Archive for junio, 2011
Bono beneficiaría a los vehículos particulares viejos de hasta 2.000 cc
El nuevo proyecto de chatarrización para autos particulares, similar al plan Renova que el Gobierno aplica en el transporte público, beneficiará a los vehículos que no superen los 2.000 centímetros cúbicos, anunció el presidente de la República, Rafael Correa.
Juan Carlos Abad, gerente del Plan de Renovación Vehicular (Renova), manifestó que el proyecto se encuentra en su etapa de diseño y esperan estar a cargo del plan, que a decir del jefe de Estado busca el desarrollo sustentable y económico del país.
El pasado martes, durante un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil, Correa explicó que a través de un bono los dueños de vehículos viejos podrían adquirir nuevos autos financiados, tanto con la venta de sus unidades viejas como con un crédito que se canalizará a través de una de las instituciones financieras del sector público.
El mandatario agregó que el programa aún está en estudio y beneficiará a las personas de clase baja que poseen automotores antiguos y que por falta de recursos no pueden renovarlo, y por su vejez contaminan el ambiente.
El SRI clausura 113 locales de venta de CD de música
Específicamente en Guayaquil, la entidad procedió a cerrar 24 locales que, además de incumplir las obligaciones tributarias, violan otras normativas que perjudican a la industria nacional de músicos, artistas y compositores que no son retribuidos a través del pago de impuestos.
En un recorrido efectuado ayer en la urbe, funcionarios del SRI clausuraron tres locales, dos en la Garzota y uno en Urdesa Central. En cada uno de los sitios, el personal encargado explicaba a los administradores los motivos por los cuales podrían ser cerrados. En el caso de que sea la primera ocasión el cierre tiene un lapso de siete días y si era reincidente se extendería hasta diez días. Los administradores eran advertidos de que si durante el lapso de la clausura retiraban los sellos serían multados y en el caso de repetir la falta podrían ser sujetos a sanciones penales.
Juan Miguel Avilés, gerente regional del SRI, destacó la labor desarrollada por la entidad al precautelar los intereses de los productores nacionales. Además, recomendó a los dueños de estos tipos de negocios que comiencen a entregar sus facturas si las ventas superan los 4 dólares y de 12 dólares en el caso de estar en el régimen simplificado.
Un total de 168 locales, incluyendo los 113 clausurados, fue visitado por el SRI durante enero y febrero para brindarles campañas informativas y preventivas en las que se indicó a los propietarios la obligación de tener el Registro Único de Contribuyente (RUC), emitir comprobantes de ventas y cumplir con los derechos de autor.
Las clausuras se realizaron de manera simultánea en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Portoviejo y Riobamba.
Estos negocios ya tuvieron problemas a inicios del año, pero esta vez con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IEPI).
En aquella época, el organismo estatal intentó clausurar los locales donde se vendían discos de música y de películas que irrespetaban el derecho de autor.
Como reacción se creó una asociación de propietarios de estos locales, quienes aducieron que pagaban impuestos y cumplían con las normas impuestas por el Servicio de Rentas Internas.
El IEPI intentó cerrar al menos los almacenes más grandes, específicamente los que están ubicados en la avenida Víctor Emilio Estrada, que se dedican a esta actividad.
Finalmente, el intento no funcionó y estos locales siguen laborando con normalidad. De igual forma lo hacen los puestos de venta ubicados en la Bahía de Guayaquil, en el Malecón. Hay vendedores informales también que se dedican a comercializar estos artículos en el país.
Utilizado como una red para transmitir noticias o hacer contactos alrededor del mundo, ahora las alas de Twitter se abren a los negocios, generando ganancias tanto a la empresa como a emprendedores desde sus cuentas personales.
Es así que con más de 200 millones de usuarios, según la página especializada en medios digitales eMarketers, Twitter espera ganar $ 150 millones en publicidad durante este año.
Esto a través de tweets promocionales o ventas de publicidad desde las cuentas de los usuarios donde la empresa gana el 50% de lo pautado.
