El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), y la empresa pública Yachay (Ciudad del Conocimiento) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el propósito de implementar una estación experimental que fortalezca la investigación y el mejoramiento de la productividad y competitividad agrícola. El proyecto se instrumentará a través de la Estación Experimental Santa Catalina de Quito, que se trasladará a Urcuquí (Imbabura), en un área aproximada de mil hectáreas, dentro de Yachay EP.
La iniciativa pretende también aportar a la reducción de la pobreza y a la soberanía alimentaria.

fuente Diario El Telegrafo

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, aclaró que el Estado debe tener más capacidad regulatoria porque una de las intenciones es posibilitar mayores créditos en el sector productivo, aunque la decisión de a quién se entregará un crédito y de cuánto solo le corresponderá al banco.

Esto lo mencionó con respecto a las preocupaciones del sector financiero por el posible cambio del manejo del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano (Flsfe), fideicomiso creado luego de la crisis bancaria y cuya función principal es servir de prestamista de última instancia a los bancos.

Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros, expresó en ese sentido que la Junta Regulatoria deberá actuar de forma técnica y con responsabilidad. “En 2012 cuando  los bancos entregaban créditos de consumo y hubo sobreendeudamiento y tuvimos que actuar, allí qué dijeron los bancos”, preguntó Solines, para quien la intención gubernamental es positiva. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO).

Esta forma de direccionamiento de los créditos es otro de los temas que incomoda a la banca. Rivera aseguró que en este momento la banca entrega el 70% de los créditos a un año plazo, pero  con esta forma de operación no se puede cambiar la matriz productiva del país.

El secretario de Estado manifestó que a través del código se desarrolla un conjunto de instrumentos para financiar operaciones a más tiempo, con lo que poco a poco, y de manera responsable, se mejorarán los plazos dentro del sistema.

fuente Diario el Telegrafo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informó que Ecuador registró una inflación mensual de 0,10% en junio de 2014 frente al -0,14% del mismo mes del año anterior.

Según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el sexto mes del año el país reportó una inflación anual de 3,67% y una acumulada de 1,90%. En junio del 2013, la inflación anual llegó a 2,68% y la acumulada a 0,94%.

La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles es la que más contribuyó en la variación mensual del IPC con el 78,06% del total, seguida por restaurantes y hoteles con el 23,18%.

Quito es la ciudad con la inflación mensual más alta con el 0,51%, seguida de Ambato con el 0,34%. Mientras, Loja y Esmeraldas son las que menos inflación reportaron con el -0,21% y -0,84%, respectivamente.

En junio de 2014 el costo de la canasta básica se ubicó en 634,67 dólares, igualando al ingreso familiar mensual (con 1,6 perceptores).

fuente Diario El Telegrafo

El artículo 312 de la Constitución ecuatoriana establece que cada entidad del sistema financiero nacional tendrá un defensor del cliente. Con base en ello, la resolución de la Junta Bancaria 2226 del 10 de julio de 2012 reglamentó las funciones, alcance, competencias, obligaciones y prohibiciones del funcionario, así como la forma en que se llevará a cabo la atención de reclamos.

Kléber Coello, defensor del cliente de Banco Amazonas, es uno de los 40 servidores nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Los funcionarios en 2013 receptaron 1.161 casos, pero solo 547 fueron de competencia del defensor y resueltos por distintas vías.

Coello, en entrevista con EL TELÉGRAFO, señala que dentro del proyecto de Código Monetario se deberían otorgar mayores facultades a los defensores de clientes.

¿Cuáles son las funciones de un defensor del cliente?

Somos mediadores de conflictos entre los clientes y la banca. Atendemos consultas que el cliente quiera hacernos, damos recomendaciones y brindamos asesorías. Todo es gratuito. La mayoría de gente que acude a nosotros es de estratos bajos, eso es lo que nos motiva en esta función. La mayoría de lo que hemos atendido corresponde a consultas y quejas.

Toda queja la receptamos, la pasamos primero al banco para que no se repita. Si está repitiéndose, la mandamos a la Superintendencia de Bancos (SBS). Las más frecuentes son por demora en trámites y en la entrega de documentación; por maltrato de empleados, entre otros.

