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El Biess ofrece los créditos hipotecarios en Guayaquil
Con la apertura de la nueva oficina del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) en Guayaquil, se busca destinar más créditos a los afiliados de la Región. “Aspiramos atender en promedio 500 clientes diarios y ofrecer los préstamos hipotecarios a los que más lo necesiten. También buscamos que los promotores de vivienda ofrezca casa entre USD 25 000 y 35 000”. Según los datos del IESS existen 550 000 afiliados en Guayas cuando debería haber 850 000 usuarios. Es decir, existen 300 000 potenciales clientes del Biess. Michel Doumet, gerente del Biess en Guayaquil, dijo que con la reapertura del Banco del Afiliado se incrementarán los créditos del 25% al 35% en la regional. “La intención es que la distribución de los créditos que entrega el Seguro esté equilibrada entre la Costa y la Sierra. Se ofrecerán los préstamos con tasas de interés del 7% hasta el 9,5%. El Biess abrió sus operaciones en Quito en octubre del 2010 y hasta ahora ha colocado USD 226,8 millones en hipotecarios y USD 253,6 millones en quirografarios. Para Omar Serrano, representante de los afiliados en el Biess, dijo en un comunicado de prensa que el aporte de la entidad será clave para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Los migrantes y afiliados voluntarios también tendrán acceso a los servicios. Además el Biess destinará USD 1 600 millones para financiar proyectos de los sectores productivos.
El litigio entre la Cervecería y los ex empleados regresa a Guayaquil
El litigio judicial que mantiene la Cervecería Nacional con 1 200 ex trabajadores retornará a las cortes de Guayaquil para su resolución. Pese a que la Corte Constitucional tiene previsto dar a conocer hoy las directrices de a qué lugar se destinará el caso, se conoce que el expediente regresará a la Tercera Sala de la Corte de Guayaquil, para que revise el caso. Así, Roberto Guevara, Camil Intriago y Carlos Hoyos revisarán el proceso y tomarán una decisión. Aunque la maraña legal se aclara, los jueces han sentado antecedentes jurídicos delicados. Al haber emitido el fallo favorable, y luego haber dado marcha atrás, la credibilidad de la Corte Constitucional se resquebraja, según el constitucionalista Milton Castillo. “Desde el punto de vista jurídico, esa decisión ha impactado gravemente la institucionalidad. Si en el futuro vuelve a llegar a la Corte un tema similar, la Corte ya no podrá fallar contra los trabajadores, tengan o no tengan razón. Y eso preocupa, la desinstitucionalidad profunda de la Corte”.
Los ex trabajadores reclaman el pago de USD 90,9 millones por utilidades, un proceso que ya dura tres años y que ha tenido su punto más escandaloso con la denuncia del asambleísta Galo Lara realizada a inicios de este mes.