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Vidrios cubiertos con papel en señal de mudanza y paredes interiores tumbadas dejan al descubierto locales abandonados. Este es parte del panorama de lo que sucede en el área de comida y entretenimiento de La Piazza Ceibos: 15 de los 26 locales en el segundo bloque de establecimientos están cerrados.

Según propietarios de algunos negocios de ese centro comercial, problemas como la falta de parqueo, poca publicidad y dificultad de acceso desde la entrada principal de las ciudadelas del sector Los Ceibos incidieron en la baja de clientes y, por ende, en la rentabilidad en esos locales.

Es así que después de cerca de un año y medio de empezar a trabajar restaurantes como Liverpool cerraron. Una de las ejecutivas del lugar, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que la inversión inicial fue de unos $ 150 mil, dinero que no se recuperó, pues el movimiento comercial era mínimo.

Según sus cálculos, los viernes la facturación esperada era de $ 3 mil, pero luego de su inauguración llegaban a $ 800, cantidad que alcanzaba para pagar sueldos de empleados, arriendo y mantenimiento.

La principal razón que empezó a alejar a los clientes, dice, fue la falta de parqueo, ya que el centro comercial cuenta con 200 puestos para 59 locales y eran insuficientes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está a la espera de que se resuelvan las impugnaciones planteadas a los escrutinios provinciales para proclamar los resultados del referéndum y consulta popular.

Pese a la finalización de los conteos de las actas, todavía hay recursos por resolver y plazos en marcha para poder remitir al Registro Oficial el pronunciamiento ciudadano del pasado 7 de mayo.

El sábado, la Junta Provincial de Pichincha negó las impugnaciones que presentaron tres organizaciones políticas a los resultados del referéndum. Lo hizo porque los consideró “improcedentes”.

La Secretaría de Hidrocarburos, creada a raíz de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, convocará a rondas de licitaciones petroleras en junio y octubre próximo, ratificó la noche del jueves Ramiro Cazar, titular de la entidad.

Cazar espera que el Comité de Licitaciones apruebe las bases y el reglamento para el proceso de licitación. En la primera, el Gobierno licitará campos marginales, cuya producción de crudo no supera el 1% de la extracción nacional.

Se analiza, incluso, que ingrese al proceso el campo Armadillo, ubicado en la zona limítrofe de los pueblos en aislamiento voluntario, en la región suroriente del país. Esa área ya estuvo adjudicada a una empresa privada, que no pudo ingresar a operar por no obtener un permiso ambiental por la supuesta presencia de tagaeris o taromenanes en la zona.

Las licitaciones para octubre, en cambio, incluirán las áreas grandes que hasta noviembre pasado estuvieron administradas por empresas extranjeras, y que por desacuerdos con el Estado no lograron nuevos contratos. Entre ellos están los bloques 11 (antes a cargo de la china CNPC) y 1 de la surcoreana Canada Grande.

En ambos casos, la Secretaría firmará contratos de prestación de servicios, pero en el caso de las áreas del suroriente el documento variará un poco porque existen unas fases de exploración (riesgo al buscar petróleo) y explotación,

El 57 % de los cantones del país le dijeron Sí a la prohibición de matar animales en espectáculos públicos, como lo planteó la pregunta 8 de la consulta popular realizada el pasado 7 de mayo. Mientras que el 42% dijo que No.

Según los resultados numéricos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 127 de los 221 cantones que tiene el país no quieren que en su jurisdicción se realicen espectáculos con muerte del animal. Los otros 94 votaron No a la propuesta del presidente Rafael Correa, la cual era de alcance cantonal y no nacional como las otras nueve preguntas de la consulta.

En Guayas, Imbabura, Manabí, Galápagos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena todos sus cantones respondieron que Sí a la tesis del Gobierno, pese a que en ellas no se realizan espectáculos taurinos.

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, explicó que la reforma tributaria propuesta el jueves pasado al presidente Rafael Correa consiste en tres puntos básicos: impuestos a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos y un impuesto verde a los vehículos que castiga la contaminación ambiental.

El Gobierno busca financiar unos $ 400 millones para la emergencia del sector Salud.

El más novedoso de los impuestos planteados es el que se aplicaría a los autos y que será directamente proporcional al precio y al cilindraje. Según Carrasco, del universo total que es de 1,4 millones autos, quienes tengan vehículos de menor valor pagarán un impuesto “simbólico”, de $ 30 en promedio al año. En cambio quienes tengan autos de lujo de alto cilindraje pueden pagar en promedio $ 5 mil al año.

Ayer a las 11:20 arribó el presidente de Perú, Alan García, al Palacio de Carondelet. Una alfombra roja, y el abrazo de su homólogo Rafael Correa lo esperaban para hablar sobre la agenda binacional, el triunfo de la consulta popular, y el “poder omnímodo de la prensa corrupta”.