¿Qué pasaba cuando no había la figura del defensor del cliente?

Antiguamente los clientes de estratos bajos, con poca educación financiera, pensaban que lo que decía el banco era la última palabra y ahí se quedaban. Y reclamos por $ 50, $ 100, que para una persona de escasos recursos es mucho, se quedaban en el olvido. Si uno ve las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, los reclamos más fuertes son a partir de $ 200; no hay por $ 20 o $ 50.

Para nosotros no importa el monto, puede ser hasta $ 1, lo atendemos. El momento en que ya se presente el reclamo ante el defensor, nosotros en 3 días le decimos si está aceptado el trámite o no. Si se acepta el trámite, tenemos luego 30 días para emitir un pronunciamiento, en el cual debemos indicar si es favorable o no para el cliente.

¿Qué facultades da el nuevo Código Monetario a los defensores del cliente?

En el Código se indica que habrá un defensor, pero existen ciertos reparos. Hay que fortalecer más esta figura en el Código, porque es la primera instancia que va a tener el cliente en la banca.

Todavía existe que el defensor pueda atender reclamos, pero también la Superintendencia. La SBS como organismo de control también podrá ejercer la defensa, así como nosotros; aquí hay una duplicación de funciones. En el nuevo Código también se indica que hay una posibilidad de que los clientes puedan ir al defensor o a la Superintendencia.

Al tener a 2 entes que los defiendan, los clientes estarían mejor atendidos…

El usuario va al banco y luego se salta del defensor y se dirige a la Superintendencia; este organismo hará lo mismo que nosotros, como pedir documentación, archivos; hacer el expediente y emitir un pronunciamiento.

¿Qué más se debe tomar en cuenta en la normativa?

El nuevo Código indica que los defensores serán designados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y nosotros fuimos elegidos por el Cpccs. La norma debería indicar que los defensores tienen que ser designados por el Consejo, con veedurías y a través de impugnaciones. Todos tenemos el derecho de participar en un concurso y luego representar como defensores a los clientes. Nosotros fuimos designados a través de un concurso de méritos en un proceso eleccionario.

Además existen ciertos derechos de clientes que están muy débiles dentro del Código Monetario. Ahí yo no veo el derecho a la educación financiera, algo primordial, ya que las personas que atendemos a diario tienen escaso conocimiento del sistema. Una de las cosas importantes dentro del Código es que se debe respetar la información de clientes.

fuente Diario El telegrafo

Con el proyecto de Código Financiero, el control de las empresas de seguros pasará a la Superintendencia de Compañías (SC). ¿Cuál será el proceso?  
Hace 2 años se decidió que las empresas de seguros salgan del sector financiero porque no prestan un servicio financiero, y se optó porque los bancos ya no tengan empresas de seguros.
Al ser la Superintendencia el órgano regulador de las actividades no financieras, mercantiles y de valor resolvió que las empresas de seguros sean supervisadas por la  entidad porque tienen más relación con el sector real o el mercado de valores que con el sector financiero. Eso consta ya en el Código Monetario y se está tratando en la Asamblea. Y, de acuerdo con la disposición transitoria del Código, sería después de un año de su publicación en el Registro Oficial que tanto la Superintendencia de Bancos (SBS) como la SC debemos transferir toda la información. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO)

¿Qué datos tiene la SC sobre la realidad de las aseguradoras?
Hasta fin de año tienen que fortalecerse patrimonialmente algunas empresas. Entiendo que algunas están en proceso de fusión y hay reformas a las normas de reservas técnicas. Muchas empresas deberán liquidarse o fusionarse porque hay una exigencia patrimonial importante. También hay empresas que hacen intermediación porque el seguro  realmente lo presta el reaseguro.

Mientras avanza ese proceso, ¿qué harán para evitar nuevos casos como el de Seguros Bolívar?
Lo de Seguros Bolívar es un tema aparte de este proceso y le corresponde a la SBS hacer el análisis. Conozco que la investigación les tomó 2 años.

