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Con la decisión del contralor General del Estado, Carlos Pólit, de disponer que un equipo de esa entidad ingrese  a la Corte Constitucional (CC) para abrir investigaciones  en contra de sus funcionarios, el caso de la Cervecería Nacional (CN) dio un giro. La presencia de la Contraloría en el caso de la CN se da luego de  la denuncia del asambleísta Galo Lara sobre  una presunta venta de fallos en la Corte Constitucional  a favor de la Cervecería. Lara solicitó la semana pasada  a la Fiscalía investigar la supuesta vinculación entre el pago de USD 500 000 a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Jijón, y el fallo a favor de esta entidad sobre un conflicto laboral de la  Cervecería Nacional. Mientras tanto, CN negó cualquier pago a favor de un fallo. Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CN, calificó de “construcción atrevida” la solicitud de Lara. Explicó  que Alfredo Larrea no tiene vinculación con el caso. “Él es parte de uno de los bufetes de abogados que contratamos para darnos servicios en distintas áreas”.