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La Unión Europea y Estados Unidos firmaron este jueves un acuerdo para reforzar su cooperación en la lucha contra el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa a través de África, indicó la Comisión Europea. “El tráfico de cocaína procedente de América del Sur vía América Central y África occidental sigue siendo un gran problema”, destacó la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, tras un encuentro en Gödöllö, cerca de Budapest, con el secretario estadounidense de Justicia Eric Holder y la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano. “Hemos hablado de cómo atacar el incremento del tráfico de cocaína procedente de América del Sur”, precisó. La coordinación de los esfuerzos transatlánticos para controlar el tráfico de cocaína será el tema de un simposio entre expertos europeos y estadounidenses del 17 al 19 de mayo en Lisboa. África Occidental, donde numerosos países están devastados a causa de la corrupción, el caos institucional y años de guerra civil, se ha convertido en los últimos años en el punto de tránsito y distribución de la droga suramericana destinada a Europa.

En la ciudad de París, del 8 al 12 de marzo de 2011, se realizará la Audiencia de fondo en el arbitraje internacional iniciado por la compañía Burlington en contra de la República del Ecuador el 21 de abril de 2008, con la presentación de la Solicitud de Arbitraje ante el CIADI,  a la que asistirá el Procurador General del Estado y el equipo de abogados de la defensa del Estado. La Procuraduría informó hoy que en dicha Audiencia se discutirán asuntos de trascendental importancia para el Estado ecuatoriano, como son la legitimidad de las medidas adoptadas para regular el sector hidrocarburífero. A partir del año 2005, con la escalada de los precios internacionales del barril de petróleo, el Estado ecuatoriano adoptó una serie de medidas para obtener una mayor participación en la renta petrolera, lo cual implicó modificaciones de leyes y por ende de los contratos  con las compañías Perenco y Burlington, que formaban parte del consorcio que tenía a su cargo la operación de los bloques 7 y 21 en la amazonía ecuatoriana. Ante el escenario de un precio de barril de petróleo en el mercado internacional muy superior al previsto en los contratos, el Estado ecuatoriano aprobó una ley (la Ley 42-2006) para obtener una mayor participación en los excedentes del precio del crudo. 

La defensa del Ecuador busca demostrar ante el Tribunal de Arbitraje que no existió expropiación alguna y que la ley 42 no produjo una afectación a la economía de los contratos. “Hoy, esta realidad es indiscutible, una vez que varias compañías del sector petrolero renegociaron sus contratos y han reconocido la legitimidad de la ley 42 y sus reglamentos”, señaló el comunicado.

El mayor (r) del Ejército, Fidel Araujo, salió de la sala de audiencias de la Corte de Pichincha, el martes, esposado, con el rostro triste y custodiado por cinco guías penitenciarios. El juez, Leonardo Tipán lo llamó a juicio por ser el supuesto incitador de la rebelión policial del 30 de septiembre pasado. Esta decisión generó reacciones contrarias, entre los que piensan que el caso es una persecución política y los que creen que el juicio es el espacio propicio para que Araujo explique qué hacía en los exteriores del Regimiento Quito. Jiménez dice que existieron indicios del cometimiento del delito. Este criterio es compartido por el Ministerio de Justicia, el único acusador de Araujo. Para el abogado de esa Cartera, Fernando González, la revuelta no fue motivada por temas laborales sino para derrocar al Presidente. Es la tesis que ha manejado el Gobierno desde ese día; y una de las fichas dentro de esta afirmación es Fidel Araujo. El 1 de octubre, el Régimen transmitió una cadena nacional en la cual se observaba al militar (r) en los exteriores del Regimiento Quito, hablando por su teléfono celular.
En su investigación, Jiménez tomó en cuenta los nexos de Araujo y el PSP en el dictamen. Pero la defensa ha señalado que desde hace algunos años Araujo se desvinculó de la lista 3, por lo que esa acusación es más política.
Su abogado, Édgar Pavón, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el caso. Esto a pesar de que la normativa internacional pide agotar las instancias judiciales del país.

Los directivos de la empresa Continental Tire Andina presentaron la semana pasado un reclamo administrativo ante el Ministerio de Relaciones Laborales y la Superintendencia de Compañías. Según el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Darwin Zabala, se siguió el proceso que manda la Ley antes de presentar una demanda como se anunció hace dos semanas. Por ello, primero se presentó un reclamo administrativo ante ambas entidades. Zabala dijo que la petición está amparada en el artículo 11 de la Constitución. En el reclamo se responsabiliza al Estado por los daños al patrimonio de la empresa, a la moral y por la actuación de malos funcionarios públicos y judiciales. En este reclamo solicitan una indemnización de USD 20 millones. Según Zabala, esperan que en 90 días, como indica la Ley, se reciba una respuesta al reclamo administrativo. De lo contrario se continuará con el proceso respectivo, que es ejecutar la demanda ante la Función Judicial. Zabala señaló que, en la actualidad, la compañía aumentó su nivel de producción. La compañía produce diariamente 6 200 llantas radiales y 200 neumáticos para camiones. El 40% de la producción se exporta. El directivo agregó que luego de resolver la paralización del año pasado el ambiente laboral mejoró. La empresa cuenta con 1 315 trabajadores.