¿Hasta tanto intercambian información con la SBS?
Todavía no hemos cruzado información. Primero hay que ver si la Asamblea acepta ese cambio, no me puedo adelantar, pero me estoy preparando para tener  la estructura ejecutiva que me ayude a supervisar ese tipo de compañías.

La aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario en marzo pasado mejoró la capacidad de control de la SC. ¿Hay resultados?
La ley tiene una fortaleza enorme que es la transparencia, mayor información al ciudadano. Además la constitución electrónica de compañías porque la ley permite que ciertos actos societarios de índole privada ya no tengan que ser aprobados en la SC. Eso permite crear compañías  o aumentar  capital en un día.
También hay figuras en el mercado de valores que se han implementado. Las bolsas de valores ya no serían sociedades sin fines de lucro sino anónimas: con nuevos incentivos para quienes inviertan en el mercado de valores y total accesibilidad a información de las compañías mercantiles. A partir de esta ley hemos publicado en la web todo: datos generales, accionistas, balances. El ciudadano o los inversionistas tienen información de la que antes no disponían y pueden tomar una decisión, o saber si son empresas de papel o reales.

¿Cómo transparentan su información las empresas?
Las compañías digitalizan sus balances e ingresan la información al sistema, proporcionado por la SC y una plantilla, así son responsables de lo que suben. Las multas han subido para quienes  colocan balances falsos y el caso se puede ira la Fiscalía.

¿Gracias a ese sistema la SC notificó que más de 5.000 compañías están inmersas en causales de disolución?
Sí. La SC hizo una inversión tecnológica importante que identifica a las compañías con pérdida patrimonial. La ley estipula que si  tienen más del 50% de pérdida del patrimonio, entran en causal de disolución. En junio de este año el sistema arrojó que 5.425 compañías están en esa situación y ya las notificamos. Hicimos ciertos análisis porque muchas compañías no están necesariamente en causal de disoluciónporque registran una pérdida, pero tienen cuentas por cobrar, entonces pueden cruzar esas cuentas y salir de la causal.
La ley no da plazo y si usted tiene esa pérdida debe disolverse; sin embargo, nosotros consideramos que  debe existir un plazo de 30 días para el derecho a la defensa, para presentar los descargos, porque puede ser que el contador se equivocó o que se tenga cuentas por capitalizar. De hecho, hoy (martes) recibimos información y un 30% de las empresas notificadas subsanó la pérdida.

¿Y qué ocurre si por 2 años consecutivos reportan pérdidas?
Muchas compañías también arrojan pérdidas, quizás para no declarar utilidades y no pagar a los empleados. En esos casos, el sistema nos ayuda mucho porque estamos trabajando con el SRI. Eso obliga a los contadores, que estaban acostumbrados a no presentar los balances o hacerlo mal, a esforzarse. Y las compañías que ya no operan deben liquidarse.

Entre esas 5.000  empresas notificadas está Edimpres S.A (Diario HOY). ¿Cuál es el proceso?
Edimpres S.A. es una de las empresas de diario HOY y está en causal de disolución por pérdida  patrimonial. Tiene 30 días de plazo para subsanar la pérdida, como el resto de empresas.

¿Y si no cubre ese déficit?
Entraría en liquidación, de oficio, porque es un incumplimiento a la ley. Cuando es de oficio la SC nombra un liquidador que hace un balance inicial, revisa los activos y pasivos, sobre todo el pasivo laboral, que es el que más nos interesa. Se hacen publicaciones por la prensa y hay que esperar 20 días para que los  acreedores presenten los títulos e inicie el proceso de liquidación. Ahora, aún en ese proceso, la compañía  puede reactivarse si aumentan el capital.

fuente diario el Telegrafo

El proyecto de Código Monetario y Financiero, que será debatido la siguiente semana en la Asamblea, “no constituye una herramienta para salir de la dolarización”, afirmó ayer Patricio Rivera, ministro coordinador de la Política Económica, durante la socialización de la normativa con representantes de la banca pública y privada en Guayaquil.

