del fallo de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Este fallo obligaba a la empresa a cancelar los cerca de USD 91 millones por concepto de pago de utilidades a ex empleados desde hace varios años atrás. La Cervecería no acepta ese dictamen y ha señalado que su apelación ante la Corte Constitucional ha demorado varios días. Según la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que tiene como finalidad la impugnación de las decisiones judiciales por vulneración del debido proceso u otros derechos constitucionales. Una vez que la causa llegue a la Corte, esta deberá pasar por la Sala de Admisión, la cual designará el juez ponente a través de sorteo. Este elaborará el proyecto de admisión de la demanda. Otro juez sustanciará la causa para que posteriormente el Pleno de la Corte la analice y luego emitirá su resolución de carácter definitiva.

Hoy se conoce el dictamen en el caso del coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía. Él está acusado de supuesto intento de asesinato contra del presidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre pasado. Su defensa y su familia consideran que esta acusación es falsa y que se trata de un tema político. Pero esperan que la justicia actúe de forma transparente y lo libere. El jueves pasado, la hija de Carrión, Denisse habló en radio Visión y comentó cómo era su vida antes de que Carrión sea detenido. La joven dijo que su padre es inocente de las acusaciones e hizo un recuento de quién es él en su casa. “Él sabía jugar conmigo, pasábamos en familia y era bien molestoso”, recordó. Además, hizo un llamado para todas las familias que atraviesan momentos difíciles para que sigan peleando por el futuro. “Por favor tengan fe y no se rindan. No pierdan las esperanzas porque eso es como rendirse y pidan a Dios por sus familiares que están en la cárcel o enfermos”.
Esta es la segunda audiencia que se realiza por este caso. La primera se suspendió la semana pasada, porque los abogados de dos de los acusados no asistieron a la diligencia judicial. Ese día, Denisse se encontró con su padre y recibió su bendición. La escena quedó registrada en una fotografía tomada por este Diario.

Para mañana quedó aplazada la comparecencia de Alfredo Larrea Jijón ante la Fiscalía. Ayer, el principal involucrado en el supuesto soborno que le habría hecho la Cervecería Nacional (CN) por USD 1,05 millones, para mover sus influencias ante la Corte Constitucional y obtener un fallo favorable, no se presentó a rendir su declaración. Según la denuncia del asambleísta Galo Lara, Larrea Jijón utilizó su parentesco (hermano) con el secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón, para favorecer a la compañía en una decisión por la demanda que ex trabajadores mantenían desde hace tres años. La denuncia de Lara desencadenó un escándalo que ahora tiene a los magistrados de la Corte contra las cuerdas, ya que las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría buscan encontrar posibles anomalías en el caso.
Al respecto, el juez de la Corte Constitucional, Manuel Viteri, pidió a seis vocales, incluidos el Presidente del organismo, Patricio Pazmiño, que “dejen el caso para que otros jueces lo manejen”. Asimismo, los ex empleados de la Cervecería, que demandan el pago de utilidades por USD 90 millones, presentaron por escrito un pedido para que la Corte dictamine la nulidad del proceso.

El Estado perdió $ 143 millones en caso Fabricio

4 febrero, 2011 @ 10:33
posted by Freddy

La veeduría ciudadana conformada para vigilar los contratos que el Estado ecuatoriano suscribió con empresas relacionadas al hermano del Presidente, Fabricio Correa, reveló ayer las conclusiones de su trabajo. Luego de un año y seis meses de investigaciones, la instancia entregó su informe al contralor Carlos Pólit, para que tome las acciones pertinentes.El coordinador Pablo Chambers informó en rueda de prensa que la veeduría llegó a cuatro conclusiones: que el mandatario Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano mayor con el Estado; que hubo favoritismo de parte de las entidades públicas para adjudicar los proyectos a las empresas relacionadas a Fabricio; que existió ilegalidad en estas adjudicaciones; y que el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente $ 143 millones.