La cuenta regresiva de 90 días empezó en bingos y casinos
Delia María Herrera, propietaria de Panamerican Bingo S.A., recuerda el día en que, junto a su marido, entró en el palacio de Carondelet para conseguir un permiso de funcionamiento. Era 1945 y el presidente José María Velasco Ibarra dio el visto bueno.
Ahora, por decisión de otro presidente, el bingo cerrará sus puertas en un plazo de tres meses y habrá tres meses más para disolver la compañía. «No sé –dice– qué voy a hacer». Detrás de un mostrador de madera, Herrera vigila el trabajo de los 11 empleados que atienden el local. Está enojada con Rafael Correa porque «nos quiere imponer el comunismo» y está preocupada por su futuro.
Tiene 75 años y ha empezado a barajar opciones, pues ella y dos de sus hijos viven de esto. Talvez instale un negocio de ropa americana o quizá se decida por un restaurante. En eso lleva ventaja otra de sus hijas, Viviana Guamba, quien también tiene un bingo en el sur de Quito. «Ella –cuenta su madre– está decidida a emigrar a Lima con el negocio. Allá sí les dejan trabajar».
La medida fue un balde de agua, lamenta Delia María Guamba, quien trabaja como secretaria en el bingo. El sábado, ella fue delegada para dar la noticia a las trabajadoras del local. Todas lucen una camiseta polo amarilla con un pequeño logo. Son las encargadas de pasar las cartillas e incluso de llevar el dinero hasta la caja.
Todas menos Marilú Rodríguez, quien está a cargo de vigilar el sistema computarizado que sortea los números y las letras. Ella es cubana y trabaja en el bingo desde hace cuatro años. «No sé qué voy a hacer». En su rostro aparece una sonrisa solo cuando dice que está muy acostumbrada a su trabajo y a los clientes.
Rodríguez no ha escuchado nada del plan de capacitación del Gobierno. Tampoco le interesa buscar información. En eso coincide su compañera Mayerli, quien lleva cuatro meses trabajando allí. «Uno cuando quiere, trabaja de lo que sea».
La propietaria les garantizó pagarles la indemnización que manda el decreto ejecutivo firmado por el presidente. Aunque no sabe cómo hará para conseguir los recursos. Según ella, no hay mayores ganancias, pues cada cartilla de juego se vende en cinco centavos.
Los integrantes de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juego dicen que tienen el mismo problema. María Augusta Díaz, representante del sector, indica que la mayoría de las empresas tiene sus activos en máquinas tragamonedas que tendrían que vender en el exterior para liquidar a los trabajadores. Pero «si sale en venta un lote de máquina baja el precio –señala– porque la demanda no es alta».
En su caso, las salas de juego dejaron de operar inmediatamente. Solo los bingos y los casinos ubicados en hoteles de 4 y 5 estrellas tienen un plazo para cerrar. Díaz dice que pidieron trato igualitario pero, evidentemente, «no nos escucharon». Son 121 salas de juego en todo el país y los afectados son 3.378 trabajadores.
Los representantes de los casinos reconocidos por el Ministerio de Turismo tampoco están conformes. Están decepcionados por la decisión y responsabilizan a Freddy Ehlers, ministro de Turismo, por el fracaso en los diálogos con el Gobierno que no sabe diferenciar –a sus ojos– lo que es un casino y una sala de juego.
Aunque dicen que respetarán la decisión del Gobierno, también anuncian que buscarán asesoría legal para estar seguros de que el decreto está apegado a la ley. En los casinos legales los empleados afectados llegarían a 2.190.
Fuente: El Expreso