La aclaración de Rivera fue en respuesta a lo dicho por César Robalino, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en el sentido de que el documento, de 516 artículos, no es compatible con el esquema financiero actual y que contiene aspectos reñidos con la Constitución, por considerarse a la banca como un servicio público.

Según Rivera, el proyecto especifica que las operaciones financieras de la banca se realizan con el dólar como única moneda. El artículo 92 dice que “todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables, realizados en la República del Ecuador, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América”. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO MONETARIO Y FINANCIERO)

Durante su intervención Robalino mencionó otros aspectos en los que el sector no está de acuerdo,  entre ellos el direccionamiento de los créditos y el manejo de la liquidez por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, como ente rector. El directivo aseguró que restringiría el movimiento de depósitos y que causaría un debilitamiento en el sistema financiero privado.

El proyecto busca fomentar los créditos a través de incentivos que deberá establecer dicha junta una vez que entre en funciones. “Y para ello necesitamos tener mayor capacidad regulatoria”, dijo Rivera, aunque descartó que el organismo decida por el banco a quién entregar un crédito y por cuánto.

El objetivo -dijo- es que la banca coloque créditos a más largo plazo, y para ello se están desarrollando herramientas que permitan hacerlo, pues un préstamo a un año no permite la actividad productiva.
“Una maquinaria no se amortiza en un año”, señaló Rivera.

Entre tanto, el presidente de la ABPE expresó que los bancos privados no pueden dar créditos por 20 años porque correrían el riesgo de perder liquidez. Por ello pidió a los asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea que tengan en cuenta sus observaciones, pues de lo contrario se verían imposibilitados a futuro de entregar los créditos productivos que espera el Gobierno.

La reunión, que comenzó a las 09:00, se prolongó hasta pasado el  mediodía y en ella estuvieron presentes también representantes de los sectores productivos, quienes se mostraron contrarios a definir a la banca como un servicio público y al direccionamiento de los créditos.

Facultades del ente regulador

Para Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros (SBS), la intención del Gobierno de fomentar la producción es positiva, pero quedará bajo el criterio de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera hacerlo con responsabilidad. Durante su exposición Solines propuso varios puntos ante la Comisión: uno de ellos que sea la Junta de Política y Regulación Monetaria el ente encargado de decidir tanto la creación de una entidad financiera, como su liquidación forzosa. Tal como está ahora, el proyecto establece que el cierre esté en manos de la SBS.

Sobre la supervisión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), como banca pública, Solines se mostró de acuerdo con que esta sea compartida entre la Superintendencia de Compañías y la SBS, de modo que cada uno regule según su campo de acción.

Robalino expresó su preocupación por los poderes otorgados a la Junta, los que calificó de extraordinarios y que el texto del Código da lugar a que se podrán utilizar las reservas de liquidez bancaria haciendo uso de las herramientas que otorga el código. Esto -dijo- “supone para el sector un riesgo y una amenaza real”.

Se estima que luego de la socialización, el informe elaborado por la comisión esté listo el sábado para entrar a debate a más tardar el martes de la próxima semana.

El código reordenará los sistemas monetario y financiero, así como el régimen de valores y seguros del país y propone 10 ejes principales, entre ellos un régimen de sanciones.

DATOS

El borrador del Código Monetariodescribe las reglas para fusiones, conversiones, asociaciones, traspaso de activos, inversión extranjera, solvencia y prudencia financiera.

Todos quienes conforman el sector de seguros tendrán obligatoriamente un control interno a cargo de un auditor  calificado por la Superintendencia de Compañías,Valores y Seguros.

Entre las leyes que serán dadas de baja están la de Reordenamiento en Materia Económica, de Instituciones del Sistema Financiero, y de Transformación Económica del Ecuador.

La Junta de Regulación estará conformada por el Ministro Coordinador de la Política Económica, de Finanzas, el Secretario Nacional de Planificación, el Ministro Coordinador de la Producción y un delegado del Presidente.

fuente Diario El Telégrafo

Ecuador se posiciona como destino de inversión turística con la iniciativa de atraer emprendimientos del sector. Al momento hay 10 proyectos turísticos que forman parte del plan ‘Primera Piedra’, con más de $ 211 millones invertidos.

