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La red de cooperativas de ahorro y crédito se prepara para ampliar su oferta de productos y servicios con la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
Estas instituciones ya pueden hacer operaciones como emitir tarjetas de crédito o de débito, y obligaciones -títulos que se transan en el mercado de valores para captar financiamiento-, lo que es cuestionado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), pues considera que estas cooperativas, que actualmente no son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, asumirán funciones de la banca comercial.
La Asociación cree que se debe trabajar en un reglamento que garantice adecuados niveles de solvencia, rentabilidad y liquidez que hagan sostenibles las transacciones que realizarán estas entidades.
La ley crea a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, como organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención, control y liquidación de las actividades, lo que respaldaría los negocios de estas organizaciones. Además, ordena que toda emisión de obligaciones de las cooperativas o banca comunal, cuente con el respaldo de los activos y patrimonio de la sociedad.
La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias Nacionales (Renafipse), que agrupa a trece organizaciones -de unas 50 cooperativas cada una en promedio-, reconoce que se beneficiaría con esta nueva norma, y estima que en un año estarán listos en infraestructura y tecnología, para proveer de estos productos a sus clientes.