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Con la emisión de certificados de ‘abonos tributarios’, documentos que podrán ser negociados en las bolsas y usados para el pago de impuestos, el Gobierno cubrirá parte de los costos arancelarios que genera la expiración de las Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés). El sistema de compensación, que debe ser aprobado por el Ejecutivo, es una de las medidas que anunció el Ministerio Coordinador de la Producción a dos meses del vencimiento de las preferencias que entrega EE.UU. y que caducaron el 12 de febrero pasado. La ministra de la Producción, Nathalie Cely, señaló que se está analizando un porcentaje máximo. “Para cada sector este tope puede estar entre el 50%, el 60% como máximo, el resto el 40% lo tendrá que asumir el sector productivo y por esto es que sí puede pasar las normas de OMC porque es un plan de cofinanciamiento para mejorar la estructura competitiva”, sostuvo la ministra. El plan tiene dos etapas: de 30 a 90 días y de nueve meses, cuyos detalles como costo estatal (que sería menos de $ 25 millones), vigencia y duración se están puliendo. En la segunda etapa, de nueve meses, se invertirá el ámbito de la diversificación de mercados y de productos. Se anticipó que el mecanismo no será igual para todos, por lo que se aplicarán varios parámetros: nivel de competencia que tenga cada uno de los sectores en Estados Unidos y el impacto que el arancel tendrá respecto a su competencia, diversificación de mercados, de productos, rentabilidad de cada una de las empresas.