Empresas como Grupo Accor, firma hotelera francesa, que invertirá al menos $ 100 millones, $ 10 millones en cada inmueble, construirá varios hoteles alrededor del país y generará cerca de 300 empleos directos y 600 indirectos. Durante la fase de construcción del primer hotel se generarán aproximadamente 40 plazas de trabajo directas y 250 indirectas.

El proyecto, bajo el modelo de franquicia, lo ejecutará Accor junto a su inversor aliado en el país, Ecuaresort S.A., y prevé tener en operación los primeros hoteles en las ciudades de Quito y Guayaquil entre 2016 y 2017.

Accor, una de las mayores operadoras de hoteles en el mundo, también proyecta construir hoteles en Santo Domingo y Machala, establecimientos que abrirán en 2019.

Otros inversionistas que han mostrado interés en el destino Ecuador son las cadenas hoteleras Best Western en Manta, Swissotel y Oro Verde en Guayaquil.

Los proyectos de inversión turística que se iniciarán este año son el Karibao (primera etapa) con $ 80 millones; Las Olas (primera etapa) $ 50 millones; Best Western Sail Plaza Manta $ 20 millones; Montecristi Golf Club & Villas $ 20 millones; Gran Cóndor Hotel Quito $ 17 millones; Grupo Accor $ 10 millones; Swissotel Guayaquil $ 5 millones; Hotel Playa Paraíso $ 3,5 millones; Hacienda Yakana $ 3 millones y Hotel Parque Histórico $ 2,5 millones.

“Estas iniciativas crean oportunidades, generan empleo, procuran condiciones para que las empresas se sientan seguras de apostar por Ecuador, logrando que más divisas ingresen y se queden en el país.

Asimismo, tiene como finalidad lograr que el sector sea uno de los principales generadores de divisas, ya que actualmente ocupa el cuarto lugar entre los que crean mayores recursos en la economía nacional”, indica el Ministerio de Turismo en un comunicado.

El sector turístico es uno de los principales ejes económicos que se busca dinamizar para poder aprovechar de una manera responsable los recursos ecológicos y geográficos que posee Ecuador. Con estos nuevos emprendimientos se potenciará el sector en las diferentes ciudades y se fomentará la inversión extranjera y local.

fuente diario El Telegrafo

El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero que fue enviado por el Ejecutivo, con el carácter de urgente en materia económica, a la Asamblea Nacional contempla la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros.

En este sentido, la normativa desarrolla un capítulo en el que se determina que las personas naturales o jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, como a “una información precisa y no engañosa” sobre su contenido y características, así como de los reportes crediticios que sobre estos consten en las bases de datos de las entidades financieras.

Junta regulará calidad

Además, determina que es derecho de los usuarios que los cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros se efectúen luego  de que hayan sido expresa y previamente aceptados.

La propuesta de ley establece que la Junta de Regulación Monetaria regulará los estándares de calidad de los servicios financieros, de los sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y de los sistemas de atención y reparación. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO)

La norma también estipula la protección a que la información personal sea protegida y se guarde confidencialidad; que el respeto de los derechos de los usuarios será vigilado por los organismos de control, superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria;  y que los usuarios puedan interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de control o al Defensor del Cliente o plantear cualquier acción administrativa, judicial  o constitucional.

Por otro lado, el Código desarrolla lo que determina el artículo 213 de la Constitución que establece la posibilidad de que los usuarios del sistema financiero cuenten con un Defensor del Cliente. Estos están en funciones desde el 5 de febrero de 2013, que fueron posesionados.

De acuerdo con la Carta Política será una persona independiente de la institución financiera, y no podrá tener ningún tipo de vinculación con los accionistas o con los administradores de la entidad, y su función es la de proteger los derechos e intereses de los usuarios.

En el caso de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, el Consejo de Vigilancia hará las veces del defensor del cliente.

Sin embargo, existe un cambio en la designación de este garante de los derechos del cliente. Será la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la que lleve adelante el nombramiento.

