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Ecuador importa más del 90% del trigo que se consume en el país, principal cereal que se utiliza para la elaboración del pan.

Según los panificadores, la saca de harina subió de $ 37 a $ 42, y la pipa de manteca de 50 kilos de $ 76 a $ 86.
José Cevallos, propietario de la panadería “Dayana”, ubicada en la ciudadela Ferroviaria, centro de Guayaquil, dijo que pese al incremento no va a subir el precio del alimento ni tampoco se reducirá el tamaño del mismo, ya que su clientela lo rechazaría.

De su parte, Geovanny Erazo, gerente de asistencia técnica de Levapan, compañía multinacional especializada en el desarrollo de la actividad panadera y pastelera, señaló que el pasado jueves tuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Producción, en la que se resolvió que en esta semana van a hacer un análisis de costos con el fin de apoyar a los panificadores.

“Lo que sacamos como conclusión en la reunión de ayer, entre el ministerio y el gremio de panaderos, es que ninguno de los dos tiene claro el concepto de cómo costear un pan. Queremos hacer un análisis de cuánto impactó el alza de la materia prima y el de los sueldos”, acotó Erazo a la agencia Andes.

“La harina está en $ 39, lo que se incrementaría sería el 11% del costo adicional; entonces, si un pan valía $0,12, más el 11%, pasaría a costar $0,13; pero reitero que vamos a hacer una evaluación”, manifestó Erazo.

fuente Diario El Telegrafo

Pablo Noboa, subsecretario de Producción Forestal, dijo que el programa de incentivo forestal ha sido muy difícil de lanzar, pero finalmente arranca. Se ha decidido dar incentivos de forma directa y no reembolsables. Agregó que la forestación por sí misma no genera dinero en corto plazo, por lo que se hizo un proyecto de algunas páginas de estudios de comparación con otros países.

Indicó que, por ejemplo, un tenedor de tierra dedicada al banano, al café o ganadero y que posea espacios considerables sin uso puede acogerse a la propuesta de que siembre árboles. “Para ello recibirán un incentivo de parte del Gobierno. No estamos planteando que siembren a buena cuenta, como se ha hecho hasta este momento, en el cual un productor sembraba y le hacía bien a la sociedad”, dijo.

Recordó lo que hizo Chile, que dio un incentivo directo de un 75% del costo de implantación; Uruguay algo muy parecido, dio el 50% del costo. Entonces se analizó por varios meses y hubo la decisión de otorgar el incentivo del 75% para los empresarios en el país. Y en el caso de que las comunas quieran entrar a sembrar árboles, costearán el 100 por ciento del proyecto.

En el caso de los empresarios, un proyecto de reforestación que tenga un costo de 100 mil dólares, el Estado le devuelve 75 mil; entonces, al final del día el bosque le costó 25 mil.

El negocio forestal hasta ayer era una actividad de un visionario que tenía un dinero extra que lo ponía a guardar por mucho tiempo en las plantaciones, pero ahora será un negocio exclusivo de todo el Ecuador. En otra palabra va a competir con cualquier otro negocio en el sector privado. La única diferencia es el plazo del tiempo.

En Ecuador la tasa de siembra forestal es de 2.500 hectáreas al año. El planteamiento del ambicioso proyecto prevé inicialmente que se integren unas 20 mil hectáreas anualmente. Sin embargo, el Presidente de la República dijo que no quiere límites: “si son 40 mil, que sean 40 mil”.

Financiamiento del 100%

En el caso de las comunas, el financiamiento para la siembra de árboles y que pueden ser comerciables es del 100 por ciento del costo. La razón para financiar la totalidad del proyecto se debe a que es una asociación que tiene niveles de subsistencia y tiene pocos recursos.

En el caso del sector privado anotó que ellos deben colocar un 25 por ciento de los gastos de inversión, para que haya un compromiso de que realizarán la plantación de árboles. Un año después de haber ejecutado la reforestación se canalizará el dinero por el monto que ha cumplido.

Por ejemplo: si el empresario privado dijo que plantará 100 árboles en una hectárea, luego de 12 meses en el sitio debe existir el mismo número comprometido y se paga en el porcentaje de su cumplimiento, es decir, que si sembró 70 recibirá el 70 por ciento de lo que cumplió. El incentivo está relacionado al porcentaje. “Si el Ecuador va a invertir con el empresario, quiere que lo haga bien, ese es el requisito: si siembra 100 tiene que haber 100 árboles”, puntualizó el funcionario.

Para el tema de la reforestación hubo reuniones con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido se está trabajado en la elaboración de un mapa conceptual de los sitios donde se puede plantar árboles, porque, por ejemplo, esta actividad no puede realizarse en áreas reservadas.

Juan Salvador Fernández, ganadero de la zona de Balzar, dijo que hay pastizales que han caído en el abandono y que pueden destinarse para la siembra de árboles. “Son tierras duras para cultivos, pero creo que una reforestación es viable”. Anotó que debe haber una socialización del proyecto para conocer los pasos a seguir en caso de plantar árboles y cómo poder extraerlos.

Mariano Colón Banda, de la comuna de San Pablo pidió que también haya transferencia de tecnologías, porque en el sitio existen extensas tierras para reforestar, pero es difícil que haya suficiente agua para que un bosque sobreviva o alcance medidas aceptables para el corte y comercialización.

Fuente Diario El Telegrafo

Los beneficiados del RISE son aquellos que cuentan con negocios bajo las categorías de manufactura, hoteles y restaurantes, que desarrollan actividades en las áreas de preparación y expendio de alimentos y bebidas.

En tanto, que las aerolíneas que abran rutas nuevas se beneficiarán de la reducción del 40% del valor internacional del combustible de aviones. Los decretos fueron suscritos el pasado 30 de agosto.

Fuente Diario el Telegrafo

Enfatizó que “la banca pública busca desarrollar productos que ayuden a traer divisas al país e ir cambiando poco a poco la matriz productiva, a través de los distintos tipos de productos agrícolas; ahora tenemos una nueva línea de la madera, que lleva 20 años de plazo”.

El agro representa el 30% del negocio de la CFN, que también brinda apertura a los créditos de industrialización, porque no sólo se exportan materias primas sino también productos terminados como los derivados del cacao, mango, etc. Las líneas de crédito no tienen límite, entregan préstamos de $ 50 mil, así como de 10 y 20 millones de dólares.

Fuente Diario El Telegrafo

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que controla las cooperativas de ahorro y crédito del país, prevé que el 30 de septiembre concluya el proceso de transición y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) asuma plenamente sus facultades, con lo cual se dará paso al sistema de registro de todas las cooperativas, según lo dio a conocer Fernando Terán, director de la entidad.

Las instituciones deberán reinscribirse bajo nuevos estándares, requisitos y exigencias que garanticen que sean solventes y activas. «Vamos a partir de cero, nuevamente con una reinscripción de las cooperativas en el país, con nuevos estándares, requisitos, exigencias que garanticen que efectivamente las cooperativas son solventes, están activas, hay democracia interna”, aseveró.

Terán recalcó que al cabo de 30 años por primera vez el Gobierno ha emprendido una reforma estructural del sistema cooperativo del país. «Se trata de cambiar de fondo desde el punto de vista de la normativa».

«Hoy hay una Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria que incluye a las cooperativas y hay una arquitectura institucional nueva, de tal manera que lo que hasta hoy está controlado por la Dirección de Cooperativas, el Mies va a pasar a ser responsabilidad de las nuevas instituciones que están encargadas», mencionó el funcionario.

Recordó que el 10 de agosto pasado se produjo un problema de liquidez en la cooperativa Makita Kuk por una «mala gestión» administrativa ya que «los balances, las cuentas, que son revisadas por la Dirección Nacional de Cooperativas estaban en orden en junio. Los activos cubrían los pasivos».

«Cuando se produce una situación como la de Makita Kuk suele producirse también una corrida, un nerviosismo en otras cooperativas y esto no ha sucedido, nosotros estamos informados, hemos tomado precauciones de acercarnos a las cooperativas, verificar sus estados financieros, sus balances y hay absoluta normalidad», aclaró.

Enfatizó que las cooperativas han estado controladas con una ley que es «obsoleta», ambigua en muchos aspectos». Actualmente se prevé en la Ley de Economía Popular y Solidaria una Superintendencia de Cooperativas similar a la de Bancos y Compañías. «La Superintendencia está constituida ya, el Superintendente fue designado, ya está en funciones, como es comprensible debe darse un proceso de transición», dijo.

Se espera que el 30 de septiembre concluya el proceso y la Superintendencia asuma plenamente sus facultades, anunció Terán.

Hugo Jácome, titular de la SEPS, indicó que, sobre la base de la información recogida del Censo Económico 2010 y del Servicio de Rentas Internas (SRI), tienen la estimación de que en el país existen 900 cajas de ahorro y crédito, 12.000 bancos comunitarios, 2.400 cooperativas de producción y servicios y 10.000 asociaciones, “a las cuales se las debe depurar, basados en su funcionamiento o no”.

Manifestó que la situación mejorará cuando todo el sector entre al proceso de supervisión, control y regularización.

Fuente Diario El Telegrafo