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Los directivos de la empresa Continental Tire Andina presentaron la semana pasado un reclamo administrativo ante el Ministerio de Relaciones Laborales y la Superintendencia de Compañías. Según el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Darwin Zabala, se siguió el proceso que manda la Ley antes de presentar una demanda como se anunció hace dos semanas. Por ello, primero se presentó un reclamo administrativo ante ambas entidades. Zabala dijo que la petición está amparada en el artículo 11 de la Constitución. En el reclamo se responsabiliza al Estado por los daños al patrimonio de la empresa, a la moral y por la actuación de malos funcionarios públicos y judiciales. En este reclamo solicitan una indemnización de USD 20 millones. Según Zabala, esperan que en 90 días, como indica la Ley, se reciba una respuesta al reclamo administrativo. De lo contrario se continuará con el proceso respectivo, que es ejecutar la demanda ante la Función Judicial. Zabala señaló que, en la actualidad, la compañía aumentó su nivel de producción. La compañía produce diariamente 6 200 llantas radiales y 200 neumáticos para camiones. El 40% de la producción se exporta. El directivo agregó que luego de resolver la paralización del año pasado el ambiente laboral mejoró. La empresa cuenta con 1 315 trabajadores.

El anuncio fue sorpresivo. La tarde de ayer, los ejecutivos y abogados de la empresa Continental Tire Andina aseguraron que demandarán al Estado por USD 20 millones. La causa es una supuesta responsabilidad por daños al patrimonio, a la moral y por la actuación de malos funcionarios públicos y judiciales. Según el abogado, Jorge Zavala Egas, quien fue contratado por la firma, la próxima semana presentarán la demanda en el Tribunal Distrital de Azuay. Según Zavala, hay un acoso por parte de funcionarios públicos como los subsecretarios de Trabajo, inspectores y jueces que durante el 2009 y el año pasado no han actuado bajo derecho en los conflictos con los miembros del Comité de Empresa. Este sindicato realizó dos paralizaciones por varias exigencias a los directivos de la llantera, que funciona en el parque industrial de la capital azuaya. En el 2009 fueron 85 días de paralización y el año pasado 77.
Los ejecutivos de la empresa señalaron que no temen un embargo de la compañía por parte del Estado “porque solo lo podrían hacer con una sentencia ejecutorial y aclaró que ellos están cumpliendo con todos los procesos apegados a derecho”, dijo Zavala.