Observaciones de defensores

“El proyecto de código ratifica las funciones que tenemos los defensores, pero estamos haciendo algunas observaciones, como que nuestra elección debe continuar bajo la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, sostuvo el defensor del cliente del Banco de Machala, Ernesto Guadalupe.

Informó que los representantes de los usuarios mantuvieron reuniones en Cuenca y Guayaquil para concretar las observaciones que presentarán en la Comisión de Desarrollo Económico para que sean tomados en cuenta.

Guadalupe confirmó que hasta el momento las instituciones del sistema financiero cuentan con un defensor del cliente.

Mientras que Gabriela Mata, defensora del cliente del Banco Sudamericano, quien participa también de la reunión en la capital azuaya, no adelantó ningún tipo de criterio  con respecto a la propuesta del Ejecutivo.

Agregó que mantienen diálogos para presentar una propuesta consensuada a la Asamblea Nacional, que se haría durante la reunión con los legisladores mañana en Quito.

Clientes de acuerdo con la ley

Pero para los usuarios del sistema financiero, el hecho de quien designe a la autoridad no es de mayor relevancia, sino que sea alguien independiente y que esté presto a proteger sus derechos.

Elizabeth Gallardo, trabajadora pública, dijo que lo importante es que se mantenga a la figura del Defensor del Cliente, quien garantice que lo que se hace en la banca sea transparente y que en caso de necesitarlos ayuden a agilizar los trámites. “Quien lo designe no tiene relevancia, lo importante es que se mantenga al defensor”, acotó.

Para Carlos Osorio, empleado del sector privado, y que requirió de la ayuda de un defensor, dijo que los usuarios necesitan que haya quien los ayude a hacer reclamos, porque existen algunos abusos y si no fuera por ellos nunca se podría tener respuesta, y las quejas permanecerían sin solución.

El proyecto de CódigoMonetario está compuesto por 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias y derogatorias y 35 transitorias.

fuente diario El Telegrafo

El Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) presentó hoy las 12 empresas calificadas para ofrecer las cocinas de inducción a la ciudadanía, desde agosto.

Según el ministro de Industrias, Ramiro González, los costos de las cocinas variarán y dependerán del número de hornillas. Así, por ejemplo, costarán desde $156 hasta $276 (dos focos), desde $254 hasta $326 (tres focos), desde $243 hasta $318 (cuatro focos) y las de cuatro hornillas con horno eléctrico costará desde $585 hasta $680.

Gonzaléz explicó que desde agosto, los ciudadanos podrán presentar la solicitud de adquisición de las cocinas. Las cocinas contarán con una garantía de 3 años y se podrán cancelar con créditos de hasta 36 meses plazo.

El Ministro recordó que el Gobierno hasta diciembre de 2018 subsidiará 80 kilovatios por mes, que representará a un tanque y medio de gas, que actualmente consume una familia estándar.

Las industrias que cuentan con el aval del Gobierno para comercializar sus cocinas son:

• Ecasa
• Ferromédica
• Electrococ S.A.
• Consorcio Ener Inteco
• Fibroacero
• DME
• Mabe
• Kangle
• Haceb
• Induglob
• Motsury
• Goldenage

Gonzaléz detalló que cada una de las empresas cumplió con parámetros de evaluación, en donde se verificó que cumplen con los estándares de seguridad y que pueden cocer los alimentos de manera óptima. En total, estas empresas presentarán 27 modelos al mercado ecuatoriano.

Entre agosto y diciembre saldrán 370.000 cocinas de inducción a la venta. La calificación para las empresas aptas para fabricar y comercializar las ollas para las cocinas de inducción se conocerá hasta el 7 de julio.

Alfredo Samaniego, subsecretario de Eficiencia Energética, recordó que el objetivo es sustituir más de 3 millones de cocinas de gas por cocinas de inducción a nivel nacional. Desde agosto, las cocinas saldrán al mercado. Hasta diciembre saldrán 370.000, pero el gobierno espera completar la demanda hasta los próximos dos años.

Dijo que el Ministerio de Electricidad está trabajando en el reforzamiento de redes y en el cambio de medidores de 110 a 220 voltios, «para garantizar el funcionamiento de las cocinas».