Los avances de la empresa, iniciados el año pasado, van de la mano con el nacimiento de los proyectos de negocios ideados por sus usuarios.
Una nueva medida cautelar, solicitada por los actuales empleados de Cervecería Nacional (CN), deja temporalmente sin efecto la ejecución de la sentencia en contra de la compañía.
El juez undécimo de lo Civil de Pichincha, Reinaldo Flor Alvarado, resolvió suspender, de manera temporal e inmediata, los efectos de la sentencia de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, que dispuso que la Cervecería cancele más de $ 90 millones por utilidades impagas a un grupo de excolaboradores.
A criterio de los empleados de CN, la resolución del juzgado undécimo ratifica que todo juez debe de abstenerse de ejecutar cualquier acción destinada a aplicar la sentencia que pesaba en contra de Cervecería.
Gonzalo Balladares, procurador de los trabajadores de CN, indicó que la medida cautelar fue pedida por sus compañeros para que el juez proteja los derechos laborales y se deje sin ejecución la sentencia.
“Esto ratifica nuestro derecho a la resistencia”, aseveró Balladares, al recordar que hace 96 días se acogieron a ese derecho para rechazar el fallo.
Después de casi cuatro meses desde que los bancos iniciaron la devolución del dinero a los afectados por fraude informático, la Superintendencia de Bancos aún no entrega a la Fiscalía el reporte de la devolución total de estos valores.
Este documento fue pedido hace un mes por el jefe del Departamento de Investigación y Análisis Forense de la Fiscalía, Santiago Acurio, para la actualización de los procesos de devolución a los afectados.
Los bancos iniciaron el pago cuando la Superintendencia presentó la disposición de devolver el dinero a las personas afectadas entre enero del 2010 y el 21 de marzo del 2011. Desde el año anterior hasta abril de este año, la Fiscalía registró 2.006 robos informáticos.
Acurio indicó que para hacer ágil la recopilación de los datos, esta semana enviará el requerimiento de información a los bancos que reportaron la mayor cantidad de casos. Con esa información, aseguró, se quiere determinar la cantidad total que pagaron las entidades y si ya terminaron el proceso.
Siete exportadoras se escogen para pruebas del abono tributario
Siete empresas de los sectores de flores, brócoli, atún y textil (medias) participarán en las pruebas para la implementación de la Certificación de Abono Tributario (CAT).
Esta medida es una compensación para los sectores afectados por la no renovación del Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas (Aptdea, por sus siglas en inglés) que empezará a implementarse el próximo 18 de julio.
Hasta tanto se realizarán ejercicios para afinar el procedimiento a cargo del Comité de Comercio Exterior, el Servicio de Rentas Internas y el Banco Central del Ecuador.
Dos firmas exportadoras representarán a cada ámbito productivo, a excepción del textil, donde solo hay una compañía que exporta medias panty al mercado estadounidense.
Hasta las 14:00 de ayer ninguno de los sectores remitía la información al Ministerio de la Producción, que realiza la coordinación.
La elección dependerá de los gremios que la representen y lo harán de forma aleatoria.
Ignacio Pérez, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores, explicó que aún están recolectando la información solicitada por el ministerio: factura, la Declaración Aduanera Única (DAU) que es mensual y por destino, así como la guía de embarque.
El Comex validará la documentación física que presente el exportador, pasará al Servicio de Rentas Internas (SRI) que corroborará las facturas y esa información llegará al Banco Central del Ecuador (BCE) para confirmarla y emitir el certificado de forma electrónica.
Para Francisco Correa, de la empresa de brócoli Provefrut, la resolución del Comex para su sector es inaplicable, pues los importadores en Estados Unidos son quienes pagan y la factura no sale a nombre de quien exporta.
La propuesta presentada, a la que calificó de “simple”, es que con la factura de exportación se hagan las liquidaciones, pues ese documento se registra en el Banco Central.
