La protección a los más pobres motiva tres reformas económicas
La redistribución de las ganancias de la banca hacia los beneficiarios del bono, la ley de hipotecas y la eliminación de una central de riesgos privada revelaron un modelo de gestión que fomenta la equidad.
Para obtener esos ingresos, la ley estableció cinco reformas: elevar el impuesto a los activos en el exterior: del 0,08% al 0,25% y al 0,35% (si se encuentran en paraísos fiscales); gravar los servicios financieros con el 12% del IVA; suprimir la exoneración del 10% del Impuesto a la Renta (IR) a los bancos; cambiar el cálculo del Anticipo del IR y facultar a la Junta Bancaria para que fije salarios máximos a los administradores y representantes legales de los bancos. Con esas medidas, el Estado espera recaudar este año $ 164 millones.
En junio, en cambio, se publicó la Ley de Hipotecas para proteger a quienes no puedan pagar los créditos para su primera vivienda o vehículo (de uso familiar). Tras la crisis inmobiliaria desatada en Europa y que afectó a los migrantes ecuatorianos, el Gobierno planteó que la deuda se extinguiera con la devolución del bien para evitar que la banca incaute además otras propiedades para cubrir el monto.
A fines de noviembre pasado, la Asamblea Nacional también derogó la Ley de Burós de Información Crediticia, con lo cual eliminó la central de riesgos y los burós privados de información crediticia. En su lugar se creó el Registro de Datos Crediticios a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), para evitar que por deudas irrisorias se limite el acceso a crédito.
El año pasado también entraron en vigencia los “impuestos verdes”, orientados a reducir el uso de botellas plásticas no retornables y la contaminación ambiental. Se gravó con 2 centavos de dólar a cada botella y para los autos un porcentaje gradual de acuerdo al cilindraje y antigüedad. Por ese concepto el SRI recaudó $ 72,9 millones entre enero y septiembre.
fuente Diario El Telegrafo