Samaniego señaló que la inversión, en cuanto a redes de distribución, suma $ 455 millones desde 2014 hasta 2016. Explicó que hasta el momento $220 millones están en proceso de ejecución, sobretodo en cuanto a los proyectos de distribución para mejoramiento de redes e instalación de medidores. Adelantó que en los próximos años se invertirá la diferencia.

fuente Diario El Telegrafo

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, en entrevista con EL TELÉGRAFO, aclaró que el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero no afecta, sino que garantiza que no haya comportamientos irresponsables que puedan dañar la economía del país y a la población. Rivera da detalles de la nueva ley.

¿Qué tiene de revolucionario el Código Monetario?
Es poner a la gente por encima del capital, estableciendo normas que regulan el funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, organizando la normativa bancaria, monetaria y financiera, para dejar todo en un solo cuerpo legal que permita recuperar instrumentos de política pública y desarrollar nuevos instrumentos.

¿Qué se hará con esos nuevos instrumentos?
Estos permitirán hacer más atractivo el crédito y más interesante algunos segmentos del sistema financiero, se hará que ganen menos en otros segmentos. Cambiaremos la rentabilidad del sistema financiero en cierto tipo de créditos para apuntalar la producción.

¿Para qué se necesita reorientar el crédito?
Necesitamos tener una estructura de crédito distinta, que le permita acceder al aparato productivo en unas condiciones de plazos, tasas y montos para generar empresas. También es deseable desalentar otros tipos de crédito que destruyen capacidades y oportunidades.

¿Para esto está la Junta Política Monetaria y Financiera?
El organismo garantizará un manejo más armónico, más articulado de lo que es la política económica y financiera.

¿En las atribuciones de la Junta están reunidas las de los 4 organismos a los que reemplaza?
En una muy buena medida, pero se recupera parte de las facultades que tenían hace 25 años y que dentro de la novelería neoliberal de la década del 90 se perdieron.

¿Cuáles son esas facultades que se quieren recuperar?
El hecho de poder regular más fuerte el crédito. Evitar que en los entes de control haya conflicto de intereses.

¿Qué significa identificar de mejor manera las instituciones del sistema financiero?
Antes los dueños de los bancos decían que tenían licencia para ser banqueros e iniciaban sus operaciones. Ahora si la entidad quiere dar microfinanzas tiene que saber dar este servicio, sí quiere dar créditos corporativos tiene que saber hacerlo. Con el código deberán demostrar que saben hacer lo uno y lo otro. Solo se autorizará a los bancos los segmentos que estén capacitados y garantizar el dinero de los depositantes.

¿Todas las instituciones del sistema financiero serán evaluadas para darles la licencia?
Sí, entrarán todas las entidades, para lo cual tendrán un período de 2 años para volver a presentar la información para que sigan funcionando en el sistema.

¿Cuánto será el capital que se requerirá para poner un banco?
Antes era $ 2,6 millones, ahora será más de $ 11 millones, lo que implica que quien quiera poner un banco debe tener un capital que garantice solvencia.

¿Cómo está el tema de las sanciones a las instituciones que no acaten el código?
En este tema también hay un cambio, ya que varía significativamente dependiendo del tamaño de la entidad. Antes la multa máxima era de $ 7.887 y se la establecía tanto al banco pequeño como al grande. Ahora no, la infracción de un banco pequeño es de menos impacto que una de las 4 entidades más grandes del país que manejan el 70% del crédito. Para esos bancos el tipo de pena será más grande.

¿El código mantiene que los accionistas con más del 6% deben responder en caso de que un banco tenga problemas?
En el código se deja en claro que no es lo mismo el 6% del banco más grande, que el 6% del más pequeño. Es por eso que se puso el 6% o $ 6’600.000. Además, se pusieron procedimientos más expeditos que quien sea accionista de un banco o gerente y a la entidad le va mal, los primeros que responderán son el accionista y el gerente, son corresponsables solidarios y responderán con su patrimonio.