Mauricio Peña, viceministro de la Producción, precisó que el proceso de pruebas ya arrancó con la solicitud de la información a las compañías exportadoras y el afinamiento de los sistemas internos del Servicio de Rentas y el BCE
Tras casi 40 años en el mercado de aviación, Ícaro, empresa ecuatoriana, presentó este mes una solicitud de disolución a la Superintendencia de Compañías (SC).
El trámite actualmente se encuentra en la Dirección de Disolución y Liquidación de esta entidad.
Fuentes de la Superintendencia de Compañías confirmaron que el proceso de disolución y liquidación podría durar de 6 a 8 meses, siempre y cuando haya interés en la presentación de los documentos necesarios.
Hasta que se complete el trámite, la compañía puede continuar con sus actividades de forma regular, cumpliendo con las obligaciones que tiene pendientes, como pagos a proveedores y cobros a clientes, se explicó en la SC, pero sin desarrollar nuevas áreas.
Una vez que se apruebe la disolución dejará de operar en el mercado.
La compañía fue creada en septiembre de 1971 por el capitán Guido Saltos, quien se desempeña como presidente ejecutivo, pero según su asistente, prefiere no dar declaraciones ante un requerimiento que le hizo este Diario sobre la situación de la empresa.
La página web oficial de Ícaro refiere que esta aerolínea ofrece servicios aéreos en vuelos tipo chárter, taxi aéreo y escuela de pilotaje.
En 1984 solicitó a la Dirección General de Aviación Civil (DAC) la autorización para realizar vuelos especializados con helicópteros para sectores petrolero y minero, donde los trabajos aéreos estaban enfocados en actividades de exploración y explotación de los recursos naturales correspondientes.
En 1995 obtuvo un permiso de la autoridad aeronáutica y Petrocomercial, para distribuir combustibles de aviación y proveer servicios de manejo y abastecimiento de aeronaves en todos los aeropuertos del Ecuador.
Coca, Manta y Quito son los destinos a los que llega la empresa con una tarifa de $ 99,99, y a Galápagos, con $ 199,99. En esta última ruta tiene una frecuencia a Baltra, que la utiliza la aerolínea LAN con un acuerdo de código compartido.
Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre el 2008 y el 2010, el impuesto a la renta causado de la empresa Ícaro fue de $ 0, mientras en el 2007 alcanzó $ 27.929 y en el 2006 llegó a $ 59.009.
Fernando Guerrero, de la DAC, indicó que mediante una publicación se hizo una convocatoria de socios para tratar varios puntos, entre ellos la liquidación, pero no tenían ninguna notificación de que la compañía había presentado alguna solicitud en ese sentido, aunque aclaró que ese trámite no necesariamente se debía presentar ante esta entidad, por tratarse de un tema societario. “En este momento la empresa está operativa”, aseguró.
Guerrero explicó que cuando una aerolínea, por cualquier razón, no puede operar las frecuencias otorgadas, se la llama a que justifique y si no hay justificación, se revoca, suspende o modifica.
“En el caso del retiro, las frecuencias vuelven al Estado y se espera que otra aerolínea solicite y cumpla con los requisitos”, agregó el funcionario.
Otras empresas presentes en el mercado aeronáutico nacional son: Tame, Aerogal, LAN y Saereo.
Rutas y negocios
Destinos: La aerolínea ecuatoriana Ícaro vuela actualmente a Coca, Manta, Quito y las islas Galápagos.
Otros viajes: Tiene autorización para hacer vuelos especializados con helicópteros para los sectores petrolero y minero.
Distribuidor: Además despacha combustibles tipo Jet A-1 y Avgas 100/130.
Aviones: Hace cinco años incorporó a su flota dos Boeing 737-200 Advance
En la Asamblea Nacional se gesta un nuevo juicio político. El asambleísta Galo Lara (Sociedad Patriótica) presentó la semana pasada un pedido en este sentido contra la ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce.
El asambleísta la acusa de “fraude”, al ejecutar el sistema de aseguramiento de cobertura de protección familiar para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).
Lara explicó que toda persona que recibe el bono tiene un seguro de vida por $ 500 que, en caso de fallecer, debe ser cobrado por su familiar más cercano. Según las cifras que sustentan su pedido de juicio político, entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de mayo del 2011 hubo 21.970 personas fallecidas, por lo que algún familiar debía acceder a este beneficio.
Sin embargo, solo 4.422 parientes recibieron esa indemnización o iniciaron el trámite. Los 17.548 restantes no han cobrado su seguro, aseguró Lara, lo que equivale a un perjuicio de unos $ 8,7 millones.
El pago de ese monto, dijo, le corresponde a Seguros Sucre.
Sin embargo, la ministra Ximena Ponce negó que la gente no está cobrando, porque en la póliza existe un periodo de reclamos de dos años. “La persona cuyo familiar murió en octubre del 2009, cuando empezó el programa, aún puede reclamar hasta octubre del 2011”, afirmó.
Los fenómenos que han generado el crecimiento de transacciones por internet son parte de los temas que se presentarán durante las once exposiciones del e-commerce day, mañana en el hotel Hilton Colón.
Temas como el uso de cuponeras digitales, compra en boletería para eventos y recargas de celular por internet son los principales factores que apuntalan el crecimiento del 40% en las transacciones de la región, según Ana María Sandoval, gerente comercial de BuscaPé, empresas que reúnen a marcas de comercio electrónico como PagosOnLine, Lomadee, E-bit y Qué barato.
Estas conferencias, organizadas por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE) y la Cámara de Comercio de Guayaquil, tendrán al menos 400 inscritos para escuchar a los once expositores de países como Colombia, Estados Unidos y Brasil. El costo de las entradas es $ 210 para el público y $ 80 para socios. El evento empezará a las 08:30.
La industria de línea blanca busca proveedores nacionales
Las industrias de línea blanca, en lugar de importar partes y piezas, buscan abastecerse a través de proveedores nacionales para luego exportar artefactos como cocinas y refrigeradoras.
El sector privado, representado por Mabe, Indurama y Fibroacero, junto con el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (Mcpec) y el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro), realiza ferias inversas de partes y piezas en el país.
Mabe, Induglob y Fibroacero reciben en las ferias a los empresarios ecuatorianos para tratar de sustituir las importaciones, que por lo general representan el 60% de las partes que componen los productos (cocinas y refrigeradoras).
Según Otto Suárez, subsecretario del Litoral del Ministerio de Industrias, la idea es que los pequeños artesanos conozcan las características de las piezas y si hay la posibilidad de fabricarlas para las industrias de línea blanca.
Suárez aseveró que el objetivo es que se pueda sustituir las importaciones, porque la mayor cantidad de los componentes de los artefactos es importada, cuando a lo mejor se los puede producir en el país.
“Estas ferias inversas son algo novedoso que busca fomentar la producción nacional”, expresó el funcionario.
“Nosotros confiamos en que la industria local puede desarrollar varias piezas y por eso trabajamos con ellos para obtener un producto de calidad”, indicó Marcelo Cordero, representante de Indublog, quien aspira a conseguir la mayor cantidad de proveedores para disminuir los costos importando las partes y piezas para elaborar cocinas y refrigeradoras.
Cada día aumenta la producción de las industrias de línea blanca en Ecuador y, también, la exportación a los países de Colombia, Perú y a Centroamérica.
Según Roberto Jouvín, representante de Mabe en el país, la demanda de artículos local ha crecido aproximadamente en un 10%, lo que demuestra que la economía no se ha estancado.
Los pequeños artesanos ven estas ferias como una oportunidad para incrementar sus recursos y mejorar sus condiciones de vida.
Juan Redrován, técnico en refrigeración de Santa Elena, manifestó que ellos están en condiciones de proporcionar preservadores, cámaras y enfriadores a las industrias de línea blanca.