Archive for julio, 2011
Nuevo hotel boutique de $ 10 millones para Quito
Con una inversión de $ 10 millones, abrirá sus puertas Casa Gangotena, hotel boutique ubicado en la plaza de San Francisco, junto a la iglesia del mismo nombre, en el centro histórico de la capital. Su apertura está prevista para octubre.
La casona, una mansión en la que vivieron expresidentes como Camilo Ponce Enríquez, posee 31 habitaciones en tres plantas: una suite, llamada Panecillo, 21 denominadas San Miguel y 9 con el nombre de San Roque.
José Antonio de la Cerda, gerente del proyecto ideado por la empresa Metropolitan Touring, explicó que el inmueble estuvo rehabilitándose durante tres años. En este lapso aproximadamente han trabajado cerca de 300 personas.
“Compramos esta propiedad hace 6 años, estaba prácticamente cayéndose y entonces hicimos el proyecto arquitectónico que contempló hacer un subsuelo, reforzamos los cimientos, cambiamos vigas, reforzamos columnas, también con acero y dimos el acabado a los salones”, añadió.
Los adornos originales fueron removidos, una vez reparados fueron nuevamente instalados para conservar el estilo original de la construcción.
La mansión fue construida por la familia Gangotena en 1880, luego en 1914 sufrió un incendio y fue reconstruida con un estilo neoclásico.
Entre los $ 10 millones invertidos hay capital de otros inversionistas nacionales, que han comprado acciones y se quiere abrir el capital a nuevos aportantes, que lo podrían hacer a través de la Bolsa de Valores.
De la Cerda aseveró que los hoteles boutique adquieren ese nombre porque tienen menos de 40 habitaciones, muy bien cuidadas, finas, con buenos acabados y excelente servicio. En el hotel trabajarán aproximadamente 60 personas, que serán entrenadas en septiembre.
Se estima que los clientes serán en su mayoría de Estados Unidos y Europa de entre 45 y 65 años de edad, que han acumulado buenos ingresos y tengan tiempo para viajar.
Las tarifas se ubican entre $ 375 y $ 480 la noche, dependiendo del tipo de habitación, en las que están incluido el desayuno y el café de la tarde. La suite valdrá $ 700.
Las nuevas reglas en la composición de la liquidez de los bancos privados y públicos, establecidas por el Banco Central del Ecuador (BCE), generan malestar en la banca privada.
La Asociación de Bancos Privados advirtió, en una carta dirigida al presidente del BCE, Diego Borja, que la nueva regulación 020 2011 del Banco Central, publicada en el Registro Oficial del 7 de julio pasado, obligaría a la banca a adquirir títulos del Estado para que sean parte del encaje bancario.
La resolución contradice al Código de las Finanzas Públicas que prohíbe a cualquier funcionario público a ejercer presión para la compra de papeles por parte de la banca.
En cuanto a la constitución de estas reservas, se puede constituir hasta el 100% con los saldos en dólares y hasta el 75% con instrumentos financieros emitidos por el Estado Central con repago en un plazo menor a los 360 días.
La interjección “y” que aparece en la normativa, es interpretada por la banca como una manera de obligar a comprar papeles.
En la resolución también se incluye la disposición obligatoria de encajar con un rubro mínimo del 1% de “los valores de renta fija del sector no financiero de emisores nacionales públicos”.
El tema de la compra obligatoria de papeles y otros problemas llevan al gremio de los bancos ecuatorianos a pedir que esta resolución “intensamente preocupante” sea eliminada por ser técnicamente inconveniente e ilegal.
De acuerdo a la norma, el encaje queda en 2% para la banca privada sobre todos los depósitos y captaciones. Lo nuevo es que se incluyen los títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores.
De esta manera se amplía la base por sobre la cual se tiene que encajar, por lo que aumenta el volumen del encaje. La nueva base está constituida por recursos que forman parte del Patrimonio Técnico: “encajar sobre obligaciones convertibles en acciones, es castigar el incremento del Patrimonio Técnico que demuestra la solvencia de una entidad y del sistema”, explicó Robalino.
Para el representante de los banqueros, la medida desestimula el crecimiento del patrimonio.
Sobre el tema, Robalino sostuvo en una carta dirigida a Diego Borja, presidente del BCE, que: “La banca, con todo el respeto que merece el Poder Ejecutivo, no puede ser obligada a financiar el gasto público del Gobierno”, indicó la misiva.
Por su parte, Fernando Vivero, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, aseveró que no se ve un objetivo claro en la normativa que más bien es incongruente. Lo que conseguiría es mermar la liquidez de la banca, pero además desincentivar el mercado de valores.
En la norma, las instituciones financieras del sector público tendrán un encaje único del 4% para todos los depósitos y captaciones, incluyendo los títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores.
Las entidades públicas están obligadas a dividir el 4% en: 0,5% en efectivo y el resto, es decir 3,5% en obligaciones o certificados de inversión para encaje emitidos por la Corporación Financiera Nacional o instrumentos financieros emitidos por el Estado Central, con repago en un plazo menor a 360 días desde su compra.
El Banco del Estado, el Banco del IESS (Biess) y la Corporación Financiera Nacional (CFN) podrán constituir el 100% del encaje en bonos emitidos por el Estado Central.
Resolución
Encaje: Un tema polémico es la disposición de que el BCE reportará ante el sistema bancario a las instituciones que tengan posiciones de encaje semanal deficientes.
Liquidez: La Asociación de Bancos opinó que estas deficiencias no siempre representan problemas en la liquidez, pero si se informa sin conocer las causas, se crearían problemas, como una corrida bancaria.
Las nuevas reglas en la composición de la liquidez de los bancos privados y públicos, establecidas por el Banco Central del Ecuador (BCE), generan malestar en la banca privada.
La Asociación de Bancos Privados advirtió, en una carta dirigida al presidente del BCE, Diego Borja, que la nueva regulación 020 2011 del Banco Central, publicada en el Registro Oficial del 7 de julio pasado, obligaría a la banca a adquirir títulos del Estado para que sean parte del encaje bancario.
La resolución contradice al Código de las Finanzas Públicas que prohíbe a cualquier funcionario público a ejercer presión para la compra de papeles por parte de la banca.
En cuanto a la constitución de estas reservas, se puede constituir hasta el 100% con los saldos en dólares y hasta el 75% con instrumentos financieros emitidos por el Estado Central con repago en un plazo menor a los 360 días.
La interjección “y” que aparece en la normativa, es interpretada por la banca como una manera de obligar a comprar papeles.
En la resolución también se incluye la disposición obligatoria de encajar con un rubro mínimo del 1% de “los valores de renta fija del sector no financiero de emisores nacionales públicos”.
El tema de la compra obligatoria de papeles y otros problemas llevan al gremio de los bancos ecuatorianos a pedir que esta resolución “intensamente preocupante” sea eliminada por ser técnicamente inconveniente e ilegal.
De acuerdo a la norma, el encaje queda en 2% para la banca privada sobre todos los depósitos y captaciones. Lo nuevo es que se incluyen los títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores.
De esta manera se amplía la base por sobre la cual se tiene que encajar, por lo que aumenta el volumen del encaje. La nueva base está constituida por recursos que forman parte del Patrimonio Técnico: “encajar sobre obligaciones convertibles en acciones, es castigar el incremento del Patrimonio Técnico que demuestra la solvencia de una entidad y del sistema”, explicó Robalino.
Para el representante de los banqueros, la medida desestimula el crecimiento del patrimonio.
Sobre el tema, Robalino sostuvo en una carta dirigida a Diego Borja, presidente del BCE, que: “La banca, con todo el respeto que merece el Poder Ejecutivo, no puede ser obligada a financiar el gasto público del Gobierno”, indicó la misiva.
Por su parte, Fernando Vivero, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, aseveró que no se ve un objetivo claro en la normativa que más bien es incongruente. Lo que conseguiría es mermar la liquidez de la banca, pero además desincentivar el mercado de valores.
En la norma, las instituciones financieras del sector público tendrán un encaje único del 4% para todos los depósitos y captaciones, incluyendo los títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores.
Las entidades públicas están obligadas a dividir el 4% en: 0,5% en efectivo y el resto, es decir 3,5% en obligaciones o certificados de inversión para encaje emitidos por la Corporación Financiera Nacional o instrumentos financieros emitidos por el Estado Central, con repago en un plazo menor a 360 días desde su compra.
El Banco del Estado, el Banco del IESS (Biess) y la Corporación Financiera Nacional (CFN) podrán constituir el 100% del encaje en bonos emitidos por el Estado Central.
Resolución
Encaje: Un tema polémico es la disposición de que el BCE reportará ante el sistema bancario a las instituciones que tengan posiciones de encaje semanal deficientes.
Liquidez: La Asociación de Bancos opinó que estas deficiencias no siempre representan problemas en la liquidez, pero si se informa sin conocer las causas, se crearían problemas, como una corrida bancaria.
Magap crea sistema de gestión
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) creó la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, que tendrá como misión servir de instrumento a la Dirección de Talento Humano, en su responsabilidad de proveer a los trabajadores un ambiente laboral seguro y sano.
Staynley Vera, titular del Magap, indicó que el principal objetivo de la Unidad es implementar un sistema de gestión de riesgos que permita disminuir y eliminar los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Para implementar este sistema de gestión se llevará a cabo una serie de actividades como el reconocimiento y evaluación inicial de riesgos laborales, análisis estadístico de accidentes y morbilidad, elaboración y difusión de programas específicos de salud, programa de capacitaciones en materia de riesgos laborales, programa de salud preventiva, plan de emergencia y contingencia, plan integral de manejo de desechos, entre otros.
El funcionario resaltó que el Magap es el pionero en la implementación de un sistema de gestión enfocado en la prevención de riesgos laborales y salud ocupacional, cumpliendo con la normativa legal en materia de seguridad y bienestar de los empleados, que actualmente rige a nivel empresarial e institucional, y que servirá de modelo para aplicarlo en otras carteras de Estado
En los primeros seis meses de este año, los créditos que entrega el Banco Nacional de Fomento (BNF), a través de sus diversos programas, aumentaron en un 19,79% con relación al similar período en 2010.
De acuerdo al informe estadístico del BNF, de enero a junio de 2011, la entidad desembolsó $ 264,2 millones en microcréditos (plan 5-5-5, crédito de consumo y fondo de desarrollo), que significa $ 43,66 millones más que en el primer semestre del año anterior, cuando se otorgaron $ 220, 54 millones. El monto se alcanzó por medio de 41.248 operaciones crediticias (11.963 microcréditos, 7.131 planes 5-5-5, 18.480 fondos de desarrollo y 3.674 créditos de consumo). Los préstamos se entregaron principalmente a los sectores agrícola, ganadero, comercial y de servicios.
El índice de morosidad de la entidad sigue bajando. En 2009, el banco tenía una morosidad de 17,09%; en 2010 bajó a 13,06% y hasta junio del 2011 se ha ubicado en el 10,11%.
El aumento en los precios internacionales, el crecimiento de la demanda y la implementación de técnicas que aumenten la producción son factores que apuntalaron el incremento de las exportaciones de banano, camarón, café y cacao hasta junio pasado.
Durante el primer semestre del año, el incremento en las ventas al extranjero de estos productos se ha ubicado entre el 1,32% y el 43,89%, en relación al año anterior.
Los envíos de camarón y el café fueron los que más aumentaron sus ventas en este periodo, al crecer entre el 43,89% y 45,21%, respectivamente.
José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, explica que esta subida está apuntalada en gran parte por factores externos, como el precio mundial y el comportamiento de sus competidores.
El escenario volvió a repetirse y Alianza PAIS (AP) impuso su tesis durante la discusión del informe complementario de la Ley de Comunicación. El oficialismo sentó su mayoría en la Comisión Ocasional de Comunicación, mientras que la oposición abandonó la discusión al final de la sesión de ayer.
El punto que motivó esto fue la aprobación del Consejo de Regulación con dos integrantes del Ejecutivo, uno de los Consejos de Igualdad, tres de la ciudadanía, y uno en representación de las facultades o escuelas de comunicación.
El municipalista Jimmy Pinoargote denunció que al aprobar esta integración se le consagra al Gobierno el control de los medios, lo cual, advirtió, vulnerará el derecho a la libre expresión de las personas.
El asambleísta César Montúfar (CND) afirmó que se pretende convertir al Consejo en un ministerio dependiente del Ejecutivo y remarcó que ahora la lucha deberá continuar en el pleno del Legislativo.
“Se cierra un capítulo de la dictadura del voto en la comisión, pero se abre el camino en las calles”, anticipó.
De su parte, Cynthia Viteri (MG) adelantó que nadie podrá fiscalizar a dicho organismo.
La mesa aprobó varias atribuciones para el Consejo, entre ellas, proteger y promover el efectivo ejercicio de los derechos de la comunicación, promover la incorporación de valores y prácticas de la convivencia intercultural en la programación de los medios de comunicación; e iniciar de oficio y resolver los procedimientos administrativos por el incumplimiento de las obligaciones establecidas.
Desde el oficialismo se rebatieron las críticas de la oposición de la mesa.
El presidente de la Comisión, Mauro Andino (AP), insistió en que el informe no es ninguna “mordaza” y que tampoco vulnerará la libre expresión.
Rolando Panchana fue más directo y remarcó que en la propuesta no consta el cierre de ningún medio, mientras que en aquella presentada por Montúfar, Pinoargote y Fausto Cobo (SP) se impedía a los gobiernos seccionales y organismos del Gobierno central la concesión de frecuencias, lo cual, advirtió Panchana, produciría el cierre inmediato de diez estaciones.
La discusión de este informe fue acalorada desde su inicio. La oposición intentó sin éxito modificar el enfoque del texto elaborado desde el oficialismo.
Sobre la regulación de contenidos, AP realizó pocas modificaciones, entre ellas la exclusión de los “formatos o plataforma tecnológica” para así desvirtuar que se intente regular el internet y las redes sociales.
Andino dijo esperar que de esta manera se esfumen los fantasmas sobre una supuesta regulación del internet.
Pero Montúfar insistió, por ejemplo, que la definición hecha al concepto de contenido es tan general que puede dar paso a una regulación excesiva.
AP también incluyó en el informe que todos los medios, incluso los públicos, deben observar buenas prácticas y mecanismos deontológicos.
Paso a paso: Lo aprobado
1. Artículo 2
Todo medio goza de libertad para realizar y difundir sus programas y contenidos, sin otras limitaciones que las establecidas en la Constitución, instrumentos internacionales y la ley.
2. Artículo 4
Los medios públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten, para que la audiencia pueda decidir sobre la programación de su preferencia.
3. Artículo 6
Está prohibida la difusión a través de cualquier medio de todo contenido discriminatorio que tenga por objeto menoscabar el ejercicio de los derechos humanos.
Los nuevos clientes pospago del servicio de telefonía móvil de la empresa Claro ya no podrán acceder al Internet ilimitado.
Para ellos existe un tope de 1.000 megas en cualquiera de los planes que contraten.
La medida rige desde el 14 de julio y se aplica también a las personas que siendo clientes de la telefonía móvil no tenían ingreso a la web y ahora desean integrarla en sus equipos.
Entre los abonados de la compañía antes llamada Porta había confusión, porque se pensaba que perderían la posibilidad de navegar y permanecer en las redes sociales.
Las ejecutivas de las ventanillas de servicio al cliente son las encargadas de despejar estas y otras inquietudes a las decenas de clientes que se aglomeran en las oficinas.
“A quienes consuman sus mil megas, no es que se les suspende el servicio de Internet móvil, se les va a debitar 0,10 centavos de su saldo por cada nuevo mega que utilicen”, dijo ayer una asesora de la oficina de Claro, ubicada en el Mall del Sol.
Explicó que quienes abran constantemente varias páginas, descarguen canciones o bajen videos son los más propensos a que se les gaste sus megas.
“Estamos haciendo lo mismo que se hizo con los paquetes de mensajes ilimitados que anteriormente existían”, remarcó.
El ingeniero en sistemas Manuel Tama considera que a muchos abonados de Claro no les alcanzará los mil megas que da la empresa.
Explicó que los más perjudicados serán quienes están acostumbrados a revisar múltiples portales, a trabajar con archivos adjuntos o revisar documentos enviados desde o hacia el exterior.
“Los que ven videos en Youtube o quienes bajan canciones a sus equipos verán que sus megas se terminarán en cuestión de pocos días”, expresó.
Mientras que las otras empresas, Telefónica y Alegro, mantienen en sus planes, desde el más barato hasta el más caro, el servicio de Internet ilimitado en los equipos móviles.
La primera lo proporciona en su pospago de 33,60 dólares, que incluye 250 minutos de tiempo aire.
En tanto que la empresa estatal lo comercializa desde 28 dólares en los que se considera 91 minutos para llamadas telefónicas.
Durante un recorrido de este diario por los centros de atención al cliente, en el del centro comercial Policentro se observó una inusual presencia de personas consultando los planes, los equipos que ofrecen y, principalmente, el servicio de Internet móvil.
El surgimiento de nuevos proyectos habitacionales y comerciales, el desarrollo de accesos viales y la oferta de servicios complementarios han contribuido para que cinco sectores de Guayaquil manejen los valores más altos por metro cuadrado (m²) de construcción.
En la lista aparece el área de Ciudad del Río, que se desarrolla al norte del Malecón; la zona bancaria de la ciudadela Kennedy norte y su área próxima al Mall del Sol; una parte de Urdesa norte; la vía a la costa y la vía Terminal Terrestre.
Los corredores de bienes raíces y especialistas inmobiliarios refieren que actualmente esos sectores manejen precios que van desde los $ 200 hasta más de $ 1.500 el m².
A la cabeza de las mayores cotizaciones están las edificaciones que comprenden el proyecto Ciudad del Río, donde el m² puede llegar a $ 1.500. Y aunque este conjunto no se encuentra habilitado, los corredores de bienes lo identifican como una de las áreas de mayor plusvalía de la ciudad.