Hay mecanismos por los que los accionistas o los gerentes no responden, ¿se ha tomado en cuenta esto?
Claro, sabemos que hay trampas, ponían un fideicomiso y como el que responde es este no había problema. Se ha desarrollado una legislación aun cuando lo hagan por medio de un tercero, que sea una persona jurídica, igual respondan.

¿Qué más se está haciendo?
También establecemos que el congelamiento de depósitos es considerado como peculado, es imprescriptible.

¿Por eso se pone el seguro de depósitos?
Estamos garantizando que todos  entren al seguro de depósitos. Ahora no todos están. La regla es muy sencilla, si alguien trabaja en el sistema tiene que garantizar a la gente un mínimo de seguridad, el seguro de depósitos.

¿Cómo funciona el seguro de depósitos?
Es sencillo, el seguro de depósitos será establecido en $ 32.000 para bancos y cooperativas grandes, entonces quien tenga depositados $ 40.000 con el seguro se devolverán $ 32.000, si tenía $ 25.000 se le restituirán los $ 25.000.

¿Para las cooperativas pequeñas el seguro es $ 11.000?
Sí, y las que en este momento no tienen los $ 11.000 la ley va a garantizar $ 1.000, que es al 95% de los depositantes. Sin embargo, las cooperativas que entregan información subirán su cobertura hasta llegar a los $ 11.000.

¿El sector cooperativo reclama que se lo haya dividido en dos segmentos?
Para evitar una cosa que en economía se llama riesgo moral. El seguro de depósitos es de $ 32.000 en una entidad que tiene depositantes con un promedio de $ 25.000, con depósitos que van desde $ 1 hasta $ 100 millones es una cifra razonable. Pero cuando la entidad es pequeña y la cifra es de $ 32.000 se cubre el 99,999%, con lo que quedarían 1, 2 o 3 bajo el seguro de depósitos, lo que es absurdo.

¿La norma busca que el país deje la dolarización?
No. Sabemos que la salida de un esquema de dolarización es algo difícil. El Gobierno lo reconoce, está claro, el propio código dice de manera precisa que todas las transacciones serán en dólares. El Presidente ha sido enfático en que la banca es uno de los sectores que más crece y que se debe corregir.

¿Qué hace precisamente el código?
Dos cosas, garantizar que la banca tenga incentivos para hacer lo que le conviene al país y eso se logra con regulación. No es malo que un banco gane, lo malo es que gane mucho, de una manera distorsionadora con respecto a los otros sectores y que lo haga haciendo cosas que no le convienen a Ecuador. Si tiene una rentabilidad razonable y que gane haciendo lo que le conviene al país, perfecto, de esto se trata todo, de  encausar la economía hacia lo que es mejor para el país.

¿Cuáles serían esos incentivos para la banca?
La política regulatoria que se abrirá con el código permitirá, por ejemplo, establecer qué banco que capta a la vista va a tener unos costos, unas provisiones o unos requisitos que van a ser más altos, que la entidad que capta a largo plazo.

¿El código establece cuánto tiene que prestar?
El negocio bancario es decir esta persona tiene un buen proyecto, bajo riesgo le presto, no paga nunca no le presto, ese es el negocio del banco y no nos vamos a meter en esa parte. Lo que sí vamos a hacer es decirle en este segmento queremos que entre, en este no queremos que entre, pero dentro del segmento el banco decidirá este vale o no vale.

¿Qué pasa con la banca pública?
Varias cosas, en general estas instituciones tenían una ley a la medida de la entidad y cada vez que queríamos cambiar algo debíamos reformar la norma, que es un absurdo. Lo que estamos haciendo es que el presidente de la República, Rafael Correa, pueda crear, transformar o eliminar las entidades del sistema financiero público, lo que permite dar mayor maniobravilidad al Ejecutivo para transformar estas instituciones bancarias cuando sea necesario y permitirles que avancen. En esta facultad se exceptúa al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), pero la institución también será controlada.

El Presidente mediante decreto dispondrá la creación de bancos, ¿es solo para la banca pública?
Sí, es solo para la banca pública, siguiendo un procedimiento que será controlado por el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines.

fuente Diario El Telegrafo