Empresarios critican «fuertes» multas de Ley Antimonopolio
Los empresarios del país se muestran inconformes con la aprobación de la nueva Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, que empezará a regir en los próximos días, una vez que sea publicada en el Registro Oficial. Ellos esperaban que el Ejecutivo vete algunos puntos de la normativa que desmotivan la inversión.
El texto final de la también denominada Ley Antimonopolio cuenta con 129 ítems segregados en 93 artículos, 6 disposiciones generales, 23 reformatorias y derogatorias, 6 transitorias y 1 disposición final.
Según los especialistas, la normativa ecuatoriana, que busca evitar y sancionar los abusos del poder del mercado, es la que más artículos tiene si se la compara con otras de la región y la que más infracciones contempla.
La ley establece 23 conductas consideradas como abuso de poder, otras 4 enfocadas a la explotación de los operadores económicos a la situación de dependencia de sus clientes y operadores y 21 acuerdos y prácticas consideradas prohibidas.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) ha mostrado su total inconformidad con la ley. Ayer envió una carta al presidente de la República donde da a conocer su apreciación sobre el tema. Roberto Aspiazu, director del CEE, reveló su preocupación porque ahora las empresas grandes deberán replantear sus actividades. «Sobre todo aquellas con mayor participación de mercado van a tener que extremar cuidados para no ser objeto de sanciones por parte de las autoridades».
Mauricio Velandia, experto internacional en temas de regulación de mercados, dice que esta normativa no cumple su verdadero rol, que debería enfocarse en el consumidor. Más bien dirige su objetivo al control de las empresas y de lo que se hace dentro del mercado. «Además tiene un número elevado de infracciones que facilitan la inseguridad jurídica, cuando la mayoría de legislaciones en el mundo tienen seis o cuatro infracciones, pero acá han traído más de veinte, en las que desafortunadamente cabe de todo», agregó.
El margen de acción que tendrán los organismos que se crearán para el control también es objeto de crítica. A Marcos Mieles, gerente de una consultora económica, le preocupan los articulados 36 y 49 de la normativa. «El primero crea una Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con superpoderes; y el segundo le otorga demasiadas facultades al superintendente, quien tendrá más de veintiún atribuciones, y podrá aplicar sanciones por infracciones leves de hasta de 8%, graves 10% y muy graves 12%».
Para Mieles lo inaceptable es que en estos casos el mismo organismo de control será juez y parte. Esto porque será el único autorizado para resolver los recursos que presenten los perjudicados, como las apelaciones a decisiones ya tomadas.
Otro artículo que rechaza es el 32, porque faculta al Gobierno a definir políticas de precios en beneficio del «consumo popular» y la producción nacional, de «modo excepcional y temporal».
Pablo Dávila, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del país, dice que esto desnaturaliza la ley y genera un régimen discrecional y discriminatorio. Además se pregunta qué sucedería «si mañana se pone fuera del régimen de excepción cualquier cosa. Es peligroso que el Gobierno pueda hacer esto».
La misma preocupación sobre el tema tiene el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, quien señala que se debe tener mucho cuidado con el artículo 24, «porque permite entrar en el corazón de las compañías y entrar a ver archivos personales… eso no se puede dar en ninguna parte del mundo».
Sin embargo, el Gobierno defiende la ley. Ayer, desde Guayaquil, la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, afirmó que esta es beneficiosa porque tendrá como principal efecto el garantizar la participación de nuevos actores comerciales. Esto, afirma, ayudará al consumidor porque generará mayor diversidad de productos a bajos costos.
«Se sancionará las prácticas que no permiten una sana competencia. Hay beneficios concretos para el consumidor porque se reducirán los precios», indicó.
La normativa será publicada en el Registro Oficial en los próximos días. Las primeras sanciones se aplicarán luego de 6 meses, tiempo en el que se espera esté listo el reglamento.
Fuente El Expreso