Correa lo llevó hasta su despacho, y tras cerca de dos horas de conversación, dieron una rueda de prensa conjunta.

García resaltó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales sobre todo en el ámbito limítrofe y aclaró  el objetivo de su visita. “No estamos aquí para incomodar a Chile”, sostuvo.

Reconoció que las notas diplomáticas entre Ecuador y Perú para alcanzar la delimitación marítima “en efecto resultó  favorable en algunos kilómetros al Perú; no hacia la costa del Ecuador, sino a proyección hacia el mar…”,

Una fundación ingresó al mercado de valores

20 mayo, 2011 @ 9:19
posted by Freddy

La Fundación para el Desarrollo Integral (Espoir), organización no gubernamental dedicada al microcrédito, logró colocar $ 3,2 millones en la Bolsa de Valores de Quito tras realizar una emisión de $ 8 millones, el 5 de mayo pasado.

Se trata de una operación singular debido a que Espoir es la primera ONG que interviene en el Mercado de Valores del país. Espoir otorga microcréditos especialmente para madres de escasos recursos.

Francisco Moreno, director ejecutivo de Espoir, explicó que una parte de la emisión ha sido adquirida por el sector privado y otra por el Biess.

De acuerdo con Mónica Villagómez, presidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de Quito, el de Espoir es un ejemplo a seguir para otras instituciones de similar naturaleza y objeto, pues pueden encontrar en el mercado de valores, dinero para ampliar su operación.

“Es la forma correcta para que la economía popular y solidaria venga a Bolsa”, dijo.

El capital recaudado en el mercado de valores será para la entrega de microcrédito. Espoir espera que su cartera crezca en $12 millones en 2011, de los cuales $ 7 millones vienen de la titularización.

 

Cuatrocientas renuncias anticipadas, 147 letras de cambio y 27 contratos sucesivos es lo que encontró el Ministerio de Relaciones Laborales en un control a tres empresas del Grupo Eljuri, dentro de la campaña Trabajo Digno.

El martes pasado, Patricio Xavier Montero, inspector laboral, acudió a la sucursal de almacenes Juan Eljuri en la calle Gil Ramírez con la inspectora María Augusta Romero para verificar si los ejecutivos cumplían con los derechos laborales de sus trabajadores.

Pero su labor, según Montero, fue interrumpida por uno de los directivos de la empresa, que lo agredió físicamente y ordenó que guardaespaldas lo retirarán del lugar.

Por esta situación –máximo hoy– el Ministerio presentará una denuncia por agresión ante la fiscalía del Azuay.

“Ahora nos damos cuenta por qué tanto obstáculo y por qué tantas barreras para que nuestros inspectores cumplan con su trabajo”, señaló el ministro Richard Espinosa.

A pesar de ello, el Ministerio efectuó una inspección realizada por 17 personas, acompañadas por personal policial.

Espinosa explicó que esa dimisión sin fecha quita estabilidad laboral y no se cancelaría indemnización en caso de salida del empleado por despido intempestivo.

El control cubrió las empresas Motos&Motos, La Taberna y almacenes Juan Eljuri, donde laboran 400 personas. El grupo empresarial originario de Cuenca no se pronunció ayer sobre este caso.

 

El certificado de Abono Tributario reconocerá el 80% del valor pagado en aranceles de los productos que se exportan a Estados Unidos y que están sin la cobertura del sistema de preferencias arancelarias (Atpdea, por sus siglas en inglés). Así lo decidió el Consejo de Comercio Exterior (Comex), entidad que tiene lista la resolución para enviarla al Registro Oficial, para la implementación de la medida a finales de este mes.

Sin embargo, el 20 de abril en una rueda de prensa en la que representantes del Ministerio de la Producción presentaron los mecanismos de compensación a este sector, se planteó que para acceder al programa del abono los exportadores debían cumplir con 4 indicadores, que tenían una valoración de hasta el 25% cada uno.

Hasta el 6 de junio, Cervecería Nacional (CN) deberá cancelar $ 270 millones a un grupo de extrabajadores, afirmó ayer el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. Ese monto corresponde a utilidades no pagadas por $ 90,92 millones y $ 180 millones por multas.

El plazo que fijó el Juzgado 12º de lo Civil del Guayas para que la cervecera pague $ 90,92 millones venció el 5 de mayo.

Espinosa agregó que cumplirán lo que determine la Corte Constitucional, que analiza si se admite o no una acción extraordinaria de protección presentada por la Cervecería para evitar pagar ese monto.

Gonzalo Balladares, procurador de los trabajadores, afirmó que CN se mantiene en la posición de no cancelar los valores porque considera que es una sentencia